Si se valora en su conjunto, el actual movimiento contra el proyecto de Macron se sitúa al nivel de los tres principales movimientos sociales de los últimos decenios puestos en pie para responder a las distintas reformas de las pensiones: 1995, 2003 y 2010. Macron y su gobierno esperaban desgastar al movimiento huelguístico en la […]
Si se valora en su conjunto, el actual movimiento contra el proyecto de Macron se sitúa al nivel de los tres principales movimientos sociales de los últimos decenios puestos en pie para responder a las distintas reformas de las pensiones: 1995, 2003 y 2010.
Macron y su gobierno esperaban desgastar al movimiento huelguístico en la SNCF y la RATP durante las fiestas navideñas. También esperaban que, con la ayuda de los principales media del país, llegarían a desacreditarlo ante la opinión pública; a lograr no sólo que el movimiento huelguístico fuera minoritario sino también fuera minoritario el rechazo a la reforma, que sigue siendo rechazado por la mayoría de la población y, en primer lugar, por el 75% de las y los trabajadores activos.
Pero la tenacidad de las y los huelguistas, de las decenas de miles de militantes que en todos los sitios animan los sindicatos combativos y los colectivos interprofesionales, han permitido que hasta hoy mismo el clima político de confrontación social se mantenga y, sobre todo, que el gobierno aparezca como el principal responsable de esta situación por su inflexibilidad, después de que durante las vacaciones navideñas lograra recobrar cierto apoyo. Esta actitud voluntara tenía como objetivo hacer creer a la opinión pública que el tema estaba cerrado y el proyecto atado y bien atado. Asimismo, el gobierno anunció el 17 de diciembre que el proyecto de la reforma ya estaba escrito y fijado el calendario para su debate en el parlamento. Para mostrar que así era, se descartó cualquier discusión con los sindicatos entre el 18 de diciembre y el 6 de enero… y, de forma ostensible, el gobierno se iba de vacaciones y Macron partía al extranjero. Este paréntesis que estableció el gobierno sólo fue interrumpido por la alocución del Macron a final de año; una alocución en la que describió un país imaginario, pleno de logros económicos y sociales, inmerso en un ambiente sereno. Una posición despectiva que no hizo sino aumentar la animosidad de las y los asalariados movilizados contra el gobierno e incluso la de las y los usuarios del transporte que las pasan canutas todos los días en la región de Paris o que partían de vacaciones durante las vacaciones de fin de año.
Además, la obstinación por mantener inamovible la opción de situar el año pivote [si te jubilas antes, pierdes puntos y si más tarde, ganas] de jubilación a los 64 años le ponía enfrente al conjunto del movimiento sindical, CFDT y UNSA [que aceptar el sistema por puntos propuesto por el gobierno y dispuestos a negociar la reforma], potenciales aliados del gobierno y ausentes en las convocatorias de las movilizaciones interprofesionales, al margen de la posición de sus secciones en la SNCF y la RATP que continúan participando en la huelga reconducible por la retirada del proyecto.
También, de modo paradójico, fue el gobierno y no el movimiento quien se situó a la defensiva entre finales de diciembre y primeros de enero.
Las y los huelguistas de la RATP y la SNCF, las y los militantes combativos supieron imponer un ritmo de movilización sostenido a pesar de las dilaciones de una intersindical nacional que dejaba al movimiento sin ninguna jornada de movilización hasta el 9 de enero. La dinámica del movimiento permitió llegar al 6 de enero con una combatividad intacta y con un gobierno contra la pared.
Políticamente, Macron y su Primer Ministro estaban en un aprieto.
De un lado, durante estas últimas semanas, no cejaron en intentar impedir cualquier extensión de la huelga a otros sectores profesionales que disponer hasta el momento de acuerdos específicos [regímenes especiales]. De entrada, como no puede ser menos, los militares, a quienes Macron respeta que no se vean afectados por el régimen universal [que imponía la reforma como punto básico]. Sin embargo, el estatus de los militares está regido el mismo sistema de pensiones que el resto de las y los funcionarios. Otros sectores funcionarios (policías de a pie, bomberos) también han recibido promesas parecidas, pero menos precisas. Las y los danzarines de la Ópera de Paris han rechazo de forma clara la propuesta que les hacían de no aplicar la reforma en el sector más que a las y los artistas reclutados a partir de 2022, proclamando que «no queremos ser la generación que habrá sacrificado a la siguiente». Los pilotos de las líneas aéreas han recibido la garantía por parte del poder de que continuarán beneficiándose, como hasta hoy, de una pensión completa a los 60 años y de conservar, junto a las azafatas y azafatos y tripulación, de una pensión complementaria específica.
Así pues, de cara a muchos sectores que cuentan con sistemas de jubilación anticipada, el gobierno se ha visto obligado a quebrar su régimen universal, multiplicando las excepciones y generando largos períodos de transición para la aplicación de la reforma.
El dilema del poder y las contradicciones del movimiento
Mientras que durante tres meses, demagógicamente, el gobierno decía querer acabar con «los privilegios de los regímenes especiales», ha ido concediendo unas pocas o muchas de excepciones a su «régimen universal idéntico para todo el mundo», al mismo tiempo que rechaza reconocer la penosidad en el trabajo que padecen millones de otros trabajadores y trabajadas, que no gozarán de ninguna transición en la aplicación de la reforma. Evidentemente, estas incoherencias debilitan la posición del gobierno. Y ello inquieta a la MEDF (patronal), que teme que las consecuencias financiera debiliten la prometida reducción del gasto público.
Por otra parte, la posición del gobierno sobre el año de partir a la jubilación a los 64 años, que Macron y Philippe Édouard han querido hacer de esta medida un símbolo ha generado una presión contradictoria sobre al gobierno y en el seno de su mayoría. Por una parte, la voluntad de afirmar la autoridad del gobierno, el rechazo a cualquier compromiso sobre la voluntad de reducir al máximo el gasto en pensiones; tanto más en la medida que ya se han realizado concesiones en varias profesiones; es decir, mantener su posición que confirme al macronismo como un poder fuerte.
Por otra, el temor a que esta posición agresiva aísle aún más al gobierno y a la mayoría parlamentaria, haciéndoles aparecer como incapaces de encontrar el mínimo apoyo en el movimiento sindical.
Este es el dilema ante el que se encontraba el gobierno a inicios de este mes.
Pero, por otro lado, el movimiento también está atravesado de contradicciones.
La jornada de movilización del día 9 ha sido masiva, las manifestaciones estuvieron al nivel de las del 5 y 17 de diciembre, aunque fueran ligeramente inferiores. Además de una huelga importante en la enseñanza y otros sectores en huelga en la función pública (finanzas, cultura).
El 11 de enero se ha vivido una nueva jornada de movilización [la tercera en una semana], convocada expresamente en sábado para lograr la extensión del movimiento más allá de los sectores en huelga. Una manifestación importante de 500000 manifestantes siguiendo el llamamiento de la intersindical CGT, FO, Solidaires, CGC, FSU. Los chalecos amarillos también convocaron a sumarse a los cortejos sindicales..
De forma deliberada, el jueves y sábado, la policía adoptó una actitud agresiva similar a la que tuvieron frente a las manifestaciones de los chalecos amarillos, multiplicando la violencia hacia las y los militantes sindicales, en especial en Nantes, Rouen y Paris.
Pero, junto a la movilización sostenido a un nivel muy alto durante las jornada nacionales de huelga, y dejando aparte la huelga en las refinerías, el sector energético, en los Puertos y Muelles, y un llamamiento en el Banco de Francia, más allá de las convocatorias de la intersindical, aún no han entrado en huelga reconducible sectores importantes.
Ahora mismo, el movimiento huelguístico en la SNCF el récord de jornadas de huelga en la historia de la SNCF. Este sector junto con el de la RATP lleva el peso fuerte de la confrontación. La FSU, primer sindicato en la enseñanza, por el momento no convoca una huelga reconducible y FO se limita a las convocatorias de huelga nacionales, aparte de apoyar aquellas vayan surgiendo en un lugar u otro.
Última maniobra del gobierno
Aprovechando este respiro y con la inmensa ayuda de los grandes medias, el gobierno acaba de realizar una nueva maniobra para tratar salir de su aislamiento.
El año pivote para jubilarse se ha presentado, de forma interesada, como el único problema a resolver, a pesar que las y los manifestantes y huelguistas, la intersindical que representa a la mayoría neta del movimiento sindical y las encuestas de opinión exigen una retirada total del proyecto de reforma.
De facto, los media y el gobierno han realizado un montaje teatral en el que, como primer acto, la razón principal del conflicto se reducía a la cuestión del año pivote y, por tanto, el único debate serio correspondería llevarlo con la CFDT.
En un segundo acto, la CFDT propuso la convocatoria de una gran conferencia sobre la financiación de las pensiones, como propuesta para reanimar el «diálogo social«.
En un tercer acto, el Primer ministro hizo un amago de reunión con los dirigentes sindicales el día 10 para reabrir el debate, al mismo tiempo que remitía el proyecto de Ley para su evaluación al Consejo de Estado con el fin de poder presentarlo en el Parlamento el 22 de enero.
En un cuarto acto, a través de un mensaje enviado a las direcciones sindicales el sábado, el Primer ministro acaba de proponer la «retirada provisional» de la edad pivote de 64 años en el proyecto de Ley durante dos meses, a fin de poner en pie una conferencia sobre la financiación de las pensiones que se desarrollaría entre febrero y abril previo a las decisiones legislativas finales.
Se trata de una propuesta cínica cuyo objetivo es encontrar en ese lapsus de tiempo una propuesta alternativa que pueda lograr economizar el montante equivalente a la prolongación de la edad de juvbilación a los 64 años (unos cuantos miles de millones por año). Evidentemente, esta propuesta debe logra el consentimiento de la patronal y no conllevar a un incremento de las cotizaciones patronales. Si se lograra todo ello, el año pivote saltaría de la propuesta de Ley. En otras palabras, la propuesta alternativa consistiría cargar el coste de la reforma, de una forma u otra (por ejemplo, alargando el número de años trabajados necesarios para jubilarse), sobre los y las trabajadoras. Si no hubiera acuerdo con los «interlocutores sociales», evidentemente, «el gobierno se haría cargo de sus responsabilidades».
De ese modo, este sábado, los media devotos del gobierno y el propio Macron saludaban esta «salida a la crisis», al mismo tiempo que la CFDT y UNSA se felicitaban de este paso adelante.
Se trata de un nuevo intento de ahogar el movimiento y también de una pose de Macron, que mantiene al cien por cien el objetivo de reducir el gasto global de las pensiones al tiempo que se presta a determinados compromisos.
Esta mascarada ha sido rechazada por la intersindical nacional que ha convocado dos nuevas jornadas de huelga y manifestaciones para el 14 y 15 de enero.
Pero el elemento motor para los días que vienen continúan siendo las y los huelguistas de la SNCF y la RATP y las decenas de miles de militantes que desde hace un mes desarrollan un trabajo de vanguardia política de este movimiento tratando de mantenerlo vivo y extender al máximo las huelgas reconducibles y las movilizaciones.
Este núcleo del movimiento desempeña un papel político, en tanto que la intersindical nacional acompaña al movimiento sin un llamamiento claro en tanto que tal a una generalización de la huelga reconducible en todos los sectores. Ahora bien, los próximos días van a marcar un punto de inflexión en el movimiento. Es ahora cuando se juega la posible extensión de la huelga a otros sectores, con movilizaciones conjuntas de las clases populares contra este proyecto exigiendo su retirada pura y simple y planteando la exigencia de la justicia social a través de un sistema de repartición. Es la perspectiva de una sociedad solidaria opuesta al capitalismo neoliberal de Macron la que debe cimentar este movimiento.
Si no se produce esta extensión, Macron tendrá la capacidad para deshacer el nudo corredizo que le aprieta, cuando la relación de fuerzas puede permitir que ceda.
Léon Crémieux, sindicalista y militante del NPA