Hay países que se nos pasan de largo. Costa Rica es uno de ellos. Los tópicos dibujan un país feliz, pacífico, donde nada ocurre excepto el violento romper de las olas. Debajo, la realidad es otra y David Solis nos ofrece un detallado análisis de todos los ángulos que matizan los imaginarios. Las amenazas territoriales y el retroceso del Estado Social es evidente; las resistencias, también.
Según un estudio publicado en julio de 2009, por un tanque pensamiento o think tank inglés, Costa Rica es el país más feliz del mundo [1], lo cual se determinó para un total 143 países con la construcción de un índice basado [2] en la esperanza de vida, el nivel de satisfacción de las personas y la huella ecológica, esta última es la relación entre los recursos naturales que se consumen en un país y los que tiene disponibles). Pero tan alta «felicidad» es también ostentada en los 10 primeros puestos por otros ocho países latinoamericanos. Parece que no solo los costarricenses, sino también otros centroamericanos (guatemaltecos, salvadoreños y hondureños) y otros latinoamericanos (colombianos y brasileños) gozamos de «gran felicidad»; esto a pesar que en Guatemala, El Salvador y Honduras se sufre de creciente violencia relacionada no solo con actividades criminales como el narcotráfico, sino con un abismo social cada vez más profundo entre los pocos dueños de prácticamente todo y los muchos que prácticamente todos les falta, ya que más de la mitad de estos pueblos hermanos viven en pobreza , miseria e indigencia.
Esta medición como reconocen sus autores [3] tiene un nombre engañoso, porque no existe forma objetiva de determinar la felicidad de los habitantes de un país. Pero a pesar de esto en el paisito llamado Costa Rica, desde el 2009 con cierta frecuencia se escucha en discursos de gobernantes y hasta en campañas publicitarias de empresas multinacionales que «somos el país más feliz del mundo», lo cual ha caído como «anillo al dedo» para reafirmar, ó más bien, para que nos reafirmen el particular mito de excepcionalidad que funda nuestra endeble nacionalidad, que antes fue manipulada por la clases dirigentes como gobernantes liberales, clérigos conservadores e invasores del norte imperialista, y que ahora tienen investiduras de tecnócratas, financistas de campañas electorales, conglomerados mediáticos, y cámaras empresariales [4]. Es entonces que el cacareado «liderazgo» en felicidad de Costa Rica nos lanza a interrogarnos si: ¿Se es «feliz» en una realidad de creciente desigualdad entre quienes tiene todo cuanto su dinero compra, y quienes no se alimentan lo suficiente para siquiera tener una buena salud?
¿La realidad de un país ó un país en realidad?
Esta Costa Rica en realidad es un país cuyo Estado desde hace un tiempo y con más visible frecuencia está siendo «comido en trozos» por la corrupción que es movida desde las más altas esferas del sector empresarial, donde por ejemplo muy recientemente un funcionario del Poder Judicial filtró el borrador de una sentencia hacia la empresa transnacional minera involucrada. Es también un país donde se profundizan las malas condiciones laborales sufridas por los trabajadores, sean inmigrantes nicaragüenses, indígenas Ngäbe panameños o campesinos ticos desamparados, todos ellos «peones» bananeros, o si son incluso médicos especialistas de la seguridad social, por cierto, ambos movilizados en huelgas durante el pasado mes de noviembre.
En este país en realidad no hay crecimiento económico con el menor sentido social sino lo contrario, así por ejemplo los salarios de la inmensa mayoría de las y los trabajadores pasan estancados durante años, disminuyéndose la posibilidad de adquirir los productos necesarios para vivir dignamente, ya que se sufren alzas permanentes en los precios de todo tipo de bienes y servicios; más aún en el presente año se ha cernido la amenaza de nuevos impuestos, cuando a juicio de entendidos, los actuales impuestos son mal cobrados e invertidos; por esto se cuestiona la necesidad del Estado por tener más recursos, por lo que se ha impuesto en la agenda parlamentaria la aprobación de un nuevo plan de tributos, promovido por el gobierno y su fracción legislativa (Partido Liberación Nacional-PLN) en acuerdo con el mayor partido de «oposición» (Partido Acción Ciudadana-PAC), nombrándosele en las calles a dicho plan como el PACquetazo fiscal.
¡En realidad!
