Islandia, un país de poco más de 300.000 habitantes, se ha convertido en los últimos cuatro años en una especie de icono para amplios sectores de la izquierda española, por haber protagonizado una sublevación popular frente al poder financiero tras el estallido de la crisis económica. El entonces primer ministro conservador fue procesado y condenado […]
Islandia, un país de poco más de 300.000 habitantes, se ha convertido en los últimos cuatro años en una especie de icono para amplios sectores de la izquierda española, por haber protagonizado una sublevación popular frente al poder financiero tras el estallido de la crisis económica. El entonces primer ministro conservador fue procesado y condenado por negligencia (aunque esquivó la cárcel), el pueblo votó en referéndum contra la pretensión de que los ciudadanos asumieran la carga de la deuda con la gran banca -sobre todo británica y holandesa-, se convocó un consejo popular seleccionado aleatoriamente entre los ciudadanos para redactar una nueva Constitución y, en las elecciones de 2009, subió al poder una coalición de socialdemócratas y verdesliderada por Johánna Sigurdardóttir, primera jefa de Gobierno abiertamente lesbiana de Europa.
Semejante cuadro no podía ser más estimulante para el progresismo español. En un artículo titulado «La derrota del capital financiero por el pueblo islandés», publicado el 20 de diciembre de 2011, el profesor Vicenç Navarro sostenía:
«Este desastre financiero fue el origen de una revolución popular que cambió el rumbo del país, hasta entonces gobernadas por elites familiares que habían controlado el poder financiero y político»
El 22 de marzo de 2011, José Antonio Pérez, de ATTAC, publicaba un artículo en que denunciaba el silencio de los grandes medios españoles sobre la «revolución» islandesa:
«Es la revolución de Islandia, donde se ha producido la dimisión de todo un gobierno en bloque, nacionalización de la banca, referéndum para que el pueblo decida sobre las decisiones económicas trascendentales, encarcelación de responsables de la crisis, reescritura de la constitución por los ciudadanos y un proyecto de blindaje de la libertad de información y de expresión»
Pero algo extraño acaba de suceder con esa revolución: en las elecciones generales del sábado pasado, los islandeses devolvieron al poder, por una mayoría abrumadora, a los mismos partidos conservadores causantes de la crisis, que formarán un Gobierno de coalición: el Partido de la Independencia y el Partido Progresista. «No creo que la gente sea tan estúpida como para votar por esos partidos«, había dicho poco antes de las elecciones el cantante popular Hordur Toraffson, uno de los activistas populares más famosos. La gobernante coalición progresista sufrió una debacle: Alianza Socialdemócrada cayó al 12,6% de los votos, frente al 29,7% de los anteriores comicios, y el Movimiento Izquierda Verde perdió más de 10 puntos porcentuales de apoyo hasta quedar en el 10,8% de los votos.
¿Qué sucedió para que la mayoría de votantes (la participación fue del 81,4%) fuera tan «estúpida»? Los análisis abundan y hay interpretaciones para todos los gustos. La mayoría coincide en que la situación de Islandia está mucho mejor que hace cuatro años en lo que respecta a los grandes indicadores: el crecimiento económico previsto para este año es de 1,9% (frente al 0,3% de la eurozona), el paro está por debajo del 5%, un crédito de 2.100 millones de dólares del FMI ha ayudado a amortiguar la deuda, el consumo doméstico se ha reactivado… Entonces, ¿por qué los islandeses han votado como lo hicieron?
El analista Steinar Macro, en un artículo publicado un par de días antes de las elecciones, ya daba las claves, que resumía en cuatro:
1. Unión Europea/Medios. La coalición gobernante apostó fiuertemente en la campaña por el ingreso en la Union Europea, sin calibrar bien la impopularidad actual de esa propuesta. Muchos islandeses -y en especial el poderoso lobby pesquero– desconfían de la UE. Uno de los empresarios pesqueros más poderosos compró a comienzos de la crisis la mayor corporación de medios de comunicación del país, que jugó un influyente papel como formador de opinión en las elecciones.
2. Constitución. El borrador de la Constitución popular fue aprobado en referéndum en octubre de 2012, con el 66% de los votos, pero con una participacion que no llegó al 50%. El Gobierno vio que no lograría aprobar la ley en el Parlamento al no contar con el apoyo de los partidos conservadores, y en vez de convocar elecciones en ese momento para salir del atolladero, aplazó el trámite parlamentario para la siguiente legislatura, lo que fue considerado una traición por muchos electores. El nuevo Gobierno conservador confía en que, con la ayuda de su maquinaria mediática, podrá desactivar al menos las partes más incómodas de la Constitución popular.
3. Negociación de la deuda. Los partidos progresistas llegaron al poder con la promesa de no negociar con los bancos acreedores extranjeros la enorme deuda (pública y privada), lo que implicaba que el país fuera llevado a juicio. Una vez en el Gobierno, sacaron cuentas y concluyeron que, si perdían en los tribunales, las costas supondrían cerca del 20% del PIB. Entonces aprobaron en el Parlamento una ley para negociar, a la que se opusieron los partidos conservadores (que, cuando estaban en el Gobierno, eran partidarios de negociar, y contaban con el rechazo de la oposicón progresista). Pero el presidente de la República se negó a firmar la ley y la sometió a referéndum, que tumbó la norma. La disputa llegó al tribunal de la EFTA (Acuerdo de Libre Comercio Europeo), que no encontró cargos contra Islandia. El pleito sigue abierto, pero la disposición a negociar por el Gobierno progresista fue considerada una traición por sus votantes.
4. Hipotecas. A raíz del estallido de la cisis y la salida del país de grandes capitales, la moneda nacional (corona) se devaluó en un 50%. Esto ha provocado un aumento de la inflación que ha tenido un gran impacto en las hipotecas, pues la mayoría está indexada al IPC. El Gobierno ha tomado medidas para aliviar la deuda de los hogares, y preveía reforzar esas medidas en la siguiente legislatura aporovechando las perspectivas de crecimiento, pero el mensaje no caló en los votantes. Por otra parte, el Gobierno ha sometido a un fuerte control de capitales a las inversiones extranjeras, lo que le iba a dar una importante capacidad negociadora sobre la quita de la deuda. Los partidos conservadores, en su lugar, han propuesto liberar los controles y promover a cambio una reducción concreta del 20% a las hipotecas indexadas, un mensaje que impactó mejor en los electores, sobre todo en los más ricos, que tienen casas más caras e hipotecas más altas.
Lo sucedido en Islandia abre muchos interrogantes. ¿Se ha derechizado la sociedad o hay que entender el resultado más en clave de castigo a la coalición gobernante por haber defraudado a sus votantes? ¿Se puede deducir que el pueblo ha perdido su rebeldía o, por el contrario, la ha reforzado al margen del signo político del partido en el poder? ¿Había otra salida a la encrucijada política? Son preguntas que merecerían una reflexión en la izquierda española que ha manifestado su admiración o interés por el fenómeno islandés.