La ciudadanía francesa ha dicho no al Tratado de la Constitución Europea, con una diferencia de 10 puntos en relación al sí. Lo ha hecho, además, con una alta participación, de casi el 70%. En España hace tres meses, sin embargo, la abstención fue la nota dominante (cerca del 60%), por mucho que se quisiera […]
La ciudadanía francesa ha dicho no al Tratado de la Constitución Europea, con una diferencia de 10 puntos en relación al sí. Lo ha hecho, además, con una alta participación, de casi el 70%. En España hace tres meses, sin embargo, la abstención fue la nota dominante (cerca del 60%), por mucho que se quisiera resaltar entonces el triunfo del sí.
Leer y escuchar estos días en los medios de comunicación españoles a comentaristas y líderes de los dos partidos políticos mayoritarios resulta, cuando menos, decepcionante. Lo primero que reflejan es el posicionamiento bipartidista que desde hace años se ha instalado en dichos medios, haciendo un sobreesfuezo por dar a entender que la sociedad española es así de simple y uniforme. En segundo lugar, cada medio y cada partido quiere aprovechar la ocasión para fustigar a la otra parte, en ocasiones diciendo lo contrario de lo que defendían antes. Y en tercer lugar, ocultando, con frecuencia, información. Pero vayamos por partes.
El papel de los medios de comunicación en la conformación de una opinión pública uniforme y acrítica
¿Qué nos están ofreciendo los medios de comunicación en España? Pues que sólo existe el sí del PSOE y el sí del PP, pero que no existe el no. Los medios que están vinculados al PSOE distorsionan la realidad del no en Francia, vinculándola a una alianza «perversa» de la extrema izquierda y la extrema derecha, y advirtiendo, como si de una catástrofe se tratara, sobre las consecuencias del no francés en el futuro de la construcción europea. Ocultan, sin embargo, la realidad del sí y de la alta abstención que hubo en España en el mes de febrero. Los medios que están vinculados al PP se olvidan que este partido defendió el sí y que la derecha en Francia lo ha hecho sin rodeos. Los más cerriles, que defendieron el no en febrero como medio de castigo al gobierno, se sienten contentos por lo que puede ayudar a su principal objetivo. Airean los encajes de bolillos que los dirigentes del PP están lanzando sobre las relaciones del gobierno con tal o cual eje, apostando por un acerca
miento al gobierno del Reino Unido, el principal aliado de EEUU en Europa.
Los medios de comunicación españoles siguen ocultando a los grupos del no. Lo hicieron hace unos meses, distorsionando la diversidad y complejidad de la sociedad, y ahogando las opiniones de una parte, muy ricas y muy numerosas en argumentos. Y lo siguen haciendo tras el referéndum francés. Es cierto que existen medios alternativos (internet, folletos, revistas, etc.), pero minoritarios, inaccesibles para la mayoría de la población e indefensos ante el abrumador peso de las televisiones, las cadenas de radio y los principales periódicos. Quien defienda que estamos en un sistema político donde las ideas concurren en igualdad de condiciones, falta a la verdad. La pluralidad existente es puramente formal. Los principales medios de comunicación están en manos de grandes grupos de empresas, en su mayoría con lazos en mayor o menor grado con grupos de otros países, que tienen como objetivo crear una opinión entre la ciudadanía dentro de los valores del mercado hiperdesarrollado. La
s diferencias de opinión tienden a ser mínimas en los asuntos principales, que no son otros que los del dinero. Por eso las políticas económicas de los gobiernos, estén quienes estén ocupándolos, son las mismas. Las diferencias se dan sólo en los acentos, en los matices. ¿Y en el caso de la construcción europea? En todos los países los partidos principales, en el gobierno o en la oposición, defienden categóricamente el Tratado constitucional. La oposición ha provenido de algunos sectores de esos partidos, de los partidos más pequeños, de la gran diversidad de colectivos sociales existentes y de determinados sectores socio-profesionales que, por distintas razones, ven agredidos o en peligro sus derechos o modo de vida. Toda una amalgama de grupos y sectores que reflejan tanto la diversidad como la complejidad de las sociedades, por contradictorio que a veces sea lo que defienden.
Similitudes y diferencias en los sistemas políticos de España y Francia
Las diferencias en los resultados de España y Francia pueden ser, en cierta medida, explicables. Sus sociedades, con su composición y vertebración, son similares. Pero quizás una diferencia esté en la maduración política de la ciudadanía. Para explicar esto, a lo mejor habría que remontarse a los momentos y orígenes de la conformación de sus actuales sistemas políticos. Detengámonos un poco.