La realidad de Costa Rica es que en realidad el país tiene una injustificada concentración de la tierra que va en detrimento de la economía campesina, con el fin de expandir los monocultivos exportables como la piña, situación que es producto de la indiscriminada política de apertura comercial impulsada por tres décadas, que entre otras cosas, ha fundado feudos amurallados en incentivos fiscales para las inversiones transnacionales del sector de servicios. También estas políticas han degenerado las relaciones del país con otros que son socios comerciales, mediante contratos de compra-venta amasados junto a representantes de empresas transnacionales, para privatizar disfrazando de apertura a los seguros y las telecomunicaciones, mientras que la electricidad parece ser el próximo botín.
Es el país donde el aporte social de las mujeres es subvalorado e incluso legalmente invisibilizado, y en realidad hay un escaso reconocimiento a los derechos de los pueblos indígenas sobre sus territorios y prácticas culturales; es donde la expansión de los megaproyectos turísticos ha destruido el ambiente privatizando las costas y muchas montañas, que son «vendibles» a los adinerados clientes de las empresas constructoras, bancos, intermediarios inmobiliarios y hoteles; además donde el territorio nacional es ofrecido por parte de gobernantes para explorar minerales como oro y sustancias como gas natural o petróleo, donde también se avanza en la privatización de la infraestructura pública estratégica, como son los puertos del Caribe y el tramo más transitado de la carretera interamericana. Este también un país donde en realidad amenazan con más y más «desarrollos» a los bienes comunes de todas y todos, tales como el agua y los ricos bosques tropicales, que sobreviven desprotegidos por leyes anacrónicas como lo es aquella que regula los usos del agua, o simplemente son leyes «sin dientes» por los insuficientes mecanismos para su cumplimiento.
¿Feliz a dos colores?… ¡Mejor «en realidad» con muchos colores!
El esbozo sobre la conflictividad política, económica y socio-ambiental de Costa Rica colocado a blanco y negro en los anteriores párrafos podría resultar deslumbrante para quienes en este país vivimos y solemos refugiarnos en el «¡qué me importa a mí!», algo así como ver la luz flash de una cámara fotográfica disparada en el intento de retratarnos ante un espejo. Costa Rica en realidad está siendo delineada por diversas y complejas conflictividades, pero también está siendo coloreada por las personas que sobreviven entre unas u otras dificultades, y que además toman acciones públicas de manera colectiva, generan y alimentan movimientos sociales, y se organizan políticamente.
Es así que durante las últimas semanas en el país se han desarrollado importantes jornadas de movilización social por múltiples actores sociales (sujetos políticos… ¿por qué no?), lo cual podríamos ir interpretando como una prueba de cuan fallidas han sido las tesis amasadas desde el interés de los poderosos durante décadas, sobre el carácter pacifista, pasivo y resignado de las personas que habitamos esta entidad abstracta etiquetada como país, hecha palabra esdrújula por Manuel Monestel al llamarle «Costarríquica». Esto como si nuestra identidad no fuera diversa y cambiante, o como si nuestra realidad fuera tan feliz que no nos provocara indignación, y no nos impulsara a la comunicación, organización y generación de acciones al margen de «quienes mandan» o desean hacerlo sobre los destinos de las personas humildes trabajadoras tantas veces silenciadas.
Es que el arduo trabajo de colorear en realidad a Costa Rica, ha sido asumido las últimas semanas por organizaciones ambientalistas que desde hace más de 20 años están luchando con manifestaciones de calle, caminatas kilométricas, campañas de comunicación para la concientización y la presentación recursos legales, en contra de la instalación del proyecto de minería de oro a cielo abierto «Crucitas», ubicado en la zona norte del país muy cerca al cauce del Río San Juan que es límite natural con el territorio de Nicaragua. En semanas recientes estas organizaciones impulsaron la denuncia pública por la «filtración» del borrador de la sentencia judicial que magistrados tenían en preparación hacia representantes de la empresa minera canadiense Infinito Gold, pero a pesar de esto el pasado 30 de noviembre se dio el fallo judicial que deja prácticamente enterrada toda posibilidad para la instalación de la mina Crucitas, además de reafirmar una condena anterior a la empresa para resarcir los daños ambientales, que también fue en contra de órganos estatales involucrados en las autorizaciones para dicha explotación minera, e incluso queda pendiente abrir una investigación judicial contra el ex presidente Oscar Arias y su ex ministro de (mal) ambiente Roberto Dobles. Esto se suma a la promulgación en 2010 de una ley -papel y tinta al fin- que prohíbe la instalación de proyectos de minería metálica por procesos químicos y a cielo abierto; siendo todo esto un «pincelazo» en verde al cuadro de la realidad costarricense.
