En un comunicado oficial emitido por la Presidencia de la República el pasado 22 de junio, el Gobierno salvadoreño se autocomplace por los resultados de la actual gestión gubernamental en materia de salud materna de las mujeres, y en particular, destaca la reducción de la mortalidad materna de 71.2 fallecimientos por cada 100 mil nacidos […]
En un comunicado oficial emitido por la Presidencia de la República el pasado 22 de junio, el Gobierno salvadoreño se autocomplace por los resultados de la actual gestión gubernamental en materia de salud materna de las mujeres, y en particular, destaca la reducción de la mortalidad materna de 71.2 fallecimientos por cada 100 mil nacidos vivos en 2006 a 50.8 fallecimientos por cada 100 mil nacidos vivos en 2011. De acuerdo a este comunicado, esta disminución de esta tasa de mortalidad le ha permitido al país cumplir anticipadamente con el quinto objetivo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) acordados por Naciones Unidas.
Luego de detallar las principales acciones emprendidas por el Ministerio de Salud para aumentar la cobertura y la calidad de los servicios de control pre-natal de las mujeres embarazadas y la atención de partos, el comunicado concluye compartiendo el «gran secreto» del supuesto éxito de este gobierno en materia de salud materna. Citando declaraciones de la Vice Ministra de Salud, Violeta Menjivar, este secreto consistiría ni más ni menos que en la capacidad de los operadores de salud de seguir la sabia enseñanza que la vida les ha proporcionado: «si se lleva bien un embarazo no tiene por qué morirse una mujer embarazada».
Dicho en otras palabras, de acuerdo a nuestras autoridades de salud pública, la disminución de la tasa de mortalidad materna está en función exclusiva de que se garantice a TODAS las mujeres que quedan embarazadas el acceso a servicios de cuidado prenatal y a partos hospitalarios, sin importar sí las mujeres han planificado ese embarazo y/o sí desean interrumpirlo; tampoco importaría sí las mujeres necesitan interrumpir un embarazo, por razones de salud, como en los casos de cáncer, cardiopatías u otras condiciones médicas.
El nivel de irresponsabilidad de este comunicado alcanza tales dimensiones, que es necesario refutarlo en al menos tres aspectos fundamentales.
En primer lugar, es necesario que las autoridades de salud pública se informen adecuadamente en qué consiste el ODM 5, ya que de esta forma se podrán dar cuenta que la reducción de la tasa de mortalidad materna, no puede invocarse como prueba de haber alcanzado anticipadamente el ODM 5, ya que este indicador es solamente una de las dos metas que deben lograrse para el mejoramiento de la salud materna en un país. El comunicado de Casa Presidencial curiosamente omite la segunda meta, que dicho sea de paso, El Salvador está aún muy lejos de alcanzar, y que consiste en lograr el acceso universal de las mujeres a la salud reproductiva.
¿Qué implica el acceso universal de las mujeres a la salud reproductiva?. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la salud reproductiva es la condición de bienestar físico, mental y social vinculada al sistema reproductivo. La promoción de la salud reproductiva de las mujeres se traduce en la posibilidad de que las mujeres puedan gozar de una vida sexual segura y que decidan cuándo quieren tener hijos. En este sentido, supone el derecho de todas mujeres de un país a estar informadas acerca del funcionamiento de sus propios cuerpos y de los métodos anticonceptivos existentes. (Incluyendo los métodos de anticoncepción de emergencia), así como el derecho a acudir a los servicios públicos de salud para recibir atención especializada en casos de interrupción de embarazos, independientemente que sean voluntarios o involuntarios.
Esto nos remite a un segundo aspecto que debe refutarse en este comunicado gubernamental, y que consiste en la omisión de la estrecha relación existente entre la salud reproductiva de las mujeres salvadoreñas y los efectos negativos que sobre esta salud tiene la prohibición de todas las formas de interrupción del embarazo en El Salvador a partir del año 1998, y que le ha valido al Gobierno de El Salvador sendas observaciones y recomendaciones por parte del Comité de Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres (CEDAW), entre las que destaca su llamado a «facilitar un diálogo nacional sobre el derecho de las mujeres a la salud reproductiva, incluyendo las consecuencias negativas de las leyes restrictivas al aborto» (CEDAW/C/SLV/Q7).
