Al proponer (se diría disponer) la fusión del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT) con el Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD), el presidente Luis Abinader contribuye a la reducción del Estado y a disminuir, de facto, los recursos destinados al sector Educación.
El anuncio fue precedido por una declaración del ministro de Educación sobre la escasa inversión en investigación pedagógica y en formación de docentes.
La propuesta y el anuncio reflejan la continuidad del saqueo. Cuantiosos recursos públicos son entregados al sector privado como contribución a la multiplicación de capitales.
Un caso palpable ocurre en la formación de docentes, tarea que se encomienda en gran medida a las universidades privadas mientras se reduce a la medida del tráfico de influencias la labor supervisora del sector público.
Ángel Hernández, un ministro privatizador, tiene la misión de continuar la gestión sin convertir el gasto en inversión para el desarrollo.
Para encubrir las ataduras y disfrazar la rivalidad por el direccionamiento de los recursos, Abinader nombró recientemente en el llamado Gabinete de Educación a la vicepresidenta Raquel Peña, también privatizadora y empresaria, comprometida con el servilismo y el atraso político en todos los órdenes.
Desde el año 2013 se asigna al Ministerio de Educación de República Dominicana, MINERD, un monto equivalente al cuatro por ciento del Producto Interno Bruto (para el año 2024, el presupuesto asignado sobrepasa los doscientos noventa y siete mil cuarenta y un millones). El MESCYT tiene otra asignación (más de 19 mil millones para el año 2024) porque es otro ministerio. Es obvio el objetivo de la fusión.
En reprochable y malintencionado maniqueísmo incurren analistas que reconocen como cierta la afirmación de Leonel Fernández quien, siendo presidente, afirmó que el aumento en el gasto, sin un plan previo, constituye un desperdicio.
No hay un plan, porque los grupos que controlan el Estado no se proponen superar el abandono a la población pobre. ¿Qué otra explicación existe, si los grandes problemas tienen manifestaciones inequívocas?
El compromiso con la preservación de la sociedad de clases impidió a Leonel Fernández impulsar desde la Presidencia de la República un proceso de transformación. No reconoce, desde su visión clasista, el acceso a educación de calidad como un derecho.
El conocimiento es una vía hacia la toma de conciencia. Para mantener la subordinación, la clase dominante convierte en privilegio el acceso a educación de calidad.
Leonel Fernández negó que fuera necesaria y urgente la ampliación del gasto, mientras Danilo Medina y Luis Abinader (no hay que adaptar la conjugación al pasado y al presente) se encargaron de coordinar la continua ausencia de calidad junto al aumento en el gasto corriente y en infraestructura sin llegar siquiera a satisfacer la demanda de aulas y de servicios.
Fernández, Medina y Abinader, como sus antecesores, pueden hablar de ausencia de planes o convertir en alimento para la politiquería el manejo de recursos para la educación sistemática, porque, como políticos del sistema y como empresarios, no se proponen franquear la vía hacia la toma de conciencia.
Han nombrado, frente al MINERD y al MESCYT, a politiqueros, no a funcionarios encargados de velar por el destino de los recursos públicos que son transferidos a entes privados.
¡No pueden cumplir con las flexibles normas de un sistema que acepta la participación de entes privados en un sector estratégico como es la educación!
Ángel Hernández es beneficiario directo de contratos con entidades públicas en cuya ejecución se reduce la supervisión a pura apariencia (es propietario de una universidad).
Cuando dice que las críticas a su gestión se originan en las aspiraciones de varios de sus compañeros de administrar los recursos que él administra, reconoce que las maquinarias politiqueras, impropiamente llamadas partidos, están compuestas por saqueadores de oficio.
Suscribe y dirige su declaración, aunque evade el costo político al no hablar, Luis Abinader, cuya familia es propietaria de otra universidad que ha hecho, durante más de tres décadas, rentables negocios con el Estado.
En el MESCYT, Ligia Amada Melo, Alejandrina Germán y Franklyn García Fermín, son viejos protegidos de la clase dominante, dirigentes de los mal llamados partidos y colocados siempre en situación de privilegio. Escándalos y sucios vínculos hay en el historial de cada uno de ellos.
En el MINERD, el gobierno de Danilo Medina mantuvo en los primeros meses (hasta el año 2012) a Josefina Pimentel, quien es dirigente de la Fuerza del Pueblo y está ligada a la Fundación Global, institución cuya sola mención sugiere los términos corrupción y saqueo.