La movilización por la defensa de la naturaleza también ha pintado la realidad las últimas semanas con una jornada el pasado 7 de diciembre por la defensa del agua recurso de interés público, con la participación de múltiples organizaciones campesinas y comunitarias, juntas administradoras de acueductos rurales, O.N.G. y organizaciones ecologistas aglutinadas entre otros espacios en la Alianza Nacional para la Defensa del Agua. Estas se reunieron en las inmediaciones de la Asamblea Legislativa y contando con el apoyo de algunos diputados, exigieron al conjunto de las y los legisladores la aprobación de un nuevo marco que regule de manera ambientalmente sostenible los usos y la conservación del agua, también exigieron la aprobación de legislación que apoye a los asociaciones de acueductos comunitarios para mejorar su gestión del agua, y por último exigieron la aprobación de la reforma constitucional para el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano, y por tanto clarificar la responsabilidad del estado para garantizarlo. Siendo esta acción parte de una lucha que por largos años ha movilizado a la población costarricense, como sucedió para entre el año 2008 y 2010 con la recolección de más de 150 mil firmas de ciudadanos, trabajo realizado por miles de personas voluntarias- esto para introducir a la Asamblea Legislativa un proyecto de ley para la gestión ecológicamente equilibrada del agua que fue construido con la participación de muchas organizaciones sociales, que regresaron este 7 de diciembre a exigir la aprobación de dicho proyecto para convertirlo en ley. Y es que se sigue luchando porque haya suficiente agua disponible para las familias en sus actividades, y que el Estado no priorice este recurso para regar canchas de golf en hoteles cinco estrellas en la costa, como le sucedió a la comunidad de Sardinal en la provincia de Guanacaste durante 2008, pero movilizados han avanzado en su lucha hasta parar el avance de los proyectos de construcción que le dejaría sin agua.
Defender la naturaleza tiene como parte luchar por la recuperación de la economía campesina basada en agricultura ecológica, es por esto que los últimos meses han resistido un colectivo de familias campesinas que en abril ingresaron a la finca «Tierras Nuevas» en la zona norte del país, zona que durante la década de 1980 fue lugar no solo de acciones militares de los «contra» nicaragüenses en la guerra fratricida del imperialismo norteamericano contra el gobierno sandinista, sino también de múltiples tomas de tierras por parte de campesinos. Esta finca «Tierras Nuevas» es propiedad -usurpada- de una empresa transnacional, y ahora está ocupada por las familias campesinas que ante la necesidad de tener donde habitar y producir, han fundado un asentamiento en donde cultivan la tierra para producir su alimento a pesar del constante acoso de las autoridades policiales y judiciales mediante desalojos, y del amedrentamiento de los capataces de la empresa transnacional y sus agentes de «seguridad», todas ellas acciones para intentar desplazar a las familias, como sucedió en el último desalojo realizado el pasado 24 de noviembre, que contó con legalidad garantizada por un juez, y con la intervención de la policía. Además se dio la acción criminal de los encargados de la empresa usurpadora al destruir decenas de hectáreas de cultivos trabajados durante meses por las familias campesinas, que con la valentía de sus mujeres, hombres, niñas, niños, ancianas y ancianos resisten y se mantienen luchando por acceso a la tierra, aduciendo su legítimo derecho para habitarla y producir en ella su alimento; coloreando así con terrones de lucha en realidad la cuestión agraria de Costa Rica.