El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas en 2010 también a pedido al Gobierno de El Salvador tomar la iniciativa en el proceso de reformas al Código Penal para hacerlo compatible con el Pacto de Derechos Humanos suscrito por el Estado salvadoreño y en particular, le ha solicitado: «tomar medidas para impedir que las mujeres que acuden a hospitales públicos sean denunciadas por el personal médico o administrativo por el delito de aborto. Asimismo, en tanto no se revise la legislación en vigor, el Estado parte debe suspender la incriminación en contra de las mujeres por el delito de aborto. El Estado debe iniciar un diálogo nacional sobre los derechos a la salud sexual y reproductiva de las mujeres».(CCPR/C/SLV/CO6)
La poca voluntad de la gestión del Presidente Mauricio Funes de cumplir con estas recomendaciones de los Órganos de Tratados del sistema de Naciones Unidas no puede menos que motivar a la indignación: ¿Cómo puede el Gobierno de El Salvador afirmar que se ha cumplido con el ODM 5 cuando cada año un número indeterminado de mujeres salvadoreñas que han experimentado un aborto espontaneo o un aborto inducido (en condiciones inseguras) no pueden acudir a los establecimientos públicos de salud por el temor a ser denunciadas, acusadas y condenadas a hasta 30 años de prisión por el homicidio agravado de un embrión o un feto?. ¿Cómo es posible que se sostenga ante la comunidad nacional e internacional que el país ha cumplido con el ODM 5 cuando cada año muchas mujeres que enfrentan embarazos forzados (por violación principalmente) toman la decisión de suicidarse como la única alternativa posible ante la imposibilidad de acceder a un servicio público de salud para la interrupción de ese embarazo en condiciones seguras y a recibir el apoyo médico, psicológico y emocional que necesitan para superar este trauma y seguir adelante con sus vidas?. ¿Con qué derecho los publicistas de Casa Presidencial le atribuyen a este gobierno un compromiso con el mejoramiento de salud reproductiva de las mujeres cuando es el despacho presidencial el principal responsable del bloqueo a cualquier iniciativa del Ejecutivo de acatar las recomendaciones del Comité de la CEDAW y del Comité de Derechos Humanos de la ONU sobre el tema de la despenalización del aborto, y ni siquiera ha permitido que el Ministerio de Salud promueva un debate amplio, informado y laico sobre los efectos de las leyes restrictivas al aborto sobre la salud de las mujeres? ¿Cómo puede la representación de Naciones Unidas en El Salvador, y en particular el Fondo de Población, avalar estas declaraciones oficiales, cuando tiene evidencia del profundo abismo que separa el discurso y la práctica de la salud sexual reproductiva en esta gestión gubernamental?.
Finalmente, el comunicado de casa presidencial tampoco menciona el tema del significativo aumento en los embarazos y partos de niñas y adolecentes en los últimos años. De acuerdo a cifras oficiales el 30%, de los partos que se atienden en la red pública de salud son de niñas entre 10 y 19 años, y una tercera parte de la mortalidad materna se ubica en este grupo de edades. Solo en el año 2010, se atendieron 1025 partos de niñas de entre 10 y 14 años, y algunos de estos, eran segundos partos. ¿Honestamente creen las autoridades de salud que El Salvador debe enorgullecerse de estos datos, y mostrar como un éxito en materia de salud reproductiva que estas niñas sobrevivieron a estos partos?.
La salud reproductiva de las mujeres requiere que sea abordada dentro de las políticas públicas gubernamentales con más seriedad, más responsabilidad y sobre todo, con más respeto. Sin estos ingredientes, difícilmente las mejoras en la cobertura y/o calidad en la atención de los embarazos y partos que se están realizando, se podrán reflejar en mejoras tangibles y efectivas en la salud reproductiva de todas las mujeres salvadoreñas. Esperemos que las mujeres que están al frente del Ministerio de Salud y del ISDEMU realicen sus mayores esfuerzos en los dos últimos años de esta gestión gubernamental para avanzar en la práctica (y no solo en el discurso) en el compromiso del Estado salvadoreño frente al cumplimiento del ODM 5.
Julia Evelyn Martínez es economista feminista salvadoreña y profesora de la escuela de economía de la Universidad Centroamericana «José Simeón Cañas» (UCA) El Salvador.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso de la autora mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.