Anulada por el Tribunal Supremo y rehabilitada por el Tribunal Constitucional. Las papeletas de Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos (II-SP) estarán en los colegios electorales el próximo 7 de junio para las elecciones europeas. El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por II-SP contra la anulación, por parte del Tribunal Supremo, de […]
Anulada por el Tribunal Supremo y rehabilitada por el Tribunal Constitucional. Las papeletas de Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos (II-SP) estarán en los colegios electorales el próximo 7 de junio para las elecciones europeas.
El Tribunal Constitucional ha estimado el recurso de amparo presentado por II-SP contra la anulación, por parte del Tribunal Supremo, de su candidatura para las elecciones al Parlamento Europeo del próximo 7 de junio. Considera así que esta lista, encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre, puede presentarse a las elecciones cuya campaña comenzó a las 00.00 horas.
Para el Tribunal Constitucional (TC), los indicios en los que el Supremo se basó para ilegalizar la candidatura de Alfonso Sastre no demuestran otra cosa que la «coincidencia ideológica» entre Iniciativa Internacionalista-Solidaridad entre los Pueblos (IISP) y ETA-Batasuna, «pero no ponen de manifiesto una concertación de voluntades entre éstos y aquélla, ni mucho menos la asunción [por IISP] de métodos violentos como instrumento de actuación».
La decisión de permitir que IISP concurra a los comicios europeos fue tomada tomada al filo de las 23.00 horas por los seis miembros de la Sala Segunda del TC (Guillermo Jiménez, Vicente Conde, Elisa Pérez Vera, Ramón Rodríguez Arribas, Pascual Sala y Eugeni Gay, este último ponente).
El Constitucional advierte del «riesgo» de que, «confundiendo la ideología profesada por un partido y los medios defendidos o utilizados para promoverla, se termine por perjudicar a quien comparte esa misma ideología aun cuando no pueda demostrarse que la defiende por medios violentos».
En ese riesgo se ha incurrido con la ilegalización de IISP, afirma, dado que «las conexiones apreciadas se establecen con la sola referencia a la izquierda abertzale». «En nuestro ordenamiento no cabe excluir ideología alguna», insiste el TC, «ni por su contenido o sus fundamentos, ni por los medios de los que eventualmente quieran valerse quienes la defienden». Si esos medios son violentos, «serán inaceptables en cuanto tales, pero sin perjuicio alguno para la ideología a la que pretendan servir».
El Constitucional recuerda que el Estado debe defender el régimen de libertades «sobre la base de certidumbres basadas en datos acreditados», pero nunca a partir de sospechas que, «por razonables que puedan ser en términos políticos», «han de quedar descartadas como elemento de conformación de la voluntad del poder público». Ahí está, dice, «su fuerza legitimadora» y su «verdadera grandeza».
La sentencia destaca que, a diferencia de anteriores ilegalizaciones, no se han demostrado vínculos financieros o de apoyo material entre ETA-Batasuna y la lista IISP.
Y respecto a los elementos manejados por el Supremo (que acordó la ilegalización por 11 votos frente a cinco, entre éstos el del ponente, José Luis Calvo), ninguno tiene, según el TC, la «entidad necesaria» para privar a la candidatura cuestionada del derecho fundamental a la participación política.
Así, los documentos atribuidos a ETA demostrarían que concede relevancia a las elecciones europeas, pero no hay ninguna referencia, «ni siquiera remota», a IISP.
La relación de los promotores y candidatos con la izquierda abertzale (su participación en listas ilegalizadas, mítines y manifiestos) son «sólo acreditativas en principio de una inclinación ideológica que en absoluto puede merecer censura». Que Sastre movilice el voto que hubiera correspondido a Batasuna no tiene ni categoría de indicio porque «aquel voto es tan legítimo como pueda serlo cualquiera en un régimen democrático. No entenderlo así supondría cercenar gravemente el pluralismo político».
En este contexto de «insuficiente entidad probatoria de los indicios», ni siquiera es necesario considerar la cuestión de la condena de la violencia, que, además, «se ha verificado en la demanda de amparo», aunque no se hizo ante el Supremo.
Revés para Rubalcaba
El fallo supone un serio contratiempo y deja tocado al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, que había puesto mucho interés en defender públicamente esta ilegalización, mientras compañeros de Gabinete como el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, o el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, preferían guardar un prudente silencio.
Rubalcaba echó las campanas al vuelo el pasado sábado. Tras conocer la decisión del Tribunal Supremo aceptando su tesis de que se cerrara el paso a II-SP, argumentó que había «pruebas suficientes» para ello y reiteró que la lista liderada por Sastre «lo que pretende es sencillamente permitir la presentación de Batasuna a las elecciones».
«Batasuna y sus acólitos y marcas satélites tienen que reconocer que en democracia o se está con los votos o se está con las bombas, pero no con ambas», remarcó Rubalcaba, que tiene el apoyo entusiasta del PP.
El ministro de Interior parecía contar con la seguridad de que el TC validaría la decisión del TS, pero obvió que en este órgano ya se produjo un amplio debate y que cinco de los magistrados -incluido el ponente de estos casos- se desmarcó del criterio mayoritario. A la luz de las alegaciones presentadas por II-SP, crecieron las voces que afirmaban que no había motivo alguno para impedir que ejerciera su derecho a concurrir. Varios medios recordaron que Europa lleva tiempo vigilando este tipo de aplicaciones «extensivas» de la Ley de Partidos.
Pese a ello, la Fiscalía General del Estado y la Abogacía habían insistido en defender la ilegalización de esta candidatura hasta el último momento. En las alegaciones presentadas el miércoles, veían insuficientes las explicaciones de II-SP.
Así, la Fiscalía abundó en la afirmación de que la estrategia de II-SP constituía un mero «ardid de ETA» para tratar de llegar a Estrasburgo. Pese a que en la candidatura ni siquiera hay candidatos vascos salvo Alfonso Sastre, que está afincado en Hondarribia hace muchos años, el fiscal presentaba la candidatura como «sólo un ropaje formal, una mera instrumentalización de un objetivo: el de hacer que el entorno político de ETA siga manteniendo su presencia en las instituciones democráticas, en este caso en el Parlamento Europeo».
Sobre los candidatos, además de la vinculación que se hace entre Sastre y la número dos, Doris Benegas, la Fiscalía añadió datos como que la candidata Ángeles Maestro colgara un artículo en la web kaosenlared.net que indica que Iniciativa Internacionalista «defiende planteamientos plenamente coheren- tes con los posicionamientos ideológicos de la izquierda abertzale». Se da la circunstancia de que el Gobierno español ha argumentado en muchísimas ocasiones que la Ley de Partidos no persigue ideas, sino comportamientos delictivos.
«Presión brutal»
Iniciativa Internacionalista mostró su «altísima satisfacción» tras conocer el fallo del Tribunal Constitucional que le permitirá presentarse a las elecciones europeas, un hecho que «restituye» un derecho que fue menoscabado por la «presión brutal» ejercida por el Gobierno.
Según explicó a Europa Press el representante legal de II-SP, Luis Ocampo, lo que hecho por el Constitucional es acogerse a lo que ya había adelantado en un primer momento la Junta Electoral Central, que «en todo momento vio ajustada a la legalidad vigente» la candidatura.
«Desgraciadamente», recordó Ocampo, «un sector del Tribunal Supremo fue sensible a la presión brutal del Gobierno y decidió ilegalizar la candidatura». En opinión de II-SP, lo que ahora ha hecho el Constitucional es «restituir» su derecho «evidente y clarísimo» para concurrir en los comicios del próximo 7 de junio.
No obstante, Ocampo señaló que no tenían nada que agradecer al Constitucional porque para ellos era «impensable» que no pudieran recibir el «significativo» número de votos con los que esperan ser correspondidos en los comicios europeos.
Ocampo se pronunció así tras conocer que el Tribunal Constitucional había estimado el recurso de amparo presentado por II-SP al considerar que la lista encabezada por el dramaturgo Alfonso Sastre cumplía la legalidad.
Además, en un comunicado la coalición prometió luchar «con todas sus energías» para acabar con defectos del Estado como la corrupción, el colapso de sistemas públicos como el educativo y «el uso partidista de la administración de justicia y de las fuerzas policiales».
Antes de que el caso llegara a su fin, por la mañana II-TS salió a la palestra para «evidenciar que toda la persecución en su contra supone que en el Estado español no se cumplen los estándares mínimos de cualquier democracia». «En la época del segundo quinquenio de los 70 se hablaba de `búnker franquista’ y ahora podemos hablar de `búnker constitucional'», afirmó en una nota de prensa.
Su valoración incide en que el Estado español no puede considerarse como democrático por motivos de raíz y de desarrollo. Entre los primeros, recuerda que el actual Rey «juró como sucesor en función de las Leyes Fundamentales del Movimiento, estructura jurídica básica del régimen franquista».
Añade que «en el Estado español la separación de poderes es inexistente y además notoria». Y cita, en paralelo, que tampoco se cumple el requisito de respeto a las libertades fundamentales, toda vez que se cierran medios, se ilegalizan organizaciones o se prohíben manifiestaciones.
Siguiendo con su repaso, II-SP cita que además en el ámbito del Estado existen presos políticos, que no se cumple el principio de seguridad jurídica («lo que ayer no era delito hoy lo es, incluso con carácter retroactivo»), que lo mismo ocurre con la igualdad de los ciudadanos ante la ley y, por último, que las FSE mantienen un carácter «represivo».
«El régimen español recurre de una forma cada vez más intensa y extensa a la represión como forma de garantizar su continuidad -concluye el comunicado-. Esta vía tampoco le va a servir a medio plazo».
Comunicado de Iniciativa Internacionalista
«Este Estado tiene una fuerte presencia de elementos negativos: corrupción generalizada, ineficiencia institucional, colapso de diversos sistemas públicos, especialmente en la educación, uso político y partidista de la administración de justicia y fuerzas policiales…
Así como tiene un profundo déficit de cosas positivas, careciendo de: respeto por las libertades, protección de los derechos sociales, respeto a los derechos políticos y culturales de los pueblos, todo ello se ve agudizado por el marco de la crisis económica.
En síntesis, nos encontramos ante un sistema que está muy lejos de ser ejemplo positivo para nadie.
Esta candidatura va a luchar con todas sus energías para acabar con los defectos y superar los déficits, durante la campaña y después de ésta».
- Documento: Sentencia – Lee la sentencia del Constitucional. (PDF – 143,35Kb)