La lucha por el uso comunitario del territorio no solo está dándose en el espacio rural, o en algunos espacios urbanos de Costa Rica, ya que la llamada «zona marítimo-terrestre» que corresponde a los 200m desde la línea de pleamar es terreno inalienable al control del Estado, donde existen una zona pública que constituyen los primero 50m, y una zona restringida de los restantes 150m donde el Estado puede dar autorización para su uso; estos 150m han sido el principal foco de conflicto en años recientes, debido a la implementación políticas por parte de los gobiernos locales y del gobierno central (entes permeados con posiciones políticas derivadas de particulares intereses privados) para el desplazamiento de las y los pobladores que habitan en las costas desde hace décadas, y que han construido formas de subsistencia ecológicamente viables a partir de su relación con el mar, del cual extraen el sustento de sus familias con la pesca artesanal. Es a raíz de esta agresión que 63 comunidades del litoral Pacífico norte, central y sur (Guanacaste-Península de Nicoya, Puntarenas-Islas del Golfo de Nicoya, Península de Osa) y del Caribe Sur (cantones de Limón y Talamanca), se han agrupado en el Frente de Comunidades Costeras organizado desde 2009 como espacio de articulación política para luchar por el respeto a su derecho de trabajar en el mar y habitar en la costa, y borrar el temer del desplazamiento gestado por el Estado, con el objetivo de abrirle paso a mega-proyectos turísticos donde los pobladores no tienen cabida; es así que este Frente de Comunidades Costeras impulsa mediantes movilizaciones callejeras y recursos en la vía formal un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para regular el uso de la zona marítimo terrestre de manera respetuosa a la naturaleza y sus habitantes, como parte de un derrotero más amplio por el mejoramiento de las vida en las comunidades, lo cual está dando nuevo tono en realidad a Costa Rica.
Los pobladores ancestrales de buena parte de los territorios de lo que hoy llamamos Costa Rica, son quienes libran cruentas batallas por el reconocimiento a su autonomía para determinar su destino; de esto son un vivo ejemplo los pueblos indígenas Teribe (comunidad de Térraba) y Cabecar (comunidad de China Kichá) que por años se han mantenido en pie de lucha contra la represa Proyecto Hidroeléctrico Diquís, que generaría una potencia eléctrica de 650MW/h y que afectaran directamente a 800 hectáreas de los territorios Térraba y China Kichá, mientras que de manera indirecta se afectará al pueblo indígena Bri Bri en las territorios de Salitre y Cabagra, y al pueblo Brunca en las comunidades de Rey Curré y Boruca, además se afectarán entre otras a las comunidades campesinas de Ceibo, Pilas y Ocochobi. La fase inicial de construcción iniciada el Instituto Costarricense de Electricidad -I.C.E.- (empresa estatal) se dio sin el consentimiento de los pobladores indígenas afectados, por lo que ante su malestar y con la presión al Estado costarricense por la visita en abril pasado de James Anaya, relator especial para pueblos indígenas de la ONU, se ha visibilizó la urgente necesidad de realizar una consulta al pueblo Térraba sobre la construcción del PH Diquís, pero además se ha abierto una nueva fase del conflicto debido a la discusión entre los indígenas y el ICE junto con otros entes estatales sobre la forma en que se debe realizar la consulta y el plazo para la misma, lo cual ha sido manipulado por estos segundos en evidentemente violación a la autonomía que se proclama según el convenio 169 del OIT ratificado por Estado costarricense, más aún a los pueblos indígenas este no se las «garantiza» debido al estancamiento de la propuesta de ley realizada hace más de 15 años para dicho concretizar las proclamas de autonomía que desde. La lucha indígena contra el PH Diquís es muy importante en el país más no la única, porque en el año que está finalizando también se desarrolló una lucha indígena igualmente por el territorio en el Caribe Sur, donde el pueblo indígena Bri Bri de la comunidad de Keköldi sufrió desalojos de su territorio por orden judicial con la acción de la policía ante la presión de un empresario que aducía ser propietario, dicha usurpación del territorio indígena ha sido permitida por una serie de modificaciones a la legislación que definió el territorio de Keköldi en 1977; pero ante la lucha de los Bri Bri por recuperar ¾ de su territorio de manos de no indígenas que contaron con la complicidad de instituciones estatales, se dio una fallo judicial el pasado 12 de setiembre que reconoce dicho tal derecho, con lo cual deben de restablecerse los territorios reconocidos en 1977 y ampliados en 2001 según la permanencia ancestral de los Bri Bri en el territorio de Keköldi mar adentro y Cocles en la costa. Pero las luchas por el respeto a la territorialidad autónoma de los pueblos indígenas son cada una particular y todas la misma en las diversas comunidades de los ocho pueblos que habitan el país (Huetar, Chorotega, Maleku, Cabecar, Bri Bri, Teribe, Brunca, y Ngäbe-Buklé), dando en realidad tan necesario color indígena a Costa Rica.
