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Grecia

El gobierno de Mitsotákis aúna la ampliación de las contrarreformas neoliberales con un ataque directo a los derechos democráticos

Fuentes: A l’encontre

Desde la crisis económica de 2008-2009, probablemente ninguna otra ciudad de Europa haya conocido tantas manifestaciones y agresiones policiales como Atenas. El pueblo griego, la izquierda en todas sus vertientes y los movimientos sociales han luchado duro. Rodearon el parlamento. Defendieron sus casas contra los bancos que intentaban expropiarlas con el pretexto del pago tardío de los intereses hipotecarios. Manifestaron contra las violaciones de la legislación laboral y del derecho de huelga. Se movilizaron contra los memorandos de la troika (FMI, BCE y Comisión Europea) y la política de los acreedores que convirtió a Grecia en una especie de protectorado. Lucharon contra la privatización de los recursos: de la tierra al agua y a la electricidad. Proclamaron un OXI (NO) en el referéndum de julio de 2015, aunque ese NO haya sido convertido luego en un SÍ, durante el gobierno de Alexis Tsipras. Huelgas, manifestaciones, protestas, celebraciones, ocupaciones: las calles de Atenas y de otras ciudades, de una u otra manera, han sido muy «indisciplinadas» en los últimos 12 años, especialmente durante el período comprendido entre la revuelta juvenil de 2008 y el referéndum de julio de 2015.

Recordemos que entre 2012 y 2014, el país vivió 40 días de movilizaciones y de huelgas llamadas «generales». Aunque los golpes asestados al pueblo griego hayan sido muy duros desde la llegada al gobierno de Kyriákos Mitsotákis, el 9 de julio de 2019, al frente del partido conservador Nueva Democracia, era obvio que, poco a poco, las manifestaciones y las acciones de resistencia se incrementarían.

Ante las serias consecuencias socioeconómicas de la pandemia de Covid-19, las primeras manifestaciones de «indignación social» – a pesar de todas las dificultades inherentes al peso del desempleo y la precariedad en la vida cotidiana y las políticas represivas (a finales de mayo de 2020, los trabajadores del sector turístico, paralizado por el confinamiento, fueron fuertemente reprimidos por la policía durante una manifestación) – aparecieron como elementos necesarios para una futura nueva fase de luchas sociales y políticas.

La respuesta del poder a este entorno inestable consiste en la casi prohibición de las manifestaciones. El gobierno de derecha y su ministro Michalis Chrisoxoidis (que fue miembro del PASOK) propusieron una ley que limita considerablemente el derecho a manifestar. El Parlamento griego aprobó el proyecto de ley el jueves 9 de julio de 2020, con el apoyo de 187 diputados (Nueva Democracia, KINAL (ex-Pasok) y la ultraderecha), mientras que 101 votaron en contra (Syriza, KKE –Partido comunista griego, MERA25-Varoufakis). Si bien Syriza expresó su oposición parlamentaria, en los últimos días, la dirección de Syriza no quiso comprometerse a organizar una respuesta por parte de sectores de la sociedad. El peso de la respuesta a esta expresión renovada de una política autoritaria recae en su mayor parte sobre los hombros del sector sindical y de la izquierda radical, aunque éstos no tengan acceso a los medios de comunicación.

La ley permite que las autoridades puedan limitar y determinar el recorrido de las manifestaciones. Una de las piedras angulares de esta contrarreforma consiste en la potestad de prohibir las manifestaciones que, según la definición de las autoridades, pueden obstaculizar el tráfico o limitar la actividad comercial en las ciudades. La ley prevé una nueva figura socio-jurídica, la del «organizador» de la manifestación. El «organizador» estará obligado a colaborar con la policía para garantizar el carácter pacífico de la manifestación y en definitiva, será responsable de los daños que se produzcan. Además, cualquier manifestación que no sea previamente aprobada será considerada un delito y como tal, se tomarán medidas contra los organizadores designados por la policía. La ley también prevé penas de cárcel para los organizadores de manifestaciones en caso de «disturbios», incluso si éstos son protagonizados por grupos no vinculados con la manifestación.

Mientras el jueves 9 de julio, el Parlamento votaba la «ley de la dictadura», como la llamaron los manifestantes en las calles de Atenas, la policía dispersaba con gases lacrimógenos a los que protestaban contra la nueva ley. Policías en motocicletas, golpearon a los manifestantes y hubo muchas personas arrestadas. 

Las protestas del 7 al 9 de julio se extendieron a varias calles de la capital y también hubo manifestaciones en otras 40 ciudades griegas. Se estima que más de 10.000 manifestantes pacíficos marcharon en el centro de Atenas. Las movilizaciones contra la ley fueron convocadas por los sindicatos, el Comité para la Libertad de Manifestación (integrado por las fuerzas de la izquierda radical, excepto el Partido Comunista), el Partido Comunista (KKE), otros partidos de la oposición y asociaciones de estudiantes. El Comité para la Libertad de Manifestación es el principal organizador de estas protestas y desde hace varios días, viene pidiendo nuevas medidas para defender a los manifestantes detenidos.

La lucha por la defensa de nuestros derechos democráticos será larga. Nuestro objetivo es la anulación de la aplicación de esta ley y deberemos volver una y otra vez a manifestar. En realidad, el gobierno recurre cada vez más a métodos dictatoriales, aunque intente mostrarse como más liberal. El régimen teme que la sociedad – o sectores de ella – exprese bajo formas diversas el rechazo a las consecuencias de las decisiones inspiradas en el proceso de contrarrevolución neoliberal. El gobierno ataca el apego popular a los derechos democráticos. Dice que si los trabajadores de los hospitales -que irónicamente aplaudieron al gobierno a finales de junio y que luego tuvieron que enfrentarse a la policía- quieren hacer una huelga, tienen que pedir permiso al gobierno para hacerlo. Dice que si millones de personas toman las calles para manifestar en contra de los recortes presupuestarios, como lo hicieron del 2012 al 2014, deben nombrar oficialmente «un organizador responsable». Proclama que si nosotras, las feministas, queremos organizar una manifestación ante los tribunales para defender la memoria de nuestras hermanas asesinadas, como en el caso de Eleni Topaloudi (violada, torturada y asesinada en noviembre de 2018 en la isla de Rodas), debemos pedir permiso. Nos dice que si la gente de Volos quiere defender el agua de su tierra contra la privatización – entre otras cosas, como lo hizo el 13 de junio, a pesar de la represión policial que dejó un muerto al día siguiente – deben pedir permiso para manifestar.

En los próximos meses, la tarea crucial es la de ampliar la coalición que defiende los derechos democráticos en un sentido extenso, la libertad y la «desmovilización» de una fuerza policial que vuelve a su tradición represiva.

* Katerina Sergidou, militante de DEA, miembro de la Asamblea 8M de Atenas e investigadora en antropología social en la Universidad Panteion.

Traducción de Ruben Navarro – Correspondencia de Prensa

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