Pese al interesante proceso abierto en el que coinciden diferentes hechos y actores como una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y legítimas protestas ciudadanas que lograron ya la dimisión y encarcelamiento de Roxanna Baldetti (ex vicepresidenta) y Otto Pérez Molina (ex presidente y militar acusado de graves violaciones de Derechos Humanos durante el conflicto […]
Pese al interesante proceso abierto en el que coinciden diferentes hechos y actores como una Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y legítimas protestas ciudadanas que lograron ya la dimisión y encarcelamiento de Roxanna Baldetti (ex vicepresidenta) y Otto Pérez Molina (ex presidente y militar acusado de graves violaciones de Derechos Humanos durante el conflicto armado) y pese al fuerte cuestionamiento hacia la clase política vista como corrupta e impune, las y los guatemaltecos acudirán a las votaciones del 6 de septiembre y le darán la victoria a partidos y candidatos de derecha y provenientes del podrido sistema político.
Los sectores sociales y populares, los sectores críticos que intentaron detener las elecciones o aquellos que no estamos de acuerdo con ellas, debemos reconocer que, independientemente del resultado concreto, el 6 de septiembre habrá una victoria del statu quo y de los políticos tradicionales.
Los votos a partidos minoritarios, los votos nulos, los en blanco o la abstención no podrá cambiar el voto de la mayoría que emitirá su sufragio por un candidato y un partido determinado represente del mismo statu quo que se ha aprovechado de la corrupción, privilegios e impunidad que ofrece este sistema y que no lo va a cambiar a menos que se le fuerce con medidas de presión populares.
En estas elecciones no habrán cambios sustanciales.
Pongamos por caso un escenario con poca participación para este proceso electoral: si en las elecciones de 2011 asistió un 70% de empadronados (más de 5 millones de personas) y ganó el «menos peor» con un poco más del 30% de empadronados, este año el porcentaje de votantes podría descender un importante 20%, es decir, que «sólo» llegara la mitad de los empadronados (3.75 millones de personas). Además, podríamos considerar que de esa cantidad, una tercera parte vote nulo o en blanco.
Aun así, todavía tendríamos que 2.5 millones de personas emitirán un voto válido por esos partidos representantes del sistema.
Esos 2.5 millones de personas repartirán sus votos mayoritariamente entre 3 candidatos a la presidencia y por los respectivos diputados y alcaldes de los mismos partidos, lo que representa en los términos que establecen las leyes electorales, una victoria legítima. Incluso podríamos pensar que los números se reducen todavía más y que solo un 20% de los empadronados emiten su voto por un candidato en particular, todavía así tendríamos una victoria igual de válida de acuerdo a las leyes y normas vigentes.
Esta es la trampa de las elecciones que no se pudieron cambiar pese a las importantes protestas ciudadanas o los recursos y demás acciones que intentaron frenarlas.
¿La razón? Un panorama con la izquierda dividida (para variar) y que no supo recoger y expresar las demandas populares. Es decir, una crisis política en la que los sectores sociales y populares fueron agarrados de improviso, sin partido y sin programa.
Ahora bien, si ese es un panorama bastante posible, ¿qué hacer después?
Esta es la pregunta que los sectores sociales y populares, críticos y de izquierda estamos obligados a contestar y enfrentar después de lo que pase este 6 de septiembre, en este panorama político fraudulento e ilegítimo, pero que se llevará a cabo dada la institucionalidad y las reglas existentes.
Es por ello que la opción es continuar protestando y tratando de hacer cambios efectivos que no van a pasar por las elecciones de este 6 de septiembre.
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