Carlos Amarante Baret su sucesor, cuando llegó al cargo ya estaba desacreditado por su vinculación al dolo durante su manejo en otras instituciones. Andrés Navarro sucedió a Amarante y se declaró aspirante a la Presidencia de la República, postura desde la cual actuó como títere de su mentor, Danilo Medina. Antonio Peña Mirabal, figura de similar definición, cerró el ciclo de ministros del PLD.
En el actual gobierno se cita al muy desacreditado Roberto Fulcar, quien fue jefe de campaña de Abinader y está vinculado a manejos turbios, aunque protegido por el pacto de impunidad.
Con Ángel Hernández, se completa la lista de los ministros que han manejado la asignación presupuestaria del cuatro por ciento desde el año 2013.
Con el nombramiento de Raquel Peña en el Gabinete de Educación, se completa el proyecto de direccionamiento de recursos y coordinación de la mediocridad.
HAY QUE DENUNCIAR EL SAQUEO
Es necesario elevar el nivel de elaboración de la demanda de calidad y cobertura. Esto implica denunciar el dispendio y reclamar que el dinero sea utilizado para favorecer a la población.
Es deber de conciencia hacer un llamado a la Asociación Dominicana de Profesores y a los sectores conscientes de la población a exigir que no se reduzcan los recursos para el sector.
No es cierto que la cobertura para los niños y las niñas de nacionalidad dominicana es limitada por la presencia de haitianos.
A los centros públicos acuden los niños haitianos hijos de las víctimas de sobreexplotación.
¿Puede pagar escuela privada para su hijo un trabajador o una trabajadora cuyo salario le permite apenas sobrevivir? Según estadísticas oficiales, cerca de treinta mil menores haitianos estudian en centros privados dominicanos. El comportamiento, en este aspecto, es similar al de las familias dominicanas.
El gobierno no exige a los patronos garantizar el deprimido salario, pero les suministra la fuerza pública para las repatriaciones a conveniencia. Y viene la clasificación en documentados e indocumentados y el sello de ilegales para dar continuidad a la sobreexplotación, que es robo y es abuso.
Queda claro, pues, que el problema no es la presencia de los migrantes sino la acción de los saqueadores.
El plan cuya ausencia señala Leonel Fernández y cuya imposibilidad de elaboración dejan ver Danilo Medina y Luis Abinader es el proyecto de brindar educación de calidad a toda la población.
Esta realidad afecta a dominicanos de nacimiento y origen y a inmigrantes con la común condición de pobres.
LA IDEOLOGÍA DOMINANTE EN EL CURRÍCULUM OCULTO
“Todos los niños tienen derecho a crecer con un sueño por cumplir, con una infancia feliz e ilusionante y con sus derechos básicos”, dijo Nelson Mandela, el militante contra la exclusión que definió a la educación como “el arma más poderosa que se puede utilizar para cambiar el mundo”.
Citas como estas pueden encontrarse en documentos del MINERD o del MESCYT, pero, en los hechos, intentan coordinar la reproducción de la ideología de la clase dominante.
Cuentan los asientos ocupados por niños haitianos, pero disfrazan de sana colaboración la integración de cientos de técnicos y docentes extranjeros (cubanos y venezolanos, sobre todo) colocados en puestos directivos o integrados a las aulas sin tomar en cuenta su nivel de calificación y honrando el compromiso con el atraso político.
Declaran que se trata de elevar el nivel de la labor, pero se cumple una parte del compromiso de larga data con los viejos sustentadores del atraso político integrando los docentes y técnicos extranjeros a la mediocridad.
El criterio que prima es el oportunismo. ¡Y el retorcimiento de los politiqueros alcanza para decir que es educativo!
El racismo y el rechazo al ser humano en condición de pobreza son aprendidos en forma natural en las aulas y también fuera de ellas, pero en las aulas se elabora día a día su aparente fundamentación.
Esto da pena y vergüenza y debe mover a la acción.
El MINERD y el MESCYT son centros de dispendio y pagan favores politiqueros. No ejecutan la totalidad del presupuesto que cada año se les asigna, porque no atienden a las necesidades del sistema, que son muchas.
Al fundir los dos ministerios y propiciar un aparente proceso de descentralización, que disfraza el compromiso con la llamada alianza público-privada, es favorecido el negocio y despojado el Estado de una parte de su capacidad de control.
“La educación es como un árbol: se siembra una semilla y se abre en muchas ramas”, sentenció José Martí.
Esta afirmación del Apóstol de la Independencia de Cuba genera temor a la clase dominante y a sus servidores… Las posturas demagógicas distorsionan el concepto de calidad, que ha de ser inclusivo y profundamente humanístico.
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