El mes de abril ha sido particularmente trágico en el mar Mediterráneo. Centenares de muertos se unieron al constante y anónimo goteo de víctimas mortales reclamadas por la frontera y las políticas que la regulan. Por una vez la magnitud de la pérdida de vidas resultó en cierto debate público en los países europeos. «Algo […]
El mes de abril ha sido particularmente trágico en el mar Mediterráneo. Centenares de muertos se unieron al constante y anónimo goteo de víctimas mortales reclamadas por la frontera y las políticas que la regulan. Por una vez la magnitud de la pérdida de vidas resultó en cierto debate público en los países europeos. «Algo se estará haciendo mal» fue el tenor de la prensa biempensante, cuando detrás del horror vivido cotidianamente en el Mediterráneo se esconde una maquinaría pensada, diseñada y puesta a punto precisamente para un fin muy concreto: la defensa de la fortaleza europea contra una migración declarada «ilegal». Cueste lo que cueste.
Mucho se ha escrito ya sobre el rol que desempeña Frontex, la «agencia europea para la gestión de la cooperación operativa en las fronteras exteriores de la Unión Europea«, como principal mecanismo de control de los flujos migratorios que en los últimos 20 años ha producido decenas de miles de víctimas mortales. Se trata de un organismo que cuenta con medios militares no para rescatar a migrantes y refugiados sino para blindar una de las fronteras más brutales, tanto en términos de desigualdad como de pérdida de vida humana. Pero merece la pena resaltar también como los Estados europeos -especialmente del centro y norte de Europa- se han dotado de un entramado legal que expulsa la totalidad de la problemática migratoria a las fronteras externas de la Unión sobre las cuales recae la «presión» migratoria (y la presión por controlarla). Así, desde 1995 con el Tratado de Schengen y especialmente desde el Tratado de Dublin de 1997 las peticiones de concesión de asilo político (básicamente la única manera de conseguir legalizar la estancia en un país como Alemania si no se cuenta con pasaporte europeo ni contrato de trabajo) no serán examinadas por el país al que se dirige la petición (pongamos Alemania), sino el primer país europeo pisado por el/la refugiado/a (léase, los países de la frontera sur y este de la Unión Europea). En la práctica esta normativa encierra a los migrantes en el primer país europeo cuya frontera han cruzado, permitiéndose incluso la deportación intraeuropea de países del centro/norte a la periferia. Así, si bien la guerra en Siria [1] tiene consecuencias directas, principalmente a través de la figura del/de la refugiado/a, para los países europeas, la propia situación geográfica lleva a que esas «consecuencias» se queden, literalmente, atrapadas en Grecia, Italia, Malta o España. Aunque su deseo sea buscarse una nueva vida en Inglaterra, Holanda o Alemania.
Llegados a este punto es interesante también resaltar el proceso de creación de esta normativa que no es otra cosa que un calco de una ley anti-inmigración alemana, denominada «Normativa del Tercer País». En Alemania a principios de los años 1990 hubo casi 400.000 peticiones de asilo político anuales, de las cuales solo una parte mínima eran concedidas. Aún así el discurso público mayoritario construía una imagen extremadamente negativa del colectivo inmigrante y clamaba por leyes más restictivas, esgrimiendo argumentos principalmente de seguridad y económicos tipo «aquí no cabemos más» o «Alemania no puede convertirse en la oficina de Seguridad Social del mundo entero«. En 1993 el Parlamento alemán actuó denegando la posibilidad de asilo político a cualquier persona que busque refugio en Alemania pero que haya entrado en territorio alemán a través de terceros países en los que no exista, a ojos del parlamento alemán, persecución política (los denominados «países seguros»). Resulta obvio que la normativa europea simplemente ha sustituido la figura del «país seguro» por el «país europeo», siendo el resultado para un país como Alemania exactamente el mismo: externalizar el «problema».
Para dar un poco más de contexto es importante señalar también que los principios de los años 1990 y el debate público sobre la inmigración estuvo en gran medida dominada por discursos xenófobos y abiertamente racistas de minorías muy activas de neonazis, que a través de la prensa y los partidos políticos fue reformulado cínicamente en un problema de orden público. En el triste recuerdo de aquellos años quedan los cobardes y asesinos asaltos contra centros de refugiados en Hoyerswerda (1991) y Rostock-Lichtenhagen (1992) o los incendios de viviendad de inmigrantes perpetrados en Mölln (1992) y Solingen (1993). Así, tras el asalto al centro de Lichtenhagen, que ante la pasividad total de la policía duró 3 días y estuvo a punto de costar la vida a decenas de personas, el entonces canciller Helmut Kohl daba una particular visión de lo ocurrido:
«La situación es dramatica. Si no actuamos ahora corremos el peligro de que una gran parte de la población pierda la confianza en nuestro estado democrático (…). La gente espera de nosotros que actuemos y tomemos medidas que evitan la explotación de nuestro sistema de asilo politico.» De esta manera los incendios causados por neonazis acaban legitimando una «revision» de las leyes de inmigración que desemboca meses más tarde en una abolición del derecho al asilo politico y, más adelante, en una normative europea que salvaguarda el sistema alemán.
Damos ahora un salto en el tiempo y nos situamos en Tröglitz, un pueblo de 2800 habitantes en la region de Sajonia, al este de Alemania. Para mayo de 2015 estaba previsto inaugurar un centro de acogida para 40 refugiados/as politicos/as (provenientes principalmente de Siria), proyecto que generó un rechazo en partes de la población que fue explotado por el partido neonazi NPD. Desde enero este partido ha venido organizando manifestaciones semanales en el pueblo. Cuando iban a manifestarse delante de la casa particular del alcalde independiente del pueblo, éste dejó su cargo ante la pasividad que venía observando por parte de la policía y ante el poco respaldo de sus vecinos/as. Markus Nierth, el alcalde, les acusó de haberse convertido en «mayoría enmudecida.» Su caso provocó la indignación en muchas partes del país, que se preguntaba como era possible que grupos neonazis eran capaces de dominar el discurso público en comarcas enteras (sobre todo) del este alemán. Pero el caso no se quedó ahí,y en la noche del 3 al 4 de abril fue incendiado el edificio destinado a acoger a los/as refugiados en Tröglitz, evocando eventos supuestamente olvidados y borrados de la memoria colectiva. El caso de Tröglitz inmediatamente fue tildado de excepcional. Un pueblo de la provincial, en el cual desde la caída del muro se han perdido más de 4500 puestos de trabajo, que nunca ha conseguido ni va a conseguir reinventarse. Pero no se trata de un caso único. Para llegar a incendiar viviendas primero hay que difundir climas y discursos que no son creaciones puramente locales. La region de Sajonia, con una tasa de población extranjera situada en poco más de un 2%, lleva meses viendo como crece un movimiento islamófobo/xenófobo denominado «PEGIDA» («Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente«). El discurso de este tipo de movimientos o de partidos como el NPD (a menudo se trata de los mismos actores), ha llegado al centro de la sociedad, siendo adaptado por partidos mayoritarios y convertido en legislación europea.
Nota:
[1] También hay que resaltar el cinismo de diferenciar refugiados/as políticos/as de inmigrantes económicos. Toda causa que lleva a una persona a abandonar su casa para buscarse la vida es política. Si alguien emigra por falta de perspectivas, porque el mercado global ha destrozado el futuro de su región, ¿cómo no se trata de un asunto de política?
Fuente: http://www.todoporhacer.org/horror-politicas-anti-inmigracion