Traducido del inglés para Rebelión por Germán Leyens
Hace tres años los militares hondureños asaltaron la casa del presidente Mel Zelaya, lo secuestraron y lo expulsaron del país. El gobierno de Obama, según sus propias conversaciones con la prensa, fue informado previamente del golpe. Pero la primera declaración de la Casa Blanca -a diferencia de las del resto del mundo- no condenó el golpe. Eso envió un mensaje a la dictadura hondureña y a la comunidad diplomática: el gobierno de EE.UU. apoyó el golpe y hará todo lo posible para asegurar su éxito. Y es exactamente lo que sucedió.
A diferencia de Washington y los pocos aliados derechistas que le quedan en el hemisferio, la mayoría de Latinoamérica consideró que el golpe era una amenaza a la democracia en la región, y por cierto para sus propios gobiernos.
«Bastaría con que alguien diera un golpe civil respaldado por las fuerzas armadas, o simplemente un golpe civil, y lo justificara posteriormente convocando elecciones», dijo la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, a dirigentes suramericanos, «y las garantías democráticas se convertirían en verdadera ficción». Por ese motivo Suramérica se negó a reconocer las «elecciones» hondureñas celebradas seis meses después bajo la dictadura. Pero Washington quería que se legitimara el régimen golpista. El gobierno de Obama bloqueó cualquier actuación de la Organización de Estados Americanos (OEA) para restaurar la democracia antes de la celebración de las «elecciones».
«Tenemos informes de inteligencia que dicen que después de Zelaya, seré el próximo» dijo el presidente Correa después del golpe hondureño. Resultó que tenía razón: En septiembre de 2010, una rebelión de policías mantuvo a Correa secuestrado en un hospital hasta su liberación, después de un prolongado tiroteo entre la policía y tropas leales de las fuerzas armadas. Fue otro intento de golpe contra un presidente socialdemócrata en Latinoamérica.
La semana pasada, la advertencia de Cristina Fernández contra un «golpe civil» se reveló profética en Paraguay. El presidente de izquierdas, Fernando Lugo, fue depuesto por el Congreso en un «juicio político» del cual le avisaron con menos de 24 horas de antelación y le dieron dos horas para defenderse. Los 12 cancilleres de UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), incluidos los de Brasil y Argentina, viajaron a Paraguay el jueves para decir a la oposición derechista que esta evidente violación del proceso debido también constituye una violación de la cláusula democrática de UNASUR. La presidenta de Brasil, Dilma Rouseff, sugirió que el gobierno golpista debía ser expulsado de UNASUR y del MERCOSUR, el bloque de comercio regional del cono sur.
Pero la derecha paraguaya, que tuvo un régimen de un solo partido durante 61 años antes de la elección de Lugo, estaba determinada a volver a su ignominioso pasado. Y sabía que tenía un aliado en el hemisferio con el cual podía contar.
«Como tema general, no lo hemos calificado de golpe porque se han seguido los procesos», dijo la portavoz del Departamento de Estado, Victoria Nuland, el 26 de junio. Y, como para recordar al mundo la estrategia de Washington en el golpe hondureño, agregó: «Sabéis que se supone que habrá elecciones en 2013. Por lo tanto creo que nos abstendremos de más comentarios hasta que veamos lo que pasa en la reunión de la OEA».
Por cierto Nuland sabía que la reunión de la OEA no resolvería nada, porque EE.UU. y sus aliados pueden eliminar cualquier cosa en ese organismo, como lo hicieron esta semana. La conclusión es obvia: cualquier facción derechista, militar o civil, que pueda derrocar un gobierno de centroizquierda elegido democráticamente, obtendrá apoyo del gobierno de EE.UU., que es gobierno del país más rico y poderoso del hemisferio y del mundo.
Mientras tanto, Honduras se ha convertido en una pesadilla desde el golpe de 2009, con la mayor tasa de homicidios del mundo. La represión policial es una de las peores del hemisferio: periodistas, activistas opositores, campesinos en lucha por la reforma agraria y activistas de LGBT han sido asesinados impunemente. Esta semana, 84 miembros del Congreso de EE.UU. enviaron una carta a la secretaria de Estado Hillary Clinton, urgiendo una acción estadounidense contra los asesinatos de activistas de LGBT y miembros de la comunidad en Honduras. En marzo, 94 miembros del Congreso pidieron que «suspenda la ayuda de EE.UU. a los militares y la policía de Honduras en vista de las evidencias de violaciones generalizadas y graves de los derechos humanos atribuidas a las fuerzas de seguridad».
Hasta ahora el gobierno de Obama ha ignorado estas solicitudes del Congreso y los medios internacionales les han prestado poca atención. Irónicamente, no es tanto porque Honduras carezca de importancia, sino por todo lo contrario: EE.UU. tiene una base militar en el país y quiere conservar su propiedad.
Pero el hemisferio y el mundo han cambiado. EE.UU. ha perdido la mayor parte de su influencia en la mayoría de las Américas en la última década. Es solo cuestión de tiempo que incluso países pobres como Honduras y Paraguay consigan sus derechos a la democracia y a la autodeterminación.
Mark Weisbrot es codirector del Centro de Investigación Económica y Política en Washington DC y presidente de Just Foreign Policy.
rCR