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El gobierno griego combatirá evasión fiscal del gran capital pero no revertirá privatizaciones ya completadas

Fuentes: Agencias

La Comisión Europea (CE) considera «suficientemente completa» la lista de reformas que el ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, remitió esta semana a Bruselas para convencer a sus socios europeos y recibir la asistencia financiera pendiente. «En opinión de la Comisión, la lista es suficientemente completa para ser un punto de partida válido para una […]

La Comisión Europea (CE) considera «suficientemente completa» la lista de reformas que el ministro griego de Finanzas, Yanis Varoufakis, remitió esta semana a Bruselas para convencer a sus socios europeos y recibir la asistencia financiera pendiente.

«En opinión de la Comisión, la lista es suficientemente completa para ser un punto de partida válido para una conclusión satisfactoria de la revisión, como pidió el Eurogrupo en su último encuentro», señalaron fuentes de la CE.

El Ejecutivo comunitario asegura estar «especialmente alentado por el fuerte compromiso de luchar contra la evasión fiscal y la corrupción», según añaden las mismas fuentes.

Este primer listado de reformas tendrá que ser especificado y acordado antes de finales de abril, de acuerdo con la declaración del Eurogrupo de la semana pasada.

¿Qué propone Atenas?

Se compromete a modernizar el sistema fiscal y la administración pública, a reformar la seguridad social, a luchar contra la corrupción y a no revertir ninguna privatización que ya se haya materializado.

Incluye básicamente los proyectos que el primer ministro, Alexis Tsipras, anunció en su programa de Gobierno, si bien, en contra de lo que se adelantó, da poco espacio a la lucha contra la crisis humana.

Políticas fiscales

– Recaudación del impuesto sobre el valor añadido, que en los últimos años ha fracasado por distintos motivos y pese a las numerosas reformas.

– Ampliar los supuestos de fraude fiscal, así como el refuerzo, tanto en recursos humanos como en equipamiento, de los organismos encargados de perseguir la evasión.

– Mayor control y contención de gasto en todas las áreas de la administración pública, así como la mejora de su eficiencia, por ejemplo en educación, defensa, transporte, gobiernos locales o prestaciones sociales.

– El control de gasto se aplicará también a la sanidad pública, pero manteniendo el principio del acceso universal a la salud. Para ello se recurrirá al asesoramiento de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

– Se buscará «consolidar» los fondos de pensiones, con el objetivo de lograr que haya ahorro, con incentivos para declarar el trabajo efectivo y luchar así contra el fraude a la Seguridad Social.

– Lucha contra el contrabando de tabaco y gasolina, la reducción del número de ministerios, de los asesores ministeriales y de las extras de ministros y diputados.

Estabilidad financiera

– Cambiar la legislación para lograr una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos y en las deudas con la Seguridad Social. Esto permitirá discernir entre las personas y empresas que optan por el incumplimiento estratégico de los pagos y las que verdaderamente no pueden hacer frente a sus deudas, dice el texto firmado por el ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis.

– Protegerá a los hogares por debajo de un determinado umbral de ingresos para evitar los desahucios de primeras viviendas, mientras asegura que perseguirá a los «morosos estratégicos». «Se tomarán medidas para apoyar a las familias más vulnerables, que son incapaces de pagar sus hipotecas», añade.

Privatizaciones

– El Gobierno se compromete a no dar marcha atrás en las que están ya completadas, pero revisará y detendrá las que estén por iniciar al considerar que el Estado podría obtener beneficios a largo plazo si unifica algunos de los activos.

– Recuperar los convenios colectivos y ampliar las posibilidades de ofrecer trabajos temporales a los desempleados de larga duración. También reitera su «ambición» de elevar el salario mínimo.

Para combatir la crisis humana el Ejecutivo ha presentado las líneas generales de un plan que proporcionará «acceso a la alimentación, la vivienda, los servicios sanitarios y el suministro de energía básico», como por ejemplo, los cupones para alimentos. El Gobierno recalca que este plan «no tiene ningún efecto fiscal negativo».