El Gobierno favorece la inmigración legal

Manifestación por el permiso de residencia de los inmigrantes. Lisboa, mayo de 2017. RUI ORNELAS

Ya se ha cumplido un mes desde la puesta en marcha en Portugal del Proyecto de ley nº 928/XIII, que establece un visado de residencia temporal a aquellos extranjeros que hayan contribuido en régimen laboral a la Seguridad Social durante al menos un año, pero que aun así se encuentren en situación ilegal. Portugal se ha embarcado, con esta iniciativa, en un viaje en dirección contraria al que han escogido el resto de los gobiernos europeos y, no digamos ya, estadounidense: favorecer la inmigración legal para combatir la despoblación y el sostenimiento de las pensiones.

Con este decreto ley, el Gobierno calcula que desbloqueará la regularización de unos 30.000 inmigrantes en situación irregular. Aludiendo a «razones humanitarias», el Ministerio de Administración Interna envió una carta a diferentes asociaciones de apoyo a inmigrantes asegurando que, «aún no pudiendo acreditar una prueba de entrada a Portugal, podrá, cuando demostrada su inserción en la sociedad portuguesa, ser concedida la residencia».

Ésta era una demanda que las asociaciones de inmigrantes de todo el país llevaban tiempo reclamando. Decenas de miles de inmigrantes trabajando con contratos laborales durante años, sobre todo en el sector de la agricultura, pero que se les negaba constantemente los permisos de residencia desde el Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), conocida también como la «policía de los inmigrantes». De hecho, por un despacho emitido en 2016 por la entonces directora del SEF, Luísa Maia Gonçalves (hoy dimitida), Portugal había quedado fuera del espacio Schengen para los inmigrantes. Es decir, aunque un inmigrante recibiera un visado de trabajo para Alemania, España o Francia, esto no le permitía la entrada legal en Portugal, como establece el Acuerdo de Schengen. Con esta medida, el 95% de los inmigrantes que hasta marzo de 2016 estaban esperando su legalización, se encontraron con que ya no iba a ser posible.

El decreto del gobierno de António Costa ha sido un logro largamente esperado, aunque algunos sectores se muestran, como mínimo, cautelosos. Desde la asociación Solidariedade Imigrante, las intenciones del grupo parlamentario socialista han sido acogidas con recelo. Timóteo Macedo, presidente de la asociación, asegura a CTXT que «es positivo que los partidos hayan reaccionado en la Assembleia da República, que hayan avanzado con iniciativas, pero ahora queremos ver cómo van a ser aplicadas en la práctica, porque no podemos esperar toda la vida».

Yasir Anwer, un inmigrante paquistaní que lleva 8 años trabajando en Portugal, como cocinero en un restaurante en Bairro Alto, se queja de que, a pesar de las promesas, las cosas siguen igual que antes: «El día 14 de mayo fuimos a manifestarnos frente al Parlamento, y después de esto el Gobierno dio su respuesta, la de legalizar a estas 30.000 personas, pero hasta hoy no hemos tenido respuesta de si nos van a legalizar con visado o sin visado, nadie ha entendido nada».

En 2016, Yasir iba a recibir los documentos de legalización que llevaba esperando tantos años. Tenía cita para el 24 de marzo, pero fue el 21 de marzo cuando el SEF emitió el despacho cambiando los requisitos de entrada legal en el país. Por 3 días sus sueños de vivir legalmente en Portugal se esfumaron sin una razón explicable. Su padre vive, enfermo, sus últimos días en Paquistán, pero para Yasir un viaje a su país significaría no poder volver a entrar en Europa, a no ser poniéndose en las manos de las mafias de tratas de seres humanos. Según nos cuenta, estas mafias se arremolinan en los alrededores de las embajadas de los países europeos para ofrecer visados a los inmigrantes desesperados, que llegan a pagar auténticas fortunas. Portugal se ha convertido en una cárcel para él.

Y el propio Yasir nos confirma que no es el único desesperado por cambiar su situación: «Ahora tenemos un grupo de Whatsapp, llamado 123 (en referencia al artículo 123 de la legislación portuguesa, que establece los parámetros para la legalización, de forma excepcional, de inmigrantes sin papeles), al que ya se han unido unas 300 personas. Todos quieren volver a manifestarse, porque estas personas llevan muchos años trabajando aquí en Portugal, algunos llevan 8 años, otros 6 años trabajando, es mucho tiempo para estar sin documentación. Trabajamos con contrato, pagamos muchos impuestos, esto no es justicia».

La cosa es más complicada de lo que parece. Según nos cuenta Timóteo Macedo desde la sede de Solidariedade Imigrante (que Macedo define como una asociación, no de solidaridad, sino de defensa de los derechos de los inmigrantes), «el Partido Socialista no hizo aprobar una alteración a la ley en la Assembleia da República (Parlamento), sino una resolución que dice que el Gobierno debe legalizar a los inmigrantes que llevan trabajando y cotizando más de un año, pero por razones humanitarias. Tiene un discurso un tanto paternalista. Nosotros creemos que es una cuestión de justicia».