Es en ese mismo Caribe Sur donde se encuentra el territorio de Keköldi, donde durante el mes de noviembre se desarrolló por 22 días una huelga de trabajadores bananeros que laboran en la Finca #1 de la transnacional frutera Del Monte, que se ubicada en Sixaola, punto fronterizo con la comunidad de Guabito, provincia de Bocas del Toro, Panamá. Territorio panameño es de donde provienen los indígenas Ngäbes que son la mayoría de los trabajadores levantados en huelga, junto a migrantes nicaragüenses, y campesinos costarricenses migrantes internos. Estos trabajadores vieron violentados su derecho a un salario medianamente digno, al disminuirse de manera unilateral por la empresa el pago al trabajo realizado en una unidad de tierra, la negativa a pagar horas extra y las paupérrimas condiciones generales de los trabajadores; además como medida de presión de la empresa para desmovilizar la huelga, sufrieron el cierre del comisariato (tienda, mini-supermercado o pulpería) donde los trabajadoras adquieren los productos de primera necesidad. Pero todo esto fue superado con la constancia de los trabajadores en sus legítimos reclamos, la resistencia de sus familias al hambre durante 22 días de huelga y años de pobreza aguantados especialmente por la mujeres a cargo de la gestión del hogar y la crianza de los hijos así como de cultivar en la escaza tierra a la que generalmente acceden, también se superó con la solidaridad de organizaciones labores, indígenas y otras costarricenses y panameñas, que movilizaron víveres, asesoría legal, apoyo moral y político, este último manifestado por el sindicato de trabajadores de los puertos de Limón y Moín (públicos) que amenazaron a la transnacional frutera en no cargar los barcos con sus productor de continuar las violaciones laborales a los trabajadores bananeros de Sixaola. En este proceso podemos decir que lo fundamental fue la acción organizada de los trabajadores que con palos y machetes en mano se movilizaron en las calles de Sixaola, a lo cual se sumó la acción de sus representantes sindicales, que fueron los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Empresa Privada y Pública -SITEPP-. Y mediante negociación con la empresa lograron el compromiso para discutir y aprobar en enero próximo una convención colectivo, que es un contrato laboral colectivo con rango de ley, y así mejorar de manera firme las condiciones de vida de las familias trabajadoras, fortaleciéndose la organización sindical autónoma, que ha sido minada por décadas de políticas públicas y prácticas organizacionales anti-sindicales, por ejemplo con la acción del «solidarismo» (organización de los trabajadores no independiente de patronos) patrocinado por sectores conservadores de la iglesia católica, las cámaras empresariales y el gobierno central. Se abre la puerta de la esperanza para hasta ahora muy pequeño sindicalismo en el sector privado de la economía, y para reactivar la histórica organización sindical en las bananeras, que fue motor de las luchas populares gestaras de las reformas sociales en la década de 1940, que cambiaron el rostro del país. Es con más lucha que en realidad se podrá pintar de trabajo digno a Costa Rica.
