El caso de las escuchas ilegales en Gran Bretaña ha destapado un entramado en el que los vínculos entre medios, políticos y policía han asegurado la violación de los derechos de los ciudadanos. El abuso de poder por parte de consorcios mediáticos, permitido por acción u omisión por líderes políticos sujetos a intereses partidistas, ha quedado al descubierto con una investigación que ahora amenaza la estabilidad del gobierno de coalición de Cameron.
Se incrementa el número de «bajas» causadas por el escándalo de las escuchas ilegales protagonizado por News International, la rama británica del imperio mediático de Rupert Murdoch en Gran Bretaña. A la dimisión de la directora ejecutiva de News International, Rebecca Brooks -ahora en libertad condicional tras su arresto el pasado domingo-, acompañan las del jefe de Scotland Yard, Paul Stephenson, y su segundo en la policía metropolitana John Yates, que abandonaron sus cargos el domingo y ayer, respectivamente. Y todo ello a tan sólo unas horas de la comparecencia ante una comisión parlamentaria del magnate Rupert Murdoch y su hijo, James Murdoch, responsable del imperio familiar en Europa y Asia.
Las ramificaciones de esta crisis de las escuchas ilegales son inmensas, ya que el entramado de conexiones entre periodistas, políticos y fuerzas de seguridad descubre que la monopolización medíatica y el poder de los medios es directamente proporcional a la dependencia del estamento político para con ellos.
En el caso británico, el apoyo del imperio mediático de Murdoch marcaba la diferencia de cara a las elecciones, y el apoyo de la prensa amarilla, y especialmente de «The Sun» -también propiedad de los Murdoch- se anunciaba como garantía de formación de gobierno -le funcionó a Tony Blair durante la era del nuevo laborismo y le ha funcionado a David Cameron. La cuestión es cuál es el coste para el ciudadano y hasta que punto las amistades -o el miedo a- los medios han dictado la política británica en los últimos veinte años. Sorprenden estas dimisiones a estas alturas, cuando Rebecca Brooks ya había admitido en marzo de 2003, ante un comité parlamentario, que durante su periodo como directora del dominical «News of the World» («NotW») había pagado a la policía para obtener información. Entonces no rodaron cabezas, y la existencia de escuchas ilegales, que ya habían sido denunciadas desde el diario «The Guardian», fueron ignoradas en estamentos políticos y policiales -de hecho fue Yates quien quitó hierro a estas denuncias para cerrar la investigación hace tres años, argumentando en su último encuentro con la comisión de Interior del Parlamento británico que el caso se cerró por la falta de cooperación de las publicaciones de News Internacional, a las que él claramente no tenía intención de investigar.
Precisamente en esa declaración de Brooks, Andy Coulson -quien vino a sustituir a Rebecca como editor del «NotW» y que se vio obligado a dimitir en 2007, cuando salieron a la luz escuchas ilegales a la familia real británica- toma la palabra para evitar que esta admita mayores ilegalidades.
Es precisamente esa astucia la que posiblemente le aupó al puesto de jefe de prensa de David Cameron. Claramente el primer ministro británico consideró que valía la pena arriesgar la imagen de su gobierno a cambio de las conexiones que Coulson podía facilitarle.
A día de hoy, su relación profesional con Coulson y su amistad con Rebecca Brooks -con la que comparte barrio opulento, fiestas de navidad y alguna que otra cena- le han costado a Cameron una visita oficial a Sudáfrica y una comparecencia ante la Cámara de los Comunes. Además le ha hecho perder la ventaja que le proporcionaron las elecciones municipales sobre sus compañeros de coalición, los liberales demócratas.
Ayer el líder liberal, Nick Clegg, unió su voz a la del laborista Ed Milliband, pidiendo una reforma de las comisiones que regulan los medios. Desde el diario «The Guardian» ya se alzan voces exigiendo a Clegg que abandone la coalición, y acusando al primer ministro británico no ya de falta de liderazgo por omisión -no participó en el debate parlamentario sobre la posible adquisión por parte de Murdoch del canal televisivo BSkyB- sino de falta de juicio al contratar a Coulson.
Error de Cameron
Precisamente, el jefe policial Paul Stephenson se refirió a esta relación en su anuncio de dimisión ante los medios, causada en parte por su decisión de contratar a Neil Wallis, el que fuera subdirector de Coulson durante su época en «News of the World», como consejero estratégico de la Policía Metropolitana Londinense. «A diferencia de Coulson, Wallis no dimitió de su cargo en «News of the World» ni se había visto asociado con la investigación inicial de escuchas ilegales», argumentó Stephenson al tiempo que apuntaba al «error» de Cameron. Wallis fue detenido el pasado jueves.
Hoy los Murdoch suben al estrado. Sus aspiraciones de adquisición de BSkyB se han evaporado. El control sobre la clase política británica parece debilitado. Su prestigio ante anunciantes y opinión pública se ha derrumbado. En Estados Unidos se anuncian investigaciones en posibles escuchas ilegales del grupo Murdoch -que incluye el hogar mediático de los republicanos cavernarios que es Fox TV- a las víctimas del 11 de Setiembre. Sarah Palin y compañía callan mientras los otros accionistas en el grupo les piden explicaciones y cabezas.
Algunos anuncian el fin del imperio Murdoch como una operación de limpieza superficial porque la suciedad seguirá bajo la nueva alfombra. Desde que la comisión parlamentaria solicitó su presencia -al ser no-británicos, no puede ser exigida- los Murdoch se han concentrado en prepararse con asesores y abogados. Posiblemente su declaración llenará primeras páginas, pero la verdad sobre este estas prácticas paramediático-político-policiales se tendrán que leer entre líneas.