La vuelta al cole, las elecciones regionales y el referéndum sobre la reducción del número de parlamentarios son grandes desafíos para un gobierno de coalición con disputas internas constantes
El primer ministro italiano Giuseppe Conte tras un consejo de ministros en agosto. FILIPPO ATTILI / GOVERNO ITALIANO
A finales de febrero los italianos fueron durante unas semanas los apestados de Europa. En algunos despachos del Norte se llegó a afirmar con cinismo que no era extraño que la covid-19 se hubiera difundido por debajo de los Alpes, reforzando los prejuicios sobre la escasa responsabilidad de los latinos y la mala gestión de la administración romana. Luego, todos se dieron cuenta de que se trataba de una pandemia e intentaron poner parches para evitar una hecatombe. Ahora, pasados más de seis meses, parece que Italia tampoco lo hizo tan mal: las medidas sanitarias consiguieron frenar el virus y las ayudas económicas y sociales –unos 100.000 millones de euros, en la línea de los mayores países de la UE– evitaron un desastre.
Desde agosto, los contagios van en aumento, como en todo el continente, pero los datos no son comparables, ni de lejos, con los de Francia y España: se rozan los 1.500 positivos diarios y el índice acumulativo de la segunda mitad de ese mes es de 23,6 casos por 100.000 habitantes. La misma observación es válida para las primeras consecuencias macroeconómicas de la crisis: el PIB del segundo semestre marcó un dramático descenso del 12,4% y la ocupación bajó un 2,3%, pero los indicadores de París y Madrid son aún peores. Además, aunque se perdieron medio millón de empleos, pese a la prohibición de los despidos, Italia se encuentra mejor que la media de la zona euro.
Dicho esto, no nos engañemos: en Italia, como en cualquier otro país, los próximos meses serán cruciales tanto desde el punto de vista sanitario como económico. Las previsiones de la Comisión Europea (CE) apuntan a una caída del 11% del PIB en 2020 y la ya abultada deuda pública podría superar el 160%. Además, ¿cuántas empresas cerrarán a finales de año? ¿Cuántos despidos habrá una vez que se acaben los ERTE? Preguntas que se repiten en todas las latitudes.
En el belpaese aflorarán las debilidades estructurales del sistema, las políticas neoliberales de las últimas dos décadas, los recortes en sanidad y educación… La partida clave será la del fondo de recuperación europeo.
¿Qué hacer con los fondos europeos?
En el Consejo Europeo del pasado julio, Italia obtuvo un paquete de 209.000 millones de euros entre transferencias y créditos, el más consistente, con diferencia, entre los países de la zona euro. Luego se ha aclarado que, en realidad, la cifra total es de 191.400 millones, de los que 63.700 son transferencias. Pas mal, de todas formas.
Hace unos días, el Gobierno italiano presentó un breve documento –el definitivo se entregará en enero– donde define los objetivos estratégicos en la utilización de los recursos europeos. La voluntad del Ejecutivo es enviar este primer borrador a mediados de octubre a Bruselas para pedir un anticipo del 10%, que podría llegar ya en primavera: unos 19.000 millones que permitirían un respiro. El resto tardaría más aunque, según los acuerdos, el 70% se debería invertir en el bienio 2021-2022 y el restante 30% en 2023.
Falta un proyecto serio de política industrial para un país estancado desde comienzos del milenio y cuyo PIB real en 2019 era todavía un 4% inferior al de 2007
En los seis apartados principales del documento se recogen, en buena medida, las líneas marcadas por la CE (digitalización, innovación, transición ecológica, formación, investigación, salud, etcétera) sin profundizar mucho. Parece más bien una carta a los Reyes Magos que espera resolver de un plumazo los problemas estructurales del país.
Así, propone reformas que se esperan desde hace dos décadas –fiscal, laboral, de la administración pública, de la justicia– e intervenciones para revertir los retrasos del país, desde las infraestructuras, la universidad, la competitividad de las empresas, las divergencias entre el norte y el sur o la lucha contra la evasión fiscal. El Gobierno italiano aspira, por ejemplo, a aumentar el PIB el 1,6% por año (en la última década el crecimiento anual ha sido un raquítico 0,8%), el empleo en un 10% y el número de licenciados en un 13% para alcanzar la media de la UE. ¿Buenos propósitos? Sin duda, pero poca concreción.