La movilización organizada de los trabajadores no solo se ha dado recientemente en los campos bananeros del Caribe, porque también el pasado noviembre se ha presentado en la capital, a partir del incremento desmedido en el costo del derecho de circulación para el año 2012 que deben cancelar los propietarios de todo vehículo automotor en el país al estatal Instituto Nacional de Seguros -I.N.S.-, pago que incluye impuestos y un seguro obligatorio a responder en caso de accidentes; pero a los propietarios de motocicletas se le estaba imponiendo un aumento desmedido de alrededor del 40% en este pago, argumentado por el INS en el crecimiento de accidentes de los motociclistas; ante lo cual se organizo en cuestión de un par de semanas un movimiento de motociclistas, siendo la mayoría trabajadores autoempleados o tercerizados en labores de mensajería que prestan a empresas de todo, tipo principalmente en el gran área metropolitana de la capital. Este movimiento convocó a una primera acción colectiva, algo espontánea por cierto, que fue la manifestación callejera de cientos de motociclistas por las calles de la capital hasta concentrarse frente a la sede principal del INS, acción que no tuvo efecto inmediato, por tanto una semana después se realizó la convocatoria a otra acción de manifestación pública en la calle en la cual participó una cifra muy superior de motociclistas, quienes habiendo definido una comisión que los representara que contó con el acompañamiento del principal sindicato de trabajadores del sector público, la Asociación Nacional de Empleados Públicos -ANEP-, negociaron con los jerarcas del I.N.S. y de la Superintendencia de Seguros (órgano estatal rector del mercado de seguros) una disminución muy significativa en el costo del permiso de circulación 2012 para las motocicletas. Este movimiento si bien parece haber sido efímero al alcanzar su objetivo que consistía en realizar un pago a su juicio justo en el pago del derecho de circulación para las motocicletas, se presentó como un espacio de encuentro entre miles de personas que tenían como único factor común aparentemente ser propietarios de motocicletas, pero que en esencia la mayoría de personas movilizadas son trabajadores, individuos que conforman una clase social históricamente oprimida, y políticamente desorganizada; es por esto que el acompañamiento sindical a dicho movimiento puede valorarse como un esfuerzo por desplazar los esfuerzos sindicales del sector público y rescatar la organización de los trabajadores en cada espacio donde las condiciones laborales y de vida exijan lucha, o sea en todo lugar de Costa Rica.
La otra importante movilización laboral de noviembre fue la huelga de médicos especialistas en anestesiología, trabajadores de la Caja Costarricense del Seguro Social -C.C.S.S.- que durante 15 días paralizó cirugías y consultas en el sistema de salud pública, debido a que estos médicos adolecían de malas condiciones laborales con extensión irracional de jornadas de trabajo, insuficiente tiempo de descanso preventivo ante su manipulación de sustancias peligrosas, las malas condiciones estructurales, de equipamiento e incluso de higiene y seguridad en quirófanos; todo lo cual fue invisibilizado por la mayoría de los medios de comunicación del país, que hicieron hincapié en las miles de consultas y cirugías suspendidas que causaron una importante afectación a miles de asegurados de la CCSS; es esta huelga los anestesiólogos durante los últimos días estuvieron acompañados de cientos de médicos de otras especialidades que fueron convocados por el sindicato Unión Médica Nacional -U.M.N.- y apoyados por la Unión Nacional de Empleados de la Caja C.S.S. -UNDECA-. Finalmente esta huelga que tuvo su desenlace por la negociación entre representantes de la Asociación de Anestesiólogos y la U.M.N. con los jerarcas de la CCSS, estos últimos que por cierto se comportan como simples ejecutores de las directrices del gobierno de Laura Chinchilla. Esta huelga de los médicos anestesiólogos refrescó en el país las discusiones reabiertas el presente año sobre la crisis no solo financiera sino esencialmente en la gestión administrativa de la CCSS, siendo esto un reflejo de la profunda intervención política que tiene la seguridad social por los gobiernos de turno desde hace décadas; situación ante la cual desde hace tres meses se ha activado un movimiento de asegurados (usuarios de la seguridad social) que ha sumado el apoyo de parte de los sindicatos de trabajadores de la CCSS para conformar un frente de lucha común con el Comité Nacional de Rescate de la Seguridad Social -CONARSS- para defender la seguridad social usurpada por las acciones sistemáticas de corruptos gobernantes que se interesan en debilitar la institución para ampliar el mercado de la salud privada; ante esto se está gestando un movimiento popular que ha realizado acciones como plantones frente a empresas que adeudan a la seguridad social por lo menos $800 mil dólares cada una, así como una campamento frente a la sede central de la CCSS. Estos son tan solo parte de los esfuerzos por retornar el quehacer de la institución de la seguridad social a su eficiencia, cobertura y humanismo para la mejor atención en salud que es pilar para la calidad en la vida de quienes habitamos el país desde hace 70 años cuando se fundó la CCSS. Costa Rica necesita ser pintada en realidad con la salud de sus habitantes, cambio solo posible con la participación de los asegurados y trabajadores, y ahí entramos todos.
