Durante la última cumbre de los jefes de Estado europeos, celebrada a finales de junio en Bruselas, el tema principal fue el desempleo que afecta hoy en día a 23 por ciento de la juventud, y que en España alcanza a 41 por ciento. La Organización Internacional del Trabajo había publicado previamente un dramático estudio […]
Durante la última cumbre de los jefes de Estado europeos, celebrada a finales de junio en Bruselas, el tema principal fue el desempleo que afecta hoy en día a 23 por ciento de la juventud, y que en España alcanza a 41 por ciento.
La Organización Internacional del Trabajo había publicado previamente un dramático estudio que daba cuenta de una generación perdida. Según sus proyecciones, la prevalencia de trabajos temporarios sin contribuciones sociales, significará que la generación actual se jubile con una pensión de 480 euros.
Después de una larga discusión, los jefes de Estado decidieron asignar 6.000 millones de dólares de fondos europeos a la lucha contra el desempleo juvenil. Y después de una reunión bastante más breve, aprobaron un paquete de ayuda a los bancos europeos cifrado en 60.000 millones de dólares, que se suman a subsidios generosos otorgados en el pasado: solo el Banco Central Europeo cedió un billón de dólares a los bancos a costo nominal.
Todos los esfuerzos para crear un sistema bancario europeo bajo un regulador único se congelaron en espera del desenlace de las elecciones alemanas de septiembre.
Como dijo un miembro de la delegación alemana: «Sabemos lo que tenemos que hacer: calmar a los mercados financieros. Pero no fuimos elegidos por los mercados financieros, sino por los ciudadanos alemanes». Y no se ha realizado ningún esfuerzo para explicar a los ciudadanos alemanes por qué es de su interés ser solidarios con los países más frágiles de Europa.
La democracia, como la entendemos hoy, se basa en líderes que siguen el sentimiento popular, a expensas de un sentido del deber que empuje a los electores hacia un mundo de desafíos y visiones.
Estamos ante una situación curiosa, en la que Europa hasta ahora no solo gastó centenas de miles de millones de dólares en sus bancos, sino que incluso invitó al Fondo Monetario Internacional (controlado por Estados Unidos) para que, junto con las instituciones europeas, maneje las crisis del continente.
En un acto de resistencia a Estados Unidos sin precedentes, Europa rechazó una exhortación de Washington a reducir la austeridad y adoptar políticas de crecimiento como las que, con éxitos comprobados, están aplicando la propia superpotencia y Japón.
El punto común del trío más poderoso del Norte (Estados Unidos, Europa y Japón) ha sido su falta de voluntad para controlar a los bancos y penalizar sus crímenes.
Los bancos centrales de todo el mundo se reúnen en el Banco de Pagos Internacionales, con sede en Basilea. Ahora, su Comité de Supervisión Bancaria lanzó una propuesta que aumenta la relación entre el capital de los bancos miembro y el volumen de operaciones financieras que pueden llevar a cabo.
Uno de los indicadores establece que los bancos deben mantener una reserva de capital de «alta calidad», compuesta por acciones y ganancias no distribuidas, equivalente a siete por ciento de su exposición crediticia, que sube a nueve por ciento para las instituciones gigantes.
No es precisamente una proposición revolucionaria, y es criticada como insuficiente por muchos analistas y reguladores.
Así lo confirma el hecho de que la Reserva Federal estima que entre 90 y 95 por ciento de los bancos con activos inferiores a 10.000 millones de dólares ya respetan esos parámetros. Pues bien, incluso esta propuesta levantó una ola de protestas por parte de muchos bancos, temerosos de las supuestas grandes dificultades que encontrarán a la hora de reunir capital.
Bajo el viejo capitalismo, ninguna empresa funcionaría sin el capital adecuado a sus necesidades. En cambio, aquí tenemos un sector económico que quiere jugar sin capital y espera que el Estado lo rescate cuando las cosas salen mal. Recordemos, entonces, algunas de las muchas veces que las cosas han salido mal sin que ningún responsable
haya terminado en la cárcel.
En abril de 2002, la agencia estatal reguladora estadounidense SEC condenó 10 bancos a pagar 1.400 millones de dólares de multa por actividades fraudulentas.
Pasado un año, la SEC descubrió que 13 de 15 entidades financieras investigadas al azar habían cometido fraudes.
En 2010, Goldman Sachs aceptó una multa de 550 millones de dólares para evitar un juicio por fraude.
En julio del año pasado, el Senado estadounidense acusó al banco británico HSBC de facilitar el lavado de dinero ilícito por parte de traficantes de drogas y otros criminales. La multa fue de 1.900 millones de dólares.
Unos meses más tarde, en noviembre del 2012, la SEC multó a la SAC Capital en 600 millones de dólares, y al banco británico Standard Chartered en 667 millones de dólares.
En febrero de este año, el banco Barclays anunció que pagaría unos 1.518 millones de dólares de penalidades por «transacciones ilícitas», y el mes siguiente Citigroup aceptó una multa de 730 millones de dólares por «vender inversiones basura a clientes desprevenidos».
Todos sabemos que la crisis que sufrimos (según los optimistas terminará en 2020, según los pesimistas en 2025), se originó en los 10 mayores bancos estadounidenses que decidieron vender bonos tóxicos certificados por las agencias calificadoras Standard & Poor’s (S&P) y Moody’s.
Los contribuyentes estadounidenses donaron 750.000 millones de dólares para salvar los bancos, y los británicos hicieron otro tanto a favor HSBC, Royal Bank of Scotland, Barclays y Northern Rock.
Entre 2003 y 2007, mientras se extendía el desastre financiero, los cinco grandes estadounidenses (Goldman Sachs, Merrill Lynch, Morgan Stanley, Lehman Brothers y Bear Stearns) pagaban 3.000 millones de dólares a sus ejecutivos, quienes en 2008 recibieron 20.000 millones de dólares al mismo tiempo que sus bancos sufrían pérdidas de 42.000 millones de dólares.
Todo esto fue certificado por S&P y Moody’s, que controlan 75 por ciento del mercado mundial.
Ahora, se le exige a S&P que pague 500 millones de dólares. Pero, ¿qué decir de los millones que perdieron sus puestos de trabajo? ¿Y los millones de jóvenes que no ven futuro alguno en sus vidas?
Es la misma historia de siempre: si robas pan, vas a la cárcel, si robas millones, no te pasa nada… y si robas millones en un banco, menos razón aun para preocuparse.
Entretanto, en la cumbre europea la prioridad sigue siendo la distribución del dinero de los contribuyentes, por mucho que se mantenga la retórica del desempleo juvenil. Al fin y a al cabo, lo que realmente importa a los líderes europeos es asegurarse la reelección…
(*) Roberto Savio es fundador y presidente emérito de la agencia de noticias IPS (Inter Press Service) y editor de Other