Falta, además, un proyecto serio de política industrial para un país estancado desde comienzos del milenio y cuyo PIB real en 2019 era todavía un 4% inferior al de 2007. La única noticia que muestra que algo se podría empezar a mover es la decisión de hacer llegar, por fin, la fibra óptica a todo el país mediante un acuerdo entre la empresa telefónica TIM y el banco semipúblico Caja de Depósitos y Préstamos.
¿Un gobierno débil?
Hasta aquí, se trata de cuestiones que, salvando las distancias, conciernen a todos los países europeos. En el caso italiano debemos añadir además una situación política bastante compleja. La coalición de gobierno entre el Movimiento 5 Estrellas (M5E) y el Partido Democrático (PD) no ha terminado de cuajar: el programa prometido hace un año, tras la rocambolesca crisis del ejecutivo nacional-populista de los grillini y la Liga de Salvini, no se ha concretado prácticamente en nada. Hasta tal punto que no se ha conseguido ni derogar ni reformar los decretos de seguridad de Salvini que criminalizan a las ONG que trabajan en el Mediterráneo. La percepción es que lo único que mantiene en pie al Ejecutivo es el miedo a que gobierne la derecha y la voluntad de aguantar hasta 2022, cuando el Parlamento elegirá al nuevo presidente de la República. “Meglio tirare a campare che tirare le cuoia” (Mejor ir tirando como sea que estirar la pata), decía Giulio Andreotti. Su lema sigue de moda.
No se ha conseguido ni derogar ni reformar los decretos de seguridad de Salvini que criminalizan a las ONG que trabajan en el Mediterráneo
Las divergencias y peleas son constantes: sobre el futuro de Alitalia y la fábrica Ilva, la mayor acería de Europa; la concesión de las autopistas a Atlantia, tema caliente tras el derrumbe del puente de Génova en 2018; la posibilidad de pedir el Mecanismo Europeo de Estabilidad (37.000 millones de euros) para la sanidad; y un largo etcétera. Cuesta pues vislumbrar algún tipo de proyecto compartido para relanzar el país. En cierto sentido, la pandemia ha puesto en stand by todo y, ahora que se deben tomar decisiones trascendentales, los roces vuelven a aparecer, aunque se intente esconderlos. Además, otro socio del Ejecutivo, el ex primer ministro Matteo Renzi, que en otoño rompió con el PD y fundó un nuevo partido, Italia Viva, juega a atizar la confrontación para tener mayor visibilidad mediática.
Nadie quiere abrir una crisis de gobierno e ir a unas nuevas elecciones, en las que, según todos los sondeos, ganaría la derecha. Menos aún el M5E, que acabaría diezmado, o Renzi que se quedaría fuera del parlamento. Además, el actual primer ministro, Giuseppe Conte, ha salido reforzado de la gestión de la emergencia y sigue siendo el político más valorado por los italianos, con un 60% de consenso, aunque ha perdido algunos puntos respecto a la primavera.
Su protagonismo ha molestado en la coalición de gobierno y sus relaciones con el que fue su valedor, el ministro de Exteriores, Luigi Di Maio, exlíder del M5E, se han deteriorado. Sin embargo, de momento sigue siendo intocable –sobre todo, tras el éxito en las negociaciones europeas– y fuentes de todos los partidos subrayan que el ejecutivo “está blindado”. Por miedo o por falta de alternativas. Pero, ya se sabe, que si se tira demasiado de la cuerda a veces se rompe. Sobre todo, cuando el gobierno tiene una mayoría muy ajustada en el Senado y un par de bajas o francotiradores –el grupo del M5E ha perdido más de 30 parlamentarios desde el inicio de la legislatura– podrían tumbar a Conte. Así que la idea de un gobierno de unidad nacional, presidido por el expresidente del BCE, Mario Draghi, sigue circulando. No está claro, sin embargo, quién lo apoyaría.
Draghi niega la mayor, pero su reciente intervención en el mitin de Comunión y Liberación en Rimini –donde habló de deuda buena y deuda mala– parecía un programa de gobierno.