Gastos, ingresos y politiquería
Durante el año que está finalizando la actual administración del Estado, donde se encuentran bien posicionados los intereses de la burguesía local transnacionalizada, en el gobierno del P.L.N. que tiene a Laura Chinchilla a la cabeza, se ha hecho brillar al proyecto de ley para una reforma fiscal por fuerza de sus reflectores y con los del gran aparato mediático corporativo. Dicho «plan» es en realidad más tributario que fiscal, debido a su ensimismamiento en aumentar impuestos a ser pagados por la población, ya que aumenta de 13% a 14% el impuesto de ventas de los productos, y lo cambia en forma por el «impuesto del valor agregado», que en el fondo reduce a muy pocos productos las exenciones del hoy activos impuesto de ventas. Además, según estimaciones realizadas por altos funcionarios y hasta por académicos de universidad públicas [5], dicho plan haría percibir al Estado la mayor recaudación por concepto del impuesto de valor agregado (i.v.a.) que es un tributo de pago indirecto cargado a cada consumidor, mientras que la recaudación por impuestos a la acumulación de capital, que son de pago directo por la burguesía, no representaran un ingreso significativo, como lo es el impuesto sobre la renta; teniendo en cuenta esto dicho proyecto tiene un carácter eminentemente regresivo lo cual atenta contra la estabilidad económica de la mayoría de las familias. Dicha proyecto de reforma o «plan fiscal» está determinado por la necesidad real del Estado para aumentar su ingreso, ya que sin importar los esfuerzos que dice el gobierno han hecho por mejorar la recaudación, prácticamente la mitad del presupuesto estatal para 2012 fue cubierto con endeudamiento para así afrontar los gastos corrientes, lo cual en palabras del ministro de hacienda indica que «estamos financiando la comida con la tarjeta de crédito» [6], y a se suma lo indicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) [7] respecto a que Costa Rica cerrará este año con el mayor déficit fiscal de América Latina que corresponderá a 5.6% del PIB. Pero a pesar de tan fatídico panorama avizorado por gobernantes y especialistas, el proyecto de ley etiquetado como «de solidaridad tributaria» cuya aprobación parlamentaria parece ser urgentísima, cada día viene cosechando mayor oposición entre sectores económicos, políticos, académicos y de la población en general. Del primero se han opuesto segmentos de la burguesía que siempre intentan escabullirse del pago de impuestos, aunque se ve beneficiada por la actual propuesta tributaria por su carácter regresivo. La oposición política a este «plan» se han manifestado por todos los partidos políticos opositores en la Asamblea Legislativa integrados en la «Alianza por Costa Rica» que controla el directorio parlamentario, siendo de especial mención el trabajo políticamente comprometido e ideológicamente claro del izquierdista Partido Frente Amplio y su único diputado José María Villalta; pero en la opositora «Alianza por Costa Rica» se presenta la fundamental excepción del P.A.C., que por el deseo de algunos de sus dirigentes se ha alineado con el gobierno para promover y defender vehemente el proyecto de reforma tributaria, por lo que le ha ganado creciente antipatía entre sectores de sus votantes y de la población en general, desde donde se ha apodado este proyecto como el «PACquetazo fiscal». Este es muy conveniente para el gobierno debido porque le aleja los ataques de la opinión pública, y al mismo tiempo desgasta la imagen de su principal partido opositor (coyunturalmente aliado), lo que está debilitando la cohesión de su rival legislativo que es la opositora «Alianza por Costa Rica» donde participa el P.A.C., esto eventualmente le podría regresar al PLN su control del directorio parlamentario en mayo de 2012 una vez que haya aprobado el proyecto de reforma tributaria (¡y no fiscal!).
En la academia, por su parte, además de pronunciamientos de economistas destacados como Henry Mora, el martes 13 de diciembre el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica se pronunció en contra de aprobar el actual proyecto de «ley de «solidaridad tributaria», por lo cual aboga entre otros aspectos importantes por la integralidad de una reforma fiscal que es necesario, para lo cual el gobierno debe impulsar la construcción de un acuerdo social donde se defina con la participación democrática de los diversos actores sociales afectados una priorización del gasto y la inversión pública. Pero este martes 13 también se desarrolló con la participación de miles de costarricenses una manifestación por las principales calles de San José, que fue convocada por la Coordinadora Nacional de Lucha, que aglutina a todos los sindicatos de educadores, otros sindicatos y organizaciones sociales; esta acción masiva realizada a pesar de la lluvia caída desde primeras horas de la mañana le valió el comentario a la presidente Chinchilla que «no me parece que la oposición a este proyecto tributario esté creciendo» [8] y reconoció que el proyecto tributario es impopular, lo cual está asumiendo junto con el PAC para tener dinero con el cual terminar si gestión en 2014. Pero ante este proyecto los sectores populares estamos dispuestos pagar impuestos pero que sea de forma equitativa, lo cual implica derrotar este plan fiscal y generar un real acuerdo social respetuoso para las familias trabajadoras donde el Estado perciba más impuesto por un proyecto que rompa la regresividad de los impuestos actuales y de los propuestos por el PLN-PAC.