El sistema político francés, con sus remodelaciones, data de hace 60 años y fue producto del desenlace de una guerra que acabó con la derrota de las fuerzas políticas antidemocráticas y más o menos filofascistas. El valor de la democracia conquistada, heredera, aunque sea en forma de mito, de la revolución de 1789, ha estado presente tanto en la derecha como en la izquierda. Cada tendencia ha defendido su papel y cada cual ha actuado sin miedo desde sus planteamientos cuando ha afrontado retos importantes (crisis de Argelia, del 68…). Es cierto que los cambios sociales operados desde los años 80 han roto el mapa político y ha modificado la estructura social, haciéndola más flexible y más precaria a la vez, aunque lo segundo en algunos sectores de la población. Pero se ha mantenido viva una amalgama de grupos sociales y políticos, muy diversos, desde los sindicatos más tradicionales a los colectivos más modernos de diversa índole (ecologistas, antiglobalización, antirracis
tas, etc.), desde grupos políticos como el PCF (antes, prosoviético) hasta grupos trotskistas, que aportan a la sociedad una diversidad y dinamismo muy grandes. A ello hay que unir la conciencia que existe entre determinados sectores socio-profesionales (funcionariado, profesorado, estudiantado, mundo rural…), que han seguido manteniendo unos niveles de movilización por encima de la media de otros países de su entorno.
El sistema político español es más reciente. Va a hacer 30 años que murió el dictador y hubieron de pasar tres años para que se aprobara la actual Constitución, que, por cierto, teniendo resultados globales altamente favorables en el referéndum, tuvo un nivel de aceptación bastante menor en el País Vasco. Lo que se ha venido a denominar como Transición no fue más que un pacto entre los sectores más reformistas del franquismo y los más moderados de la oposición, lo que se plasmó en el reconocimiento de los elementos propios del modelo político liberal-democrático y de una organización territorial descentralizada, basada en las comunidades autónomas. El encaje de las piezas del modelo territorial ha seguido un proceso diverso: plano, en la mayoría de las comunidades (casi todas eran del «artículo 143», excepto Andalucía, que sólo se movilizó al principio para conseguir su estatuto) y arduo en Cataluña y el País Vasco. El nuevo sistema político se dotó de un instrumento, la le
y electoral, y nuevos agentes, los partidos. La ley electoral, que propicia el bipartidismo y favorece a las provincias menos pobladas (las tradicionalmente más conservadoras), hizo desaparecer a las formaciones más pequeñas, sobre todo de la izquierda más activa en la lucha contra la dictadura, forzando a sus miembros a integrarse en los partidos grandes, a refugiarse en los colectivos sociales de nuevo tipo o a irse simplemente a sus casas. Los partidos principales, por otra parte, se instalaron en el centro del sistema para gobernar bien en el conjunto del estado o bien en las comunidades autónomas creadas. Allá donde había reivindicaciones políticas nacionalistas (País Vasco, Cataluña y, en menor medida, Galicia), el mapa político se hizo más diverso y complejo, mientras que donde no las había, el mapa político se simplificó en un bipartidismo descarado.
Los años de gobierno del PSOE, que coincidieron con los cambios sociales habidos en el mundo occidental en la vía de la flexibilización y precarización, acabaron desorganizando y desnaturalizando a los grupos que habían surgido y combatido a la dictadura, desmovilizando al conjunto de la sociedad. IU fue un intento, en cierta medida frágil, por atraer a aquellos sectores de la sociedad descontentos desde presupuestos progresistas, bien los restos que quedaban del combate contra la dictadura o bien los más jóvenes, que crecieron con las movilizaciones de la OTAN, la corrupción o el terrorismo del estado. Pero IU acabó siendo víctima del sistema electoral, la presión creciente de los medios de comunicación y sus propios errores. Las cúpulas de los propios sindicatos mayoritarios acabaron integrándose en el sistema que les alimenta en gran medida, por lo que no resulta extraño que hayan pedido el apoyo al Tratado. Este panorama se rompe, en cierta medida, en Cataluña y el País V
asco, donde la diversidad política y social es mayor, y, por tanto, donde, los niveles de movilización social son más frecuentes, tienen más amplitud y gozan de un mayor influencia.
Las diferencias entre España y Francia en el posicionamiento ante el Tratado de la Constitución Europea
Empezando por España, y siguiendo diversas encuestas postelectorales , el electorado tendió a condicionar su opción durante el referéndum en relación a su orientación política, incluida la partidista. El electorado PSOE cerró filas en torno al sí para defender a su gobierno o, a lo sumo, se abstuvo para no dañarlo demasiado. El comportamiento del electorado del PP fue más complejo, porque se dividió entre el sí, como defendía su partido, el no, como le pedía el cuerpo para castigar al «gobierno enemigo», o, en una postura intermedia para conjugar su conciencia europeísta con su sentimiento antisocialista, se abstuvo. Donde el mapa político es diferente al del resto del estado, es decir, Cataluña y País Vasco, los resultados fueron distintos (como lo fueron también en el referéndum de la OTAN de 1986), al reflejar tanto su mayor diversidad y complejidad política (el factor nacionalista) como, y no dudo en decirlo, una mayor madurez también política. Por último está el caso de
IU, donde hubo también un reparto también en el comportamiento de su electorado: quizás el más moderado optara por el sí; el más ideologizado por la izquierda lo hiciera por el no; y el más distante y que no quiso hacer daño al gobierno frente a la derecha se abstuviera. ¿Qué papel jugaron los colectivos sociales o los sectores socio-profesionales? Pese a su papel activo, apenas tuvieron margen de maniobra, porque la ciudadanía quedó condicionada por su lealtad política o por una apatía cómoda que le permitía no castigar su conciencia y, de paso, hacer gala (algo muy hispánico) de su apolicitismo.