Las elecciones regionales
Septiembre va a ser una especie de prueba del nueve para el ejecutivo. En primer lugar, está el frente de la vuelta al cole, con una situación que, a grandes rasgos, se parece a la de los demás países: el gobierno pagaría caro un fracaso en la gestión de esta cuestión. En segundo lugar, el 20 y 21 de septiembre se votará en siete regiones, y una derrota de los partidos del ejecutivo podría tener consecuencias nacionales. Según los sondeos, la derecha, que se presenta unificada, puede ganar por goleada. Mantendrá las dos regiones que ya gobernaba (Véneto y Liguria), se hará con el pequeño Valle de Aosta y puede arrebatarle al centroizquierda otras tres (Marcas, Apulia y Toscana). El PD tiene asegurada solo la Campania, donde el presidente democrático, Vincenzo De Luca, ganó protagonismo por la gestión de la emergencia del coronavirus y controla con mano izquierda las redes clientelares locales.
Perder la Toscana, gobernada desde siempre por la izquierda, supondría un terremoto en el PD y no se descarta, en ese caso, la dimisión de su secretario general, Nicola Zingaretti. De todos modos, aunque el centroizquierda consiga retener además de la Campania al menos la Toscana y quizás Apulia, gobernaría tan solo en cinco regiones sobre veinte. Palazzo Chigi [sede del gobierno] acabaría realmente sitiado.
A esto hay que añadir que el PD, M5E, Italia Viva y lo que queda de la izquierda –representada en el gobierno por Libres e Iguales (LeU)– solo han conseguido ponerse de acuerdo y presentar un único candidato en Liguria. En la mayoría de las otras regiones se hacen la guerra, a pesar de la voluntad de llegar a acuerdos progresistas mostrada por Zingaretti y el excómico Beppe Grillo, cuya opinión sigue pesando mucho en el Movimiento 5 Estrellas. El problema es que tanto dentro del PD como del M5E no hay una idea clara sobre cómo proceder. Por un lado, tras haber echado pestes sobre los grillini durante años, los democráticos se han convencido rápidamente de la necesidad de una gran coalición progresista para pararle los pies a la derecha. Realpolitik, se dirá. No cabe duda de ello, pero los sapos que se ha tenido que tragar el PD han supuesto un viraje de 180 grados sobre algunas cuestiones, algo que ha enfadado a muchos de sus votantes. Asimismo, el PD está dividido en muchas corrientes y, más que verse arropado en sus decisiones, Zingaretti ha tenido que protegerse de los continuos intentos de hacerle la cama.
Por otro lado, el M5E es una jaula de grillos en caída libre. El 32,3% obtenido en las legislativas de 2018 es un lejanísimo recuerdo: ahora los grillini pueden aspirar a un 15% a nivel nacional y en las regiones difícilmente llegarían al 10%. Además, la formación está sin un jefe político, tras la dimisión de Di Maio en enero, y espera a la celebración de un congreso que ha sido aplazado por el coronavirus. Al bloque formado por Grillo, los ministros del ejecutivo y la mayoría de los parlamentarios, favorables a convertir en estable la alianza con el PD, se opone un sector, liderado por Alessandro Di Battista, que clama por volver al Movimiento de los orígenes, tacha al PD de “casta”, y añora la alianza con Salvini. En medio está Di Maio que ha aprendido ya el arte del buen político democristiano: intenta debilitar a Conte, dice una cosa y la contraria y apuesta por recuperar el control del partido, presentándose ahora como el defensor de la alianza con el PD, tras haber renegado de ella hasta hace un par de meses.
Los ultraderechistas Matteo Salvini y Giorgia Meloni, que intentan desgastar al gobierno como sea –incluso dando alas a los negacionistas, al mejor estilo de Trump y Bolsonaro–, no pueden más que alegrarse y esperar a recoger los resultados. Sobre todo, la segunda que no para de subir en los sondeos, quitándole votos al primero. La Liga, de hecho, sigue siendo el primer partido, pero ha pasado del 34,3% de las europeas de 2019 a una intención de voto del 25% a nivel nacional. Pero, aun así, la Liga, Hermanos de Italia y una debilitada Forza Italia –con Berlusconi hospitalizado por el coronavirus– rozarían el 50% de los votos.