Lo que realmente piden las asociaciones de inmigrantes es un sistema legal coherente que contemple la legalización de las personas que contribuyan, como el resto de los ciudadanos, al sistema de la Seguridad Social. Y, en efecto, el decreto ley que aprobó el Gobierno sólo recoge una serie de medidas que el SEF, posteriormente, podrá interpretar a su antojo.

«El Estado debe mucho a estos inmigrantes, que están creando las condiciones para la sostenibilidad del sistema de Seguridad Social con 342 millones de euros de contribuciones al año», afirma Macedo. «Están también colmatando la necesidad de mano de obra de este país en algunos sectores de actividad. Sabemos que muchas empresas en la agricultura cerrarían sus puertas si no fuese por la mano de obra inmigrante. Hoy, en los campos del Alentejo posiblemente ya se canta el canto alentejano con otro acento, el acento de los inmigrantes, porque hay pocos portugueses trabajando en la agricultura».

El tema de las «cuestiones humanitarias» no es superfluo. Además del decreto aprobado por el Partido Socialista, existen dos propuestas elevadas al Parlamento portugués por los grupos del PCP (Partido Comunista Portugués) y el BE (Bloco de Esquerda). Ambas propuestas proponen la modificación del artículo 88 de la ley de inmigración, que establece los requisitos para «autorización de residencia para ejercicio de actividad profesional». Según las propuestas de PCP y BE, la modificación del artículo 88 crearía un sistema estable y permanente, no sólo para los inmigrantes en situación irregular que ya trabajan en Portugal, sino también para los que están por venir.

«Nosotros consideramos que se debe priorizar el artículo 88», asegura Macedo, «porque es un proceso administrativo y objetivo, y el SEF no tiene poder discriminatorio sobre él. En cuanto al artículo 123, que alega cuestiones humanitarias, y que es el que está esgrimiendo el Partido Socialista, es un artículo excepcional y oficioso, con el que las autoridades pueden encontrar mil y una disculpas para no legalizar».

La cuestión de la inmigración, independientemente del revuelo populista creado últimamente por políticos como Donald Trump o Matteo Salvini, ha tomado especial relevancia en Portugal desde que, en junio, la Fundação Francisco Manuel dos Santos publicara un estudio sobre la población portuguesa con conclusiones demoledoras. Según el estudio, hasta 2060 el país podrá perder el 40% de la población activa. El estudio llega a hablar de que Portugal se convertirá en un «desierto de personas», al ver su población reducida de los 10,4 millones actuales, a los 7,8 millones que estima la fundación tendrá el país en 2060.

La buena noticia es que, por lo menos en teoría, el Gobierno parece haber tomado nota del informe de la fundación, y ha admitido recientemente que el país necesitará de la entrada de unos 75.000 inmigrantes al año. A diferencia de otros partidos conservadores, como el Partido Socialdemócrata, que apuesta por invertir en políticas a favor de la natalidad, como ayudas de 10.000 euros por hijo o guarderías gratis a partir de los 6 meses de edad.

Esta es una carrera contrarreloj para mejorar unos índices de sostenibilidad de las pensiones ya de por sí bastante tocados. La situación se agrava porque parte de la población joven del país tuvo que salir exiliada tras las crisis a buscarse el parné a países con mejores condiciones de vida. Y porque no es probable que este flujo se invierta, dadas las precarias condiciones laborales que, sumadas a la descabellada subida de los precios en el mercado inmobiliario, hacen de Portugal un lugar poco apetecible para comenzar una vida próspera.

Pero, a olvido de las políticas de natalidad en vistas a salar el futuro del país, las asociaciones de inmigrantes tienen claro que la prioridad son los inmigrantes que ya están aquí. «Quieren agilizar y facilitar la entrada de inmigrantes legalmente en el país», reclama Macedo, «pero existen los que está ya aquí, y ésta es nuestra gran preocupación. La primera prioridad de este Gobierno tendría que ser legalizar a los que ya están aquí hace 3, 4 u 8 años, que están desesperados y en una situación dramática».

Para Solidariedade Imigrante y el resto de asociaciones, el trabajo de campo no parece haber llegado a su fin. «Esperemos que septiembre sea el mes para que el Gobierno defina cómo van a aplicarse (las reformas) y que comiencen a hacerlo. Si en septiembre el Gobierno no ha hecho nada, o no ha dicho nada sobre cómo van a legalizar a esos 30.000 inmigrantes, naturalmente que en octubre volveremos a salir a la calle. Los inmigrantes son los protagonistas de su propia lucha. Aquí las víctimas son los principales interesados, si ellos no dan la cara, no conseguirán nada».

Fuente: http://ctxt.es/es/20180815/Politica/21211/Daniel-Toledo-ley-legalizacion-inmigracion-Portugal.htm