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Surge acusaciones de corrupción sobre la aeronáturica EADS y la francesa de armamento Sofremi

Empresarios con las manos en la masa

Fuentes: IPS

Acusaciones de corrupción que pesan sobre dos empresas francesas, la aeronáutica EADS y la estatal armamentista Sofremi, y contra la firma alemana de telecomunicaciones Siemens, dejan al desnudo el alcance y el descontrol del fenómeno en la Europa rica. El organismo que regula la Bolsa de Comercio de París, conocido por las siglas AMF, involucró […]

Acusaciones de corrupción que pesan sobre dos empresas francesas, la aeronáutica EADS y la estatal armamentista Sofremi, y contra la firma alemana de telecomunicaciones Siemens, dejan al desnudo el alcance y el descontrol del fenómeno en la Europa rica.

El organismo que regula la Bolsa de Comercio de París, conocido por las siglas AMF, involucró este mes a altos ejecutivos de EADS, fabricante del avión de pasajeros Airbus, en operaciones en beneficio propio para las que utilizaron su conocimiento sobre información interna de la empresa.

Entre noviembre de 2005 y abril de 2006, estos directivos de la empresa vendieron alrededor de 10 millones de dólares de acciones, con una ganancia de unos 115 millones.

Los ejecutivos de la compañía se desprendieron de esas acciones antes de que se conociera, en junio de 2006, que las ganancias de EADS se reducirían a causa de su imposibilidad de entregar a los compradores, en el plazo convenido, el modelo Airbus A-380.

Esa información hizo que el precio de las acciones se derrumbara. En un solo día, el 14 de junio, los accionistas de la empresa perdieron 7.200 millones de dólares. Ahora su valor se encuentra 40 por ciento por debajo del que tenían en marzo del año pasado.

El principal comprador de los papeles de EADS entre noviembre de 2005 y abril de 2006 fue un banco del Estado francés, por lo que, en definitiva, fueron los contribuyentes de ese país quienes pagaron el alto precio de las acciones y sufrieron luego las pérdidas.

El informe de la AMF indica que las ventas fueron «simultáneas y masivas», y destaca que los ejecutivos acusados de la maniobra jamás se habían desprendido de acciones con anterioridad.

El organismo regulador señaló que unos 1.200 empleados están involucrados en esas transacciones, aunque concentró su atención en 21 altos ejecutivos y en los principales accionistas.

Entre ellos figuran el mayor accionista privado de EADS, Arnaud Lagardere, y dos ex presidentes de la firma, Thomas Enders y Noel Forgeard. Enders es hoy director de Airbus.

La AMF también considera que la venta de 7,5 por ciento de las acciones de EADS por parte de la automotriz alemana Daimler, el 4 de abril de 2006, se debió a su conocimiento de los problemas de la empresa, ignorados por el público en general.

La entidad reguladora de la Bolsa informó que entregó su informe a la oficina del fiscal que investiga el caso.

Pero una caída en la cotización de los papeles de EADS debió parecer inminente para el gobierno francés, dueño de parte de las acciones de la compañía. Ahora se lo cuestiona por no vender a tiempo y por permitir que un banco estatal comprara las acciones de Forgeard, Lagardere y los otros directivos.

«Sería oportuno que el Estado venda sus acciones ahora para beneficiarse del precio actual, que sólo toma en cuenta las buenas noticias de los ejercicios pasados» de EADS, escribió en un memorando en noviembre de 2005, citando los problemas de la compañía, un alto funcionario del Ministerio de Finanzas.

Pero fue Forgeard quien vendió, y también lo hicieron sus hijos. Lagardere se desprendió de siete por ciento de sus tenencias, por las que recibió 2.500 millones de dólares, pocas semanas antes del desastre del 14 de junio.

«Lagardere hizo una oportuna y jugosa ganancia a costa de sus empleados», dijo a IPS el dirigente sindical Hubert Prévaud.

Los acusados negaron los cargos. Enders y otros altos ejecutivos amenazaron con demandar a la AMF por haberlos involucrado en una maniobra ilegal.

Lagardere dijo que el informe del organismo regulador es «tendencioso» y señaló que la investigación no ha terminado todavía.

Mientras, altos ejecutivos del gigante alemán de las telecomunicaciones Siemens respiran aliviados, pues quedó sin efecto una investigación oficial por corrupción, gracias a un acuerdo extrajudicial por el que pagaron, a cambio, una multa relativamente pequeña.

En diciembre de 2006 se descubrió que la compañía había pagado sobornos a funcionarios de otros países para obtener contratos de obras públicas. Siemens admitió haber destinado 594 millones de dólares a esas «comisiones», pero las investigaciones elevaron luego esa cifra a unos 1.350 millones de dólares.

Un tribunal de Munich cerró el caso tras el pago de una multa de 284 millones de dólares.

Según Transparencia Internacional, «esa suma no se corresponde con las ganancias que Siemens obtuvo gracias a los sobornos».

El subdirector de Transparencia Internacional, Peter von Blomberg, dijo a IPS que «esa multa no puede considerarse una sanción. La compañía paga apenas una pequeña fracción de las ganancias que logró con las comisiones ilegales. Las empresas que recurren a la corrupción para hacer negocios deben ser castigadas con severidad».

«Nuestras leyes no permiten imponer una multa mayor», dijo Uwe Dolata, experto en corrupción de la Asociación Alemana de Investigadores de Delitos Federales.

La decisión del tribunal de Munich es aplicable sólo en Alemania. En Estados Unidos también está en curso una investigación del caso, pues las acciones de Siemens también cotizan en la Bolsa de Nueva York. Si la compañía es hallada culpable, la multa estadounidense será mucho más elevada.

En otra investigación, un tribunal francés inició el 8 de octubre las audiencias referidas a transferencias ilegales de armas, a través de un organismo estatal, con destino a África, especialmente a Angola, en 1993 y 1994.

Nueve personas están acusadas de recibir sobornos para alentar la operación, entre ellas el hijo del ex ministro del Interior francés Charles Pasqua.

En esos dos años, Angola compró armas por 633 millones de dólares a través de la estatal Sofremi, que exporta equipo militar y se encontraba en ese momento en la jurisdicción de Pasqua. Las ventas incluyeron tanques, cohetes, helicópteros y vehículos de combate y transporte.

Dos figuras clave, Pierre Falcone y Arcady Gaydamak, no responden las preguntas de los jueces.

Falcone, ciudadano francés, fue designado por Angola embajador especial ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con sede en París, por lo que cuenta con inmunidad diplomática y está exento de declarar ante el tribunal.

Gaydamak, que goza de ciudadía israelí, vive desde 2001 en Jerusalén y se negó a presentarse en las audiencias judiciales.