En el caso de Francia los resultados se ajustan más a lo que son las sociedades europeo-occidentales actuales y sus comportamientos colectivos diversos y complejos. El electorado ha tendido a reflejar en sus opciones las distintas concepciones socio-políticas que existen, incluyendo en ellas los intereses socio-profesionales inmediatos. Así se entiende que el electorado de los grupos mayoritarios de la derecha haya votado abrumadoramente sí, mientras que los sectores más extremos (los vinculados al Frente Nacional), claramente antieuropeístas, han votado no. La derecha francesa ha sido una de las protagonistas de actual modelo de construcción europea, el principal artífice de la elaboración del tratado constitucional ha sido un prohombre de ella, Giscard D’Estaing, y su principal base social de apoyo se ha encontrado en el conjunto del empresariado y buena parte de las clases medias, especialmente los de mayor capacitación profesional. Ha habido dos excepciones, el mundo d
e la agricultura y, en menor medida, el del pequeño comercio. Es decir, unos sectores con intereses socio-profesionales muy específicos que se verían perjudicados dentro de los parámetros marcados por el Tratado. En su conjunto, el electorado de derechas que ha optado por el no ha sido de un 45%.
El PSF se ha visto en una encrucijada. Su opción oficial por el sí partió en medio de una fuerte división interna en dos partes casi iguales, que reflejaba dos sentimientos en la izquierda más moderada: el más decididamente integrado en el sistema dominante, también protagonista del modelo actual de construcción europea, y el que plantea, al menos, dudas sobre el alcance del Tratado, poniendo el acento en el carácter poco social de su contenido. Es cierto que un antiguo líder moderado, Fabius, quizás por oportunismo, se ha erigido en uno de los principales portavoces del no, pero eso ahora no importa. En Francia todos los sindicatos, incluidos los mayoritarios (CGT o CFDT), al contrario que en España, han dicho no, lo que ha condicionado mucho el pronunciamiento del electorado. La amalgama socio-política de izquierda que ha defendido el no representa el 55% de esos votos y ha abarcado a sectores del PSF, al PCF, a los más a la izquierda grupos trotskistas, a sectores de lo
s grupos verdes y a los numerosos colectivos sociales de diversa índole. Socialmente esta amalgama la han compuesto los sectores asalariados, tanto los tradicionales, sobre todo de mayor edad, como los más modernos y de menor edad, acosados por la precariedad e inseguridad laboral crecientes. Todos ellos han visto, desde de su prisma diverso y singular, que el Tratado de la Constitución Europea lo que hace es consagrar un modelo de Europa, por un lado, hecho a la medida de las empresas, de las grandes, que además disponen de un aparato político-institucional difícilmente controlable por la ciudadanía; y por otro, insensible a los derechos sociales. Un Tratado que habla más de mercado que de solidaridad o que no garantiza derechos sociales iguales en todos sus países integrantes, tiene que generar grandes dudas, cuando no grandes rechazos.
Para concluir
Sacar conclusiones rotundas de lo ocurrido en España y Francia resultaría peligroso y, sobre todo, falto de rigor. Haberse opuesto al Tratado, como se ha hecho mayoritariamente en Francia, no significa decir no a Europa ni siquiera al proceso que hasta ahora se ha seguido. Se ha cuantificado que en ese país casi las tres cuartas partes de la población quieren profundizar en esa construcción. Han dicho no al Tratado y sus consecuencias. Las razones de esa oposición, además, son diversas y hasta contradictorias, aunque predominen las vinculadas a los planteamientos de la izquierda.
El sí en España, dentro de una abstención mayoritaria, no significa que la población en su mayoría haya apoyado al Tratado. Es algo que está por ver, porque las opciones elegidas en febrero (el sí, el no o la abstención) estuvieron, en gran parte, distorsionadas por otras motivaciones políticas (apoyar o castigar al gobierno). El grado de europeísmo de la población española tiene niveles elevados, pero no sabemos, por ahora, de qué formas es percibido y cuánto representan. Sin embargo, desde la izquierda resulta preocupante el bajo grado de articulación que ha existido entre los diversos grupos políticos y colectivos sociales, o la escasa capacidad crítica que han tenido los sindicatos mayoritarios. Y que cada cual sea responsable de lo dicho y hecho.