Justo cuando se aproximaba la fecha para debatir en el Congreso de la República la inhabilitación política del jefe del APRA, García Pérez, el Juez del Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, Hugo Velásquez Zavaleta, acaba de hacer historia al declarar nulo todo el informe final de la Megacomisión, en el que […]
Justo cuando se aproximaba la fecha para debatir en el Congreso de la República la inhabilitación política del jefe del APRA, García Pérez, el Juez del Quinto Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Lima, Hugo Velásquez Zavaleta, acaba de hacer historia al declarar nulo todo el informe final de la Megacomisión, en el que se recomienda acusar al dos veces ex presidente del Perú, Alan García, como actor de diversos delitos constitucionales como asociación ilícita para delinquir y también por diferentes infracciones a la Constitución (como la afectación al principio de la separación de poderes, abuso de las limitaciones y responsabilidades del mandatario e incumplimiento del deber de proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, etc.).
Y no es para menos, los ciudadanos que hemos estado al tanto de las investigaciones de la Megacomisiòn, dirigida por el nacionalista Sergio Tejada, hemos sido testigo como Alan García, con todo desparpajo, declaró que fue «Dios» quién lo ilumino para liberar o conmutar penas a aproximadamente 5000 personas y que si tuviera que hacerlo denuevo lo haría. También dijo, en uno de sus arranques de ego colosal (así es como lo llama un informe de la CIA), que él pondría las manos al fuego por el dirigente aprista y ex presidente de la Comisión de Gracias presidenciales, Facundo Chinguel, hoy preso por el delito de cohecho activo.
Bajo este contexto y con una gran sonrisa en los labios, Alan García, declaró que, «… la mayoría gobiernista de dicho grupo tuvo como único objetivo impedir mi posible candidatura para el 2016…el Poder Judicial ha declarado nulos los procedimientos y conclusiones de la Megacomisión…la reducción de penas y concesión de indultos es atribución exclusiva de la presidencia, de acuerdo a propuesta del Ministerio de Justicia…como ha concluido el Tribunal Constitucional, al no existir nota que enumere cuáles son las infracciones constitucionales, no se puede inhabilitar a nadie…(La República, 01-04-14).
El vocero fujimorista, Hector Becerril, dijo, «…»Se trata de una decisión parcializada del Poder Judicial, pues sí se cumplieron los requerimientos estipulados del debido proceso para García…».
Por su lado, Ollanta Humala, manifestó irónicamente que, «…pasen los del Poder Judicial, por favor, sé que están en huelga, lo único que me llama la atención es que en plena huelga le han pasado una notificación, han sacado una sentencia que enfrenta al Poder Judicial con el Poder Legislativo, algo bien peculiar, pero parece que en Lima han roto la huelga…» (Perú 21, 01-04-14).
Esta cuestión manifiesta, por un lado, que la justicia peruana está controlada por el APRA, y por otro, que Alan García es el intocable. Pero también expresa que a García no le quedaba otra salida ya que no pudo conciliar con el fujimorismo para evitar la inhabilitación en el Congreso. El problema que tiene García es que, según la encuestadora Pulso Perú, el 58% de la población está de acuerdo en que García debe ser inhabilitado, lo cual puede generar más inestabilidad para un sistema político partidario muy vapuleado por los bochornosos escándalos de corrupción que lo caracteriza.
Inmediatamente después de la escandalosa noticia, el centro de Lima, fue testigo de agitación y movilización, convocada espontáneamente por un movimiento denominado Toma La Calle, logrando convocar a cientos de jóvenes y ciudadanos, que rechazan el fallo del juez Hugo Velásquez.
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