A modo de incitación
En el país que no es el más feliz del mundo, aunque haya un documento que diga lo contrario, las gentes sufren agresiones de sus gobernantes, capataces, iglesias y patronos, incluso de las mujeres de sus parejas y la población sexualmente diversa de la mayoría de la sociedad. Por lo tanto, después de los hitos de organización política popular de los años 2003 a 2007 contra el CAFTA, de las movilizaciones del 2000 contra la privatización de la electricidad y las telecomunicaciones, de la gran huelga magisterial de 1995, y de las movilizaciones estudiantiles contra el proyecto minero ALCOA en 1970, continúan gestándose movimientos arraigados en las más urgentes necesidades pero igualmente estructurales como lo son tener un salario decente, tener descanso, recibir pago por las horas extras, tener un pedazo de tierra para sembrar y habitar, o de costa desde donde salir y regresar después de pescar, todo para llevar el sustento a la familia sin los peligros a sus formas de vida que representan los mega-proyectos hoteleros-residenciales y la expansión de los monocultivos exportables; o también luchas por garantizarse el acceso al agua potable para consumo, y a tratar las aguas residuales, a vivir en un ambiente sano y equilibrado sin las amenazas de la minería metálica, por acceder a la educación pública, gratuita y de calidad desde el nivel preescolar hasta el universitario, y por gozar de una atención médica preventiva y reactiva de la calidad que solo un sistema de seguridad social sólido puede garantizar a una población creciente. Es entonces que a pesar del gobierno y sus políticas, entre ellas la exterior con una incipiente integración centroamericana y latinoamericana, y a pesar de las dinámicas opresivas de los mercados capitalistas mundiales, en «Costarríquica» nuestra tarea es construir dignidad, con la esperanza como principal insumo y en respuesta a la indignación que adolecemos.
Notas:
[1] Costa Rica lidera el «Índice del Planeta Feliz» pero el Reino Unido sólo alcanza la posición 74. New Economics Foundation, Inglaterra. Sábado 4 de Julio de 2009. Disponible en: http://www.neweconomics.org/press-releases/costa-rica-lidera-el-%C3%ADndice-del-planeta-feliz-04070
[2] ‘Costa Rica es el país más feliz del mundo, pero no es el paraíso’. Diario La Nación. Martes 25 de enero de 2011. San José, Costa Rica. Disponible en: http://www.nacion.com/2011-01-25/AldeaGlobal/NotaPrincipal/AldeaGlobal2661586.aspx
[3] Costa Rica, el país más feliz. BBC Mundo. Lunes 6 de julio de 2009. Disponible en: http://www.bbc.co.uk/mundo/cultura_sociedad/2009/07/090703_1920_indice_feliz_sao.shtml
[4] Etiqueta dada a los sindicatos patronales en Costa Rica.
[5] Mora, H. ¿Por qué me opongo al «plan fiscal». En Periódico Digital Nuestro País. Lunes 12 de diciembre de 2011. Disponible en: http://www.elpais.cr/frontend/noticia_detalle/3/59256
[6] Gasto público y economía global desafían crecimiento en 2012. Diario La Nación. Miércoles 14 de diciembre de 2011. San José, Costa Rica. Disponible en: http://www.nacion.com/2011-12-14/Economia/gasto-publico-y-economia-global-desafian-crecimiento-en-el–2012.aspx
[7] País culminará año con el mayor déficit de América Latina. Diario La Nación. Martes 13 de diciembre de 2011. San José, Costa Rica. Disponible en: http://www.nacion.com/2011-12-13/Portada/Pais-culminara-ano-con-el-mayor-deficit-fiscal-de-America-Latina.aspx
[8] Presidenta Chinchilla minimiza protestas contra Plan Fiscal. Telenoticias. Miércoles 13 de diciembre de 2011. http://www.teletica.com/videos.php?catvideo=0