El empresario y exintegrante de la inteligencia militar hondureña Roberto Castillo Mejía, presidente ejecutivo de la hidroeléctrica Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), encargada de la represa hidroeléctrica Agua Zarca sobre el río Gualcarque, fue declarado culpable de ser el autor intelectual del asesinato de la líder ambientalista e indígena Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016, […]
El empresario y exintegrante de la inteligencia militar hondureña Roberto Castillo Mejía, presidente ejecutivo de la hidroeléctrica Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), encargada de la represa hidroeléctrica Agua Zarca sobre el río Gualcarque, fue declarado culpable de ser el autor intelectual del asesinato de la líder ambientalista e indígena Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016, y conocerá la pena de prisión el próximo 3 de agosto.
El veredicto del Tribunal de Sentencia, que decidió de forma unánime declarar culpable a Castillo, es «una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos», dijo Bertha Zúñiga, una de las hijas de la ambientalista.
La condena significa que «las estructuras de poder no lograron en este caso, corromper al sistema de justicia, y que la estructura criminal de la familia Átala Zablah, de la cual es instrumento el condenado David Castillo, no logró sus objetivos», indicó Zúñiga al leer un comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), organización del pueblo indígena Lenca.
El fallo determina que debe revertirse la concesión del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca porque está vinculado a estos hechos de violencia. Este fallo es el inicio o la prolongación de la demanda de justicia integral que debe alcanzar a todos los autores intelectuales del crimen, es decir, la familia Atala Zablah, propietaria de DESA, expresó Víctor Fernández, abogado acusador privado, quien destacó que los responsables de la ejecución del crimen de Berta Cáceres son los ejecutivos de DESA.
El empresario podría recibir una condena de entre 20 y 30 años de prisión, de acuerdo con fuentes judiciales, aunque el tribunal aún deberá precisar la pena, algo que ocurrirá a principios de agosto, y la defensa todavía puede solicitar la impugnación del fallo.El Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional declaró, por unanimidad, que Castillo fue el autor intelectual del asesinato.
Durante el juicio, la intervención y vaciados telefónicos fueron una de las piezas claves del Ministerio Público para demostrar la culpabilidad de Castillo en la muerte de la reconocida ambientalista. La fiscalía señaló que se trata de “un histórico fallo de culpabilidad de juicio oral y público”y que la causa sigue abierta.
El juicio duró cinco semanas y se presentaron más de cien pruebas, entre testimoniales y científicas, que demostraron la participación de los siete imputados antes, durante y después del asesinato. Asimismo, se procesó al investigador Juan Carlos Cruz y al expolicía Miguel Rosales por presentar pruebas falsas para tratar de desviar el caso durante las primeras pesquisas sobre el crimen de la ambientalista.
El crimen
Castillo Mejía, presidente ejecutivo de DESA, quien impulsaba la construcción de una represa en territorio de la etnia Lenca, fue detenido el 2 de marzo de 2018, y su juicio comenzó en agosto de 2020. DESA era la ejecutora del proyecto Agua Zarca, al cual Cáceres se oponía, y según la fiscalía fue lo que detonó el crimen de la ambientalista y líder del Copinh. La fiscalía argumentó que Castillo Mejía aportó logística y recursos y se coludió con el resto de los condenados para asesinar a la dirigente ambientalista.
Cáceres fue asesinada a balazos el 3 de marzo de 2016 en su casa de La Esperanza, tras pasar años recibiendo amenazas de muerte por su campaña para paralizar la construcción de la presa de Agua Zarca, infraestructura que, de construirse, destruiría bosques y territorios indígenas. En el ataque resultó herido un amigo de la ambientalista, el activista mexicano Gustavo Castro Soto.
En 2018 fueron condenados por su participación Sergio Ramón Rodríguez Orellana, gerente del área social de DESA; Douglas Geovanny Bustillo, exjefe de seguridad de la empresa y Mariano Díaz Chávez, miembro del Primer Batallón de Inteligencia (2015) y Mayor de las Fuerzas Armadas hasta su arresto. Asimismo, Edilson Atilio Duarte Meza, Óscar Aroldo Torres Velásquez y Elvin Heriberto Rápalo Orellana, los sicarios.
Henrry Javier Hernández, según las investigaciones, fue la persona que reconoció la casa de Cáceres y dirigió a los sicarios a cometer el crimen
El homicidio levantó una ola de protestas y fue condenado por la Organización de Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y Greenpeace, entre otras organizaciones. La maestra de 43 años, ganadora del premio Goldman, máximo galardón en materia medioambiental, pasó a engrosar así la larga lista de activistas asesinados en Honduras, escenario habitual de movilizaciones indígenas y campesinas en defensa de sus tierras frente a macroproyectos.
Por el asesinato fueron condenados en 2018 siete autores materiales –entre ellos un ex militar– que recibieron penas hasta de 50 años de reclusión. La sentencia fue apelada y debe ser analizada por la Sala de lo Constitucional, que determinará si se anula o se deja firme.
Una victoria popular
Por ello, su familia y el Copinh exigieron la cancelación «inmediata» del permiso de construcción «sobre el sagrado río Gualcarque» y se procese a todas las personas involucradas en «su ilegal y corrupta concesión». Exigen, además, el desmantelamiento de «redes criminales que actualmente persisten y que actuaron durante el juicio para promover la impunidad”.
COPINH señaló que el fallo condenatorio emitido por el tribunal significa que las estructuras de poder no lograron, en este caso, corromper al sistema de justicia, y que la estructura criminal de la familia Atala Zablah, de la cual es instrumento el condenado David Castillo Mejía, no logró sus objetivos.
Agrega que la causa no termina con esta resolución sino que se encamina firmemente a llevar ante la justicia a los autores intelectuales de este crimen, Daniel Atala Midence, José Eduardo Atala, Pedro Atala y Jacobo Atala y demás personas e instituciones involucradas. Asimismo, exige la cancelación inmediata de la concesión sobres el tío Gualcarque y se procese a todos los involucrados en ese ilegal y corrupto acto.
Desde en el campamento feminista Viva Berta en la ciudad de Tegucigalpa, recogen las palabras de Berta Cáceres, y reiteran “que la justicia la construimos los pueblos desde nuestra labor cotidiana, con la defensa de nuestros territorios, la realización de nuestros proyectos de vida y la lucha constante contra las desigualdades e injusticias”.
*Periodista venezolana, analista de temas de Centroamérica y el Caribe, asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)