“A nivel nacional la elección fue muy buena (…) No tengo ningún interés en que salga ningún consejero del CNE” (Rixi Moncada, candidata a la Presidencia de la República por LIBRE)
Toda Honduras espera la declaratoria final de las elecciones primarias celebradas el 9 de marzo de 2025, prevista para el 8 de abril del mismo año. Los resultados muestran que la abogada Rixi Moncada sigue siendo la más votada con 520,434 votos válidos, superior en 35,931 votos a los obtenidos por Nasry Asfura del Partido Nacional y 230,056 votos del candidato Salvadador Nasralla del Partido Liberal (cifras oficiales del CNE del 26 de marzo a las 7:40PM).
El Partido Nacional ha obtenido el mayor número de votos, unos 630, 791 votos, superando a los otros partidos. Los pronósticos hablan que superará los 900 mil votos válidos, pero observa un decrecimiento si se compara con las internas de 2021, e incluso elecciones generales. En menor proporción, el Partido Liberal también decreció, no así el Partido LIBRE que muestra un crecimiento porcentual importante.
Se espera que los candidatos a la presidencia de la República por los tres (3) partidos en contienda, desde ya, busquen alianzas entre corrientes internas de cada partido, hablando incluso de alianza entre dos partidos, caso del partido nacional y partido liberal, con el propósito de enfrentar a LIBRE y su candidata. Pero, también, definan estrategias más agresivas para la conquista del voto independiente que representa más del 60% del padrón electoral.
Estas elecciones innovaron con la introducción de la biometría y trasmisión rápida de resultados, que cubrió el 62% de la votación con una alta conectividad arriba del 90%. No obstante, el conteo sigue en el CNE con 28,860 actas que presentan irregularidades. En la actualidad se están contando de nuevo los votos para concluir con el proceso y una declaratoria de elecciones, lo cual ha sido cuestionado por acumularse una “represa” de actas y votos a nivel central, que no debe suceder en noviembre próximo.
La votación ha tenido varios problemas y cuestionamientos. El primero es que hubo un retraso en la entrega de maletas electorales en cada uno de los municipios, si se compara con las fechas críticas establecidas en el cronograma electoral aprobado por el pleno del CNE. Esta es su responsabilidad, no de las FFAA, tal como se ha querido imputar por la oposición política.
El segundo, según manifestó la abogada Rixi Moncada, es que también hubo retrasos en el transporte de las urnas, ya que no se respetaron las garantías previas como el medio de transporte a contratar y características de los vehículos (más de 700 furgones y camiones), usando más de 100 buses de la ruta urbana. Supone que el responsable de la entrega tardía de las urnas y maletas electorales es el CNE, no las FFAA cuya responsabilidad no es la contratación del transporte, sino el resguardo del material transportado.
La pregunta de miembros de la oposición política y dirigentes del partido liberal, es donde estaban los custodios electorales (militares y civiles) cuando las urnas andaban paseando en busitos de la ruta urbana, lo cual implica la existencia de responsabilidad por el lado del receptor de estos materiales. Hubo además retrasos en la impresión de papeletas y poca visibilidad de indicadores de control y alarma frente al problema de la eventual entrega tardía de las urnas.
La oposición política argumenta también que la Fiscalía sigue investigando que pasó en Tegucigalpa y San Pedro Sula, donde hubo retrasos en la entrega de las urnas y material electoral de más de 10 horas, pero que al final llegaron y gran parte de los votantes se mantuvieron firmes esperando ejercer el sufragio. Esta es una gran lección que debe ser aprendida por los políticos, ya que la población tiene en el voto el único instrumento a su alcance para manifestar-en forma consciente- su conformidad o inconformidad sobre un candidato o partido político, más allá de la protesta pública.
El Congreso de la República ha conformado una Comisión para analizar estos retrasos que no se habían visibilizado en elecciones pasadas, donde es importante que se integren miembros de todos partidos políticos. Se cuestiona que la Comisión, frente a este problema de interés nacional, debió conformarse por el pleno para darle mayor validez, incorporando diputados que no aspiran a la reelección o no tienen posibilidades de ser relectos.
Se habla que, ambos resultados de investigación, serán determinantes para decidir si procede deducir responsabilidades a los involucrados sin excepción, sean Concejales del CNE, las FFAA y Transportistas, pero también a los llamados “terceros”, dirigentes de los partidos políticos que se benefician de estos retrasos y desnaturalización del proceso electoral. Los partidos de oposición, organizaciones de sociedad civil y Comunidad Internacional han brindado un voto de confianza a los Concejales, y el gobierno al jefe del Estado Mayor Conjunto, Roosevelt Hernández.
Es poco probable que el Congreso Nacional, tal como está conformado, decida destituir al pleno del CNE; no alcanzan los votos. Puede dejar constancia de correctivos para que los retrasos en la entrega de las urnas y material electoral no vuelvan a repetirse.
Un correctivo es aprobar una veeduría social que acompañe el trabajo de los miembros del CNE y las FFAA, integrada por miembros de la sociedad civil o connotados expertos nacionales en comicios electorales. Igual, debería hacerse público el cronograma para las elecciones generales, que posibilite el monitoreo de las actividades a realizar y los responsables. En realidad, separar a los miembros del CNE y FFAA generaría más incertidumbre al proceso, teniendo los partidos políticos y organizaciones de sociedad civil menor confianza y credibilidad. Se trata de motivar al votante, no de ahuyentarlo más.
Es decir que, las elecciones generales deberán celebrarse con la institucionalidad y actores o funcionarios actuales, en tanto los costos de su separación son más altos que los beneficios esperados por la sociedad.
Hay quizá, problemas que deben enfrentarse con reformas electorales de fondo. Los altos costos de las elecciones internas, superando los 2,100 millones de lempiras, con el relajo que se armó, es una ofensa para la población y ciudadanía. Un dato: En Honduras hay 1.5 millones de personas que padecen hambre, y esos recursos pueden ayudar a sacar gran parte de la población de esa situación de calamidad social. Estas reformas deben ser parte de las propuestas de campaña política de los candidatos a la presidencia de la República, no hacérselo es seguir beneficiándose de la piñata de fondos públicos sin resultados tangibles para el país y vida democrática. Las elecciones internas deben ser planificadas y financiadas por los propios partidos políticos, ejerciendo las instituciones públicas funciones de árbitro.
Llegó la hora para darle un espacio a las demandas de organizaciones de sociedad civil que exigen voto separado, segunda vuelta, voto en el exterior, reducción del número de diputados, desconexión y más autonomía del CNE, retiro de la FFAA como custodio electoral en transportes del Ejercito y mayor control social de las elecciones, entre otras reformas a la legislación actual.
Javier Suazo, economista hondureño especializado en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.
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