Un referéndum populista
Falta una última pieza para entender el rompecabezas italiano: el 20 y 21 de septiembre los italianos votarán también en el referéndum sobre la reducción del número de parlamentarios. Si gana el Sí, los diputados pasarían de 630 a 400, los senadores de 315 a 200 e Italia se convertiría en el país europeo con menos parlamentarios por número de habitantes. Según el M5E, que hizo de esta batalla su bandera, el Parlamento funcionaría mejor y el Estado ahorraría unos 25 millones de euros al año. Teniendo en cuenta que el PIB italiano es de unos dos billones de euros y que las ayudas europeas sumarán casi 200.000 millones de euros, se entiende que la batalla de los grillini contra la “casta” –de la que ya son miembros– no es otra cosa que populismo barato que debilita la democracia. Además, con la victoria del Sí, las minorías políticas se quedarían sin representación y algunas regiones, como Basilicata, casi desaparecerían en el futuro parlamento, al perder el 57% de sus representantes. La posibilidad de un giro autoritario a la Orbán no sería simplemente una pesadilla, sino una opción real en caso de que Salvini y Meloni ganasen las elecciones.
Que el M5E, un partido que nació gritando Vaffanculo [literalmente: a tomar por culo], defienda algo así no extraña. Lo que deja boquiabierto es que el PD se haya decantado también por el Sí. Tras haber votado, en tiempos del gobierno Salvini-Di Maio, tres veces en contra de la reforma en las dos cámaras, los democráticos cambiaron de parecer: fue una condición del M5E para que se formase el gobierno Conte II. Zingaretti se tragó el sapo, pero a cambio pidió una reforma más amplia que equilibrase la poda de parlamentarios: una nueva ley electoral proporcional, la modificación de las circunscripciones electorales para el Senado y la equiparación del electorado activo y pasivo en ambas cámaras (en Italia se debe tener 25 años para poder votar y 40 para ser elegido al Senado). De fondo, está la voluntad de superar el bicameralismo perfecto e introducir la moción de confianza constructiva. Sin embargo, hasta ahora no se ha hecho nada debido a las divergencias entre los aliados del gobierno y no está claro que se avance en el futuro.
El PD navega sin rumbo; el M5E sigue instalado en la duda existencial de si madurar o seguir en la adolescencia política; y a la izquierda no se la ve ni se la espera
En realidad, en el parlamento todos los partidos votaron a favor de la poda: solo 14 diputados votaron en contra. ¿La razón? Todos temían quedar mal ante los ciudadanos. No olvidemos que en Italia la antipolítica y la desconfianza hacia partidos e instituciones campa a sus anchas desde los tiempos de Tangentópolis. Luego unos cuantos diputados recogieron firmas para que la ley, que implica un cambio constitucional, tuviese que pasar por un referéndum que, finalmente, se postergó por el coronavirus y se juntó con las regionales. Y poco a poco han aflorado las voces críticas con una reforma que debilita la democracia, tanto entre los constitucionalistas y la sociedad civil como en el mundo político, desde el expremier Romano Prodi hasta el liguista Claudio Borghi. Berlusconi, Salvini y Renzi han optado por la libertad de voto y toda la derecha ve ahora la victoria del No –que está subiendo en los sondeos– como una manera de tumbar al gobierno, de forma similar a lo que pasó en 2016 con el referéndum de reforma constitucional propuesto por Renzi. Además, no hay quorum, así que todo puede pasar, aunque los sondeos confirman que la mayoría de los italianos se decantan por el Sí.
En síntesis, el PD navega sin rumbo, con un Zingaretti que se encuentra entre la espada y la pared; el M5E sigue instalado en la duda existencial de si madurar o seguir en la adolescencia política; y a la izquierda no se la ve ni se la espera. Mientras, la derecha –hegemonizada por Salvini y Meloni, amigos de Vox, Le Pen y Trump– cabalga lo que sea para volver al poder. Y en el fondo, nadie hace propuestas concretas para relanzar un país estancado, y los grandes debates públicos parecen limitarse a si diezmar o no el parlamento y, sobre todo, a si el empresario Flavio Briatore se queda en casa o no durante la cuarentena tras dar positivo por coronavirus. Todo esto en medio de una pandemia. ¿Qué puede salir mal?
Steven Forti. Profesor asociado en Historia Contemporánea en la Universitat Autònoma de Barcelona e investigador del Instituto de Historia Contemporánea de la Universidade Nova de Lisboa.