La iglesia católica ha respondido con exabruptos a la sentencia del tribunal de Estrasburgo que da la razón a la madre de unos alumnos que pidió a un instituto italiano la retirada del crucifijo de las aulas. El fallo no ha pasado desapercibido en el Estado español. La derecha y los integristas católicos no ocultan su nerviosismo, parejo a la incomodidad generada por la decisión en el timorato Gobierno del PSOE.
El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Tarcisio Bertone, optó por la táctica del chiste fácil para arremeter contra el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que sentenció la víspera que la presencia obligatoria de crucifijos en las aulas atenta contra la libertad de pensamiento, tanto de los padres como del alumnado.
«Lamentablemente, esta Europa del tercer milenio nos deja sólo las calabazas» típicas de la fiesta de Halloween y «nos quita los símbolos más estimados», denunció el alto prelado, confundiendo su propia estima, y posiblemente la de sus feligreses, con la que pueda albergar el resto de la población.
Bertone hizo suyos el «estupor y pesar» mostrado la víspera por el responsable de prensa del Vaticano, Federico Lombardi, quien consideró «sorprendente que un tribunal europeo intervenga tan duramente sobre una materia ligada muy profundamente a la identidad histórica, cultural y espiritual del pueblo italiano».
El tribunal de Estrasburgo da la razón a una ciudadana italofinlandesa que llevaba desde 2002 luchando para conseguir que fueran retirados los crucifijos de la escuela del norte de Italia donde estudiaban sus hijos.
Soile Lautsi culmina así una larga batalla que comenzó cuando pidió al instituto de la ciudad de Albano Terme (Padova) que retirara los crucifijos de su clase. Desoída su petición, acudió a los tribunales italiano que rechazaron su solicitud.
Herencia del fascismo
Los crucifijos están presentes en las aulas italianas desde la época fascista. El Vaticano no dudó entonces en negociar con el dictador Benito Mussolini el Pacto de Letrán (1929), que ponía fin a la pugna entre el Estado italiano y la iglesia católica dándole una preeminencia como religión oficial del Estado que, si bien fue anulada oficialmente, sigue vigente en la realidad.
Soile Lautsi ha contado en su larga pugna judicial con la ayuda de la Unión de Ateos y Agnósticos Racionalistas de Italia (UAAR), que calificaron la sentencia como una «victoria para la laicidad».
La sentencia de Estrasburgo recuerda que el crucifijo no es esencialmente un símbolo ético, sino que predomina su representación de la religión católica. De ahí se deriva que su exposición en las aulas vulnera el artículo 9 de la Convención de los Derechos Humanos, que protege la libertad de conciencia, religión y pensamiento.
Roma recurrirá la sentencia
El Gobierno derechista de Silvio Berlusconi anunció que recurrirá la sentencia y utilizó un tono similar al del Vaticano para criticarla. Un ministro llegó a asegurar que el Ejecutivo no retirará ningún crucifijo y el titular de Exteriores, el antiguo post-fascista Franco Frattini, espetó que el fallo «es un golpe mortal a Europa».
Si Estrasburgo admite a trámite el recurso -saludado efusivamente por el Vaticano-, el caso será revisado por la Gran Cámara, órgano superior al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En caso de que no sea admitido, la sentencia sería ejecutiva en un plazo de tres meses y el Comité de Ministros del Consejo de Europa (institución que reúne a los 47 estados del Viejo Continente) deberá, en un plazo de seis meses, decidir las acciones que deberá llevar a cabo el Gobierno italiano para acatar la resolución.
La Comisión de Bruselas se amparó en que el tribunal de Estrasburgo es un órgano del Consejo de Europa y añadió que la decisión de situar símbolos religiosos en los edificios públicos es una competencia exclusiva de los Estados miembros y que no hay actualmente en vigor ninguna legislación comunitaria al respecto.
Polémica española
La sentencia, que en principio afecta sólo a Italia aunque abre una vía para la interposición de recursos similares desde otros estados -previo agotamiento, eso sí, de la vía judicial de cada estado-, ha levantado una gran polvareda en el Estado español, donde la denuncia del padre de un alumno en Valladolid fue estimada por un tribunal, que ordenó por primera vez retirar los símbolos religiosos de las aulas.
Organizaciones que agrupan a escuelas religiosas españolas han mostrado su alarma, llegando a advertir de que «si ocurre algo similar en España, habrá que manifestarse con contundencia». Una responsable de estas organizaciones integristas católicas aseguró que «Italia no puede abandonar su fe, es el bastión del catolicismo».
En las antípodas, la Asociación España Laica se congratuló de que Estrasburgo «hace honor a su nombre» y exigió al Gobierno del PSOE, condescendiente como pocos con la iglesia católica, a que ordene la retirada inmediata de los símbolos religiosos de los edificios públicos, «poniendo punto final a este anacronismo».
El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aseguró que tendrá «en cuenta» esta sentencia en la redacción de la próxima Ley de Libertad Religiosa.
No obstante, en su práctica gubernamental, los «socialistas» se han negado hasta la fecha a hacer cumplir el principio de laicidad y ordenar la retirada de los crucifijos de los edificios públicos.
Satisfacción, petición y advertencia de la ACEL (laica) de Valladolid
La Asociación Cultural Escuela Laica de Valladolid (ACEL) se congratuló de la sentencia del tribunal de Estrasburgo y urgió a la Junta de Castilla y León y a la organización E-Cristians a que desistan del recurso presentado contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 2 de Valladolid, de 14 de Noviembre de 2008, referida al caso del colegio público Macías. En esta línea, ACEL recuerda que ambas sentencias contienen argumentos muy similares.
Si la Junta de Castilla y León no desiste del recurso, ACEL advierte de que está firmemente decidida a seguir hasta donde sea necesario, «sabiendo ya de antemano que -llegado el caso- el Tribunal Europeo de Derechos Humanos le va a dar la razón». Antes de llegar a ello, urge al organismo autónomo a que «deje de gastar recursos públicos intentando poner puertas al campo».
Finalmente, ACEL exige al Gobierno español que no se quede pasivo y ordene la retirada de los símbolos religiosos de los escasos centros públicos en que todavía persisten.