En medio de un ambiente de expectativas y falsas esperanzas promovidas por los medios de comunicación, el presidente electo, Laurentino Nito Cortizo, ha tomado sus primeras decisiones y hecho sus primeras declaraciones que dejan entrever el carácter marcadamente de derecha neoliberal y proempresarial de su futuro gobierno. La designación de la mitad de su gabinete […]
En medio de un ambiente de expectativas y falsas esperanzas promovidas por los medios de comunicación, el presidente electo, Laurentino Nito Cortizo, ha tomado sus primeras decisiones y hecho sus primeras declaraciones que dejan entrever el carácter marcadamente de derecha neoliberal y proempresarial de su futuro gobierno. La designación de la mitad de su gabinete ministerial, el más importante relacionado con seguridad, economía y relaciones exteriores confirma claramente por donde va a discurrir su gobierno.
¿Quiénes son los ministros de Nito?
La designación más cuestionada ha sido la de Rolando Mirones en el ministerio de Seguridad. Mirones fue jefe de la Policía Nacional durante el gobierno de Martín Torrijos, entre 2005 y 2008, y como tal fue responsable de la dura represión al movimiento sindical y el asesinato por la espalda, en una instalación hospitalaria, por la policía, del dirigente del Suntracs Al Iromi Smith. Previamente fue viceministro de Economía (2004-2005) durante las cuestionadas reformas a la Caja de Seguro Social. En declaraciones a los medios ya ha hablado de «mano dura» dejando entrever que no solo se refiere a la delincuencia.
Héctor Alexander, futuro ministro de Economía, es un «Chicago boy» de la escuela más neoliberal de Panamá, el equipo de Nicolás Ardito Barleta, desde 1976. Fue ministro de Economía con el gobierno fraudulento de Barleta y durante las reformas antiobreras del Código de Trabajo bajo el gobierno de Eric Delvalle (1985-88), bajo la tutela del general Manuel A. Noriega. Con ese bagaje, repitió de ministro de Economía con el gobierno de Martín Torrijos.
Alejandro Ferrer, designado por Nito en Relaciones Exteriores, viene del bufete Alemán, Cordero y Lee, cuyos fundadores son Jaime Alemán, hermano del que fue ministro con Varela, Álvaro Alemán, y por Jorge Federico Lee, ex ministro de Trabajo entre 1985-86, es decir, otro funcionario de Barleta y del general Noriega. Ferrer fu ministro de Comercio e Industrias con el gobierno de Martín Torrijos (2004-08). Estuvo como funcionario de la embajada panameña en Washington, representante de Panamá en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y luego viceministro de Pérez Balladares.
Los ministros, Rafael Sabonge, de Obras Públicas, y José A. Rojas Pardini, consejero de «inversión privada», son ambos socios del grupo inmobiliario URBE, y representantes de los intereses de la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC). El ministro de Comercio e Industrias, Ramón Martínez, viene de la directiva de Credicorp Bank, relacionado con los Harari y Btesh.
José G. Carrizo, vicepresidente y ministro de la Presidencia, ya se sabe que fue abogado de Minera Petaquilla, empresa acusada de destruir el ambiente y apropiarse de las prestaciones de los trabajadores. Doris Zapata, ministra de Trabajo, la única mujer hasta ahora (pese a que Nito había hablado de «paridad de género»), es vicepresidenta del PRD y la única que procede del aparato político de ese partido. Fue ministra del MIDES con Martín Torrijos. Bernardo Meneses, director del IFARHU, tiene en su curriculum haber sido becario del Departamento de Estado de Estados Unidos.
Ojo con las reformas constitucionales, exigimos Asamblea Constituyente
Pasadas las elecciones del 5 de mayo, un sector empresarial vinculado a la Cámara de Comercio presionaba para una reforma constitucional express, cuyo contenido el pueblo desconoce, aprobada por la Asamblea Nacional saliente y la entrante, a lo que Cortizo parecía dispuesto. Si este proyecto se detuvo lo fue porque el presidente saliente le exige al PRD primero aprobar los últimos nombramientos que propuso, y no han pasado el consenso de la Asamblea en la Corte Suprema de Justicia y la Autoridad del Canal.
Ahora Cortizo se inclina por el método de reforma de dos períodos de la nueva Asamblea y un referéndum, a partir del texto desconocido de la llamada Concertación Nacional, organismo designado de a dedo por Varela, presidido por el oligarca Enrique de Obarrio, y que no tiene en sus funciones capacidad de reformar la Constitución Política.
El movimiento popular panameño debe cerrar filas exigiendo la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente electa por el pueblo, como se hizo en 1945, y que produjo la Constitución de 1946.
Las jubilaciones y la «caja» bajo amenazas
La Cámara de Comercio, en su documento Agenda País 2019-2024, le exige a Cortizo dividir al Caja de Seguro Social en dos entidades, una de salud y otra que maneje las jubilaciones, sin volver al sistema solidario que durante décadas hizo exitosa la institución. El movimiento sindical, a partir de sus representantes en la Junta Directiva, debe convocar de urgencia a empezar a construir la unidad en defensa de la CSS y las jubilaciones. De lo contrario, se repetirán los errores de 2005, cuando en la «mesa de diálogo» se terminó avalando la «ley de la muerte».
Es urgente un Frente Popular unitario
El movimiento sindical y popular panameño tiene mucha experiencia acumulada en estos años de régimen seudo democrático, salido de la Invasión de 1989, para pecar ahora de inocentes y dar períodos de gracia y «luna de miel» al próximo gobierno, dizque a «a ver qué hace». La esencia empresarial, derechista y neoliberal del gabinete ministerial no deja lugar a dudas de que será otro gobierno antipopular.
El Polo Ciudadano reitera su llamado a la constitución de un Frente Popular unitario para enfrentar con la movilización las medidas que vienen y ser la base para la construcción de un proyecto político alternativo hacia el futuro inmediato, en el que la experiencia del Frente Amplio por la Democracia (FAD) aportará mucho, al margen de si se logra o no el reconocimiento legal de dicho partido.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de los autores mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.