La oligarquía nacional desde la ejecución del Golpe de Estado del 28 de junio, ha buscado incansablemente la consolidación institucional del mismo al concentrar sus esfuerzos por concretar ciertos objetivos estratégicos que le permitan minimizar las amenazas internas y avanzar en la consolidación de su proyecto histórico de dominación en Honduras. Uno de los elementos […]
La oligarquía nacional desde la ejecución del Golpe de Estado del 28 de junio, ha buscado incansablemente la consolidación institucional del mismo al concentrar sus esfuerzos por concretar ciertos objetivos estratégicos que le permitan minimizar las amenazas internas y avanzar en la consolidación de su proyecto histórico de dominación en Honduras.
Uno de los elementos que explican la búsqueda de la consolidación institucional del Golpe de Estado, es el posicionamiento de una nueva política de seguridad del Estado (llamado Plan Nacional de Seguridad) a partir de los planteamientos básicos de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional. Reasignando en la práctica, el papel de garante del orden interno (status quo) a las Fuerzas Armadas, fundamental en la tarea de rediseñar, bajo una lógica «contra insurgente», una estrategia de Seguridad basada en la identificación/ creación de un enemigo/ objetivo interno: «terrorismo» social y, de un enemigo/ objetivo externo: el «chavismo-comunismo internacional intervencionista».
Para combatir el enemigo «interno» se han planteado varios mecanismos de respuesta «anti subversiva» que pasan por la detección, infiltración, criminalización y desarticulación de las organizaciones populares y sus líderes. La represión directa/ abierta y deliberada, ya sea masiva o selectiva, se plantea como mecanismo de respuesta inmediata y disuasiva, aplicable a ciertas coyunturas que permitirían frenar/ combatir el avance «subversivo» (social) a través del castigo y el terror y en donde las golpizas, las torturas, las violaciones, el amedrentamiento, las desapariciones y los asesinatos abominables, siguen siendo parte de la gama de opciones signados por el viejo manual del terror disuasivo de la Escuela de las Américas .
Es necesario apuntar que los responsables de la Seguridad Nacional en la Honduras post golpe, no sólo son los actores castrenses y policiales o las viejas estructuras de contrainsurgencia ligadas a la Fuerzas Armadas o a la policía secreta como antaño (G2, DNI, B-316, FEE) sino estructuras paramilitares con fines políticos, conformadas a partir de escuadrones de la muerte ya existentes, grupos de sicarios ligados al narcotráfico y a ciertos grupos de pandillas vinculados al crimen organizado. Dichas estructuras ya no responderían de forma jerárquica a las FFAA o la policía, sino que tendrían cierta autonomía, aunque con entrenamiento, información, directrices y fondos de sectores de la empresa privada, partidas secretas de las FFAA y de personal castrense ligado al narcotráfico, tal como han señalado algunos organismos de DDHH en Honduras.
Es importante agregar, en el marco del fortalecimiento de la estructuras represivas, que a pesar de la reducción del presupuesto actual en un 8,2%, los gastos en defensa y seguridad aumentaron más del doble con respecto al presupuesto del año anterior (2008), esto a pesar de la crisis económica interna, lo que evidencia el énfasis de la oligarquía nacional por contar, no sólo con aparatos represivos operativos, sino también con un Plan de Seguridad Nacional (pronto a ser aprobado por el Congreso) que cuente formalmente con los recursos necesarios para su aplicación en el marco del reposicionamiento de la vieja Doctrina de Seguridad Nacional.
Otro elemento que explica la búsqueda sostenida por consolidar institucionalmente los objetivos del Golpe de Estado, es el rápido aseguramiento de ciertas leyes (rechazadas por amplios sectores sociales) que garantizarían la apropiación/ privatización de los recursos naturales y de importantes territorios comunitarios a través de la aprobación de la conflictiva Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento, la Ley Especial Para el Desarrollo integral de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Honduras. En esta línea se encuentra también la nueva Ley de Hidrocarburos, que pone en peligro la conservación de vastas zonas protegidas, así como el derecho de posesión comunitaria de importantes territorios Indígenas y negros, al buscar otorgar enormes concesiones de explotación a empresas transnacionales en alianza con la oligarquía nacional. Si bien las leyes mencionadas no han sido aprobadas aún, la demora obedece más a la disputa/ lobby inter oligárquico para garantizarse ventajas ulteriores, que a razones de voluntad política (o presión social) para aprobar dichas leyes.
Así mismo y en el marco de nueva política de Seguridad Nacional, adscrita a la vieja Doctrina de Seguridad Nacional, en una carrera desesperada y después de una década y media de «engavetamiento» legislativo, se ha pretendido modificar la Ley del Servicio Militar Voluntario, con el objetivo de garantizar la obligatoriedad del mismo en tiempos de crisis (léase política). Así, de ser aprobada la nueva Ley (que en estos días se ha paralizado su discusión), quedaría supeditado al Poder Ejecutivo la apreciación de un «estado de crisis» nacional, y el llamado que obligaría a los jóvenes y a la reserva «activa» o «pasiva» a presentarse a los batallones para enfrentar al enemigo «Interno» ó «externo».
Por otro lado, un elemento que aparece como objetivo adicional en esta fase de consolidación institucional del Golpe de Estado, es la apropiación de los recursos económicos (presupuestales) nacionales en un año eminentemente electoral, así como la distribución y aprobación del Presupuesto Nacional del 2009 y de 2010. Hay que recordar que en un año electoral los recursos del Estado para la campaña proselitista, son estratégicos, en la medida que posibilitan la continuidad del proyecto de dominación y garantizan el triunfo de cualquiera de los dos partidos oligárquicos (Liberal o Nacional por más de 100 años) en el poder. Es por esta razón que una vez ejecutado el Golpe, se procedió a traspasar inmediatamente 600 millones de lempiras (más de 31 millones de dólares) para la realización de las elecciones de noviembre, además de asegurar transporte estatal y otros recursos fiscales (no presupuestados) para la campaña y movilización de funcionarios públicos y activistas a nivel nacional, además de la garantía de financiación de obras menores, con fines proselitistas.
Hay que adicionar a lo anterior, la aprobación de algunos proyectos millonarios como el otorgado a la compañía constructora del candidato liberal Elvin Santos (por más de30 millones de dólares), o a la constructora del diputado nacionalista Gámes Panchamé (por más de 11 millones de dólares) que no sólo obedecería a la vieja práctica oligárquica de repartición de los recursos del Estado, sino también respondería (en esta coyuntura) al aseguramiento de recursos pre-electorales y al pago o retribución por el apoyo incondicional a la consolidación de los objetivos del Golpe de Estado.
Cada uno de los elementos arriba mencionados, se veían seriamente amenazado por el gobierno de Mel Zelaya al negarse sostenidamente a sancionar leyes, aprobar presupuestos o apoyar las estructuras partidarias y al candidato de liberal en el marco del proceso electoral, lo que habría comprometido, según la lógica oligárquica, la continuidad del bipartidismo y en este sentido, el modelo político en el que descansa el proyecto de dominación oligárquico hondureño.
El Golpe de Estado como paso fundamental para la unificación de la oligarquía nacional
La oligarquía nacional, a partir del viraje político del gobierno de Mel Zelaya y la activa y consciente resistencia popular, se vio enfrentada a uno de los desafíos más significativos de los últimos 25 años: re-posesionarse como bloque dominante, imponiendo su proyecto de dominación, pero nuevamente desde la lógica de las armas y la represión.
El Golpe de Estado por lo tanto, no se constituye en un golpe directamente contra Mel Zelaya, sino contra todo aquello que, desde el mundo popular se venía gestando por más de una década, es decir, un sostenido crecimiento organizativo y político de los sectores más postergados de la sociedad hondureña en contra del proyecto de dominación oligárquico. Mel Zelaya en este sentido, representaba apenas el aditivo que legitimaba y alentaba las luchas sociales en el terreno político del poder dominante.
La trascendencia de la lucha puramente sectorial y coyuntural hacia una lucha por un cambio sociopolítico y económico nacional por parte de los sectores sociales, estratégicamente orientado a través de una Asamblea Nacional Constituyente de carácter Popular y democrático, permitió configurar una «peligrosa» alianza política (no declarada) entre importantes sectores populares y de la clase media, con sectores de la burguesía nacional (aliada a las reformas del gobierno de Zelaya) y el poder ejecutivo, que habría amenazado abiertamente el proyecto de dominación oligárquico aferrado brutalmente al modelo neoliberal y al viejo modelo político bipartidista.
El Golpe de Estado entonces, al tiempo que paraba el crecimiento político de los sectores populares, posibilitaba la reconfiguración del poder o bloque dominante. Así, las 10 familias económica más poderosas del país no sólo habrían ejecutado directamente el Golpe de Estado a través de los diversos poderes fácticos (Defensa y seguridad, Ministerio Público, Congreso y partidos, Corte Suprema de Justicia, jerarquías de Iglesias, medios de comunicación masivos, etc.) sino que además habrían posibilitado la re-configuración del bloque dominante, empujando/ arrastrando un amplio sector del empresariado nacional (pequeña, mediana y gran empresa) y de la clase media, a constituirse en soporte adicional del Golpe de Estado y del proyecto histórico de dominación, al tiempo que habrían logrado legitimar/ posesionar el liderazgo de quienes hoy detentan el poder económico-político real en Honduras.
De esta manera, la reconfiguración del bloque de poder, como conductor y protector del proyecto histórico de dominación, una vez ejecutado el Golpe de Estado, se habría concretado, incluso y a pesar, de un posible retorno de Mel Zelaya al Poder Ejecutivo.
Pero habría que apuntar, que a pesar de la reconfiguración del bloque hegemónico hondureño, los sectores oligárquicos estarían necesitando urgentemente, no sólo de engañosos elementos justificatorios (jurídico, religiosos, morales y políticos) de su actuación política (golpista/ fascista/ anti democrática) para presentarse incólumes y democráticos ante una escéptica sociedad hondureña sino que además, estarían apelando urgentemente a un replanteamiento/ reposesionamiento de un «discurso hegemónico»1 «patriótico» que buscaría persuadir a los diversos sectores sociales sobre la necesidad de apoyar ese sistema político, asaltado por la misma oligarquía, pero que en esta coyuntura histórica, se convierte paradójicamente, en la garantía de continuidad del proyecto de dominación del bloque hegemónico.
*Periodista independiente y analista político
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