En medio de extremas medidas de seguridad y tropas especiales armadas a guerra, Nicaragua libra en tribunales y por mar y tierra una exitosa lucha contra el narcotráfico que cruza América Central hacia Estados Unidos. Pero en el combate interno, se denuncian acciones que vulneran derechos. Una de las causas que provoca mayor conmoción social […]
En medio de extremas medidas de seguridad y tropas especiales armadas a guerra, Nicaragua libra en tribunales y por mar y tierra una exitosa lucha contra el narcotráfico que cruza América Central hacia Estados Unidos. Pero en el combate interno, se denuncian acciones que vulneran derechos.
Una de las causas que provoca mayor conmoción social es la que involucra a 24 personas, acusadas por la fiscalía de lavado de dinero, crimen organizado y tráfico internacional de estupefacientes. Investigaciones policiales las vinculan a la mafia centroamericana que en julio de 2011 asesinó al cantautor argentino Facundo Cabral en Guatemala.
Cabral murió cuando sicarios acribillaron el vehículo en el que era llevado al aeropuerto y que conducía el empresario nicaragüense Henry Fariñas, verdadero blanco del ataque.
Fariñas es el principal acusado de la red en Nicaragua y, según la investigación realizada en este país, Guatemala y Costa Rica, así como por la Policía Internacional (Interpol), la orden de asesinarlo habría sido consecuencia del robo de un cargamento de drogas al cartel al que pertenecía. El reo y sus abogados niegan los cargos.
El otro caso que mantiene cautiva la atención de la prensa local e internacional es el que juzga a 18 mexicanos, detenidos en la frontera con Honduras el 20 de agosto, cuando se aprestaban a ingresar al país a bordo de seis vehículos de transmisión de televisión con logos de la cadena Televisa y portando documentos falsos de ese medio.
Las autoridades indicaron que esta banda atravesó América Central desde México en 17 ocasiones para comprar drogas en Panamá y Costa Rica y que finalmente fue capturada en Nicaragua tras una alerta de los servicios de inteligencia. En los vehículos se encontraron, en compartimentos secretos, partículas de cocaína y 9,2 millones de dólares en efectivo.
La cantidad de dinero incautada solo en ese operativo supera al equivalente de 7,6 millones de dólares que el Estado nicaragüense asigna anualmente al Ministerio Público, encargado de las investigaciones y acusaciones penales al crimen organizado, se quejó ante IPS el fiscal general Julio Centeno Gómez.
El mejor del barrio
Los dos casos judiciales, más las constantes operaciones militares y policiales realizadas en los últimos cinco años, colocan a este país a la cabeza de la lucha contra el crimen internacional en la región, señaló a IPS el investigador en defensa y seguridad Roberto Orozco, del no gubernamental Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP).
«Nicaragua, en efecto, muestra mucha efectividad a nivel internacional, pero debido a la magnitud de las mafias y sus inmensos recursos, cualquier esfuerzo que se haga se ve reducido e insuficiente», apuntó.
Los jefes del ejército y de la policía proclaman que este país es el más seguro de América Central y que se convirtió en «un muro de contención» al narcotráfico, aunque cuentan con menos de 30.000 efectivos de ambas fuerzas para custodiar 280.000 kilómetros cuadrados de zona económica exclusiva en el mar Caribe y el océano Pacífico, además de las fronteras terrestres con Costa Rica y Honduras.
Según las estadísticas militares, entre 2011 y agosto de 2012 se realizaron 182.526 operaciones contra el tráfico de drogas, que dieron como resultado el decomiso de 6,7 toneladas de cocaína, 93 vehículos y 41 embarcaciones, además de la detención de 1.288 personas, nacionales y extranjeras.
Aminta Granera, directora de la Policía Nacional, también aportó datos a IPS a través de su oficina de prensa, en los que indicó que entre septiembre de 2011 y agosto pasado se realizaron 68 operaciones contra el tráfico internacional y se neutralizaron 12 células de carteles de México y Colombia.
«Solo al crimen organizado transnacional se le incautaron 60 toneladas de drogas, 32 millones de dólares en efectivo, 1.500 armas de guerra, 1.234 camiones, 18 aviones y 168 lanchas rápidas entre 2006 y 2011», detalló Granera, quien en los años 70 dejó el hábito de monja católica para sumarse a la guerrilla sandinista contra la dictadura somocista y luego se volcó a la política pacífica.
Las cifras policiales también evidencian una intensa lucha contra el tráfico interno de drogas. La operación permanente, denominada «Coraza Popular», realizó 4.106 acciones entre enero y agosto, en las que se detuvo a 3.917 nicaragüenses y se requisó casi 85 kilogramos de cocaína, crack, heroína y marihuana.
Derechos en peligro
En ese marco de lucha interna a las drogas, activistas humanitarios y expertos en seguridad advierten que la policía incluye métodos cuestionables que afectan los derechos individuales, especialmente en barriadas vulnerables.
Estudios del IEEPP de 2011 señalan que ocho grupos de narcotraficantes ligados a carteles colombianos operan en la costa caribeña nicaragüense y que sobre el Pacífico se mueven mafias mexicanas, asentadas en Managua y en la sureña ciudad de Rivas. Se agrega que usan el istmo como «estación de servicio» y pagan con drogas el apoyo logístico en su ruta de sur a norte.
Esa metodología estimula el mercado interno y alimenta las redes de delincuencia.
Para enfrentar esta realidad, la policía organiza charlas en los barrios, escuelas y viviendas en todo el país para informar sobre el peligro de las drogas y pedir a la población que colabore.
Se realizan marchas con pancartas y mensajes antidrogas dirigidos a las comunidades, a la vez que efectivos vestidos con ropa de civil y el rostro cubierto con pasamontañas delatan las casas señaladas como expendios de estupefacientes. «Aquí se vende drogas», escriben con pintura en aerosol.
«Si la policía sabe que en una casa venden drogas, ¿por qué no detiene a sus ocupantes, remite las pruebas a fiscalía y los acusa formalmente ante la justicia?», planteó a IPS el investigador Roberto Cajina, de la no gubernamental Red de Seguridad y Defensa de América Latina.
También Gonzalo Carrión, director jurídico del no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, dijo a IPS que en la acción policial se viola el principio de inocencia, mientras no se compruebe lo contrario, de las familias marcadas como narcotraficantes.
«Se viola la propiedad privada, la integridad de niñez y adolescencia que habitan en esas casas al estigmatizarlas como parte de una red delictiva; se altera el principio de inocencia y, sobre todo, se lesiona la integridad de las personas y el derecho a la igualdad ante la justicia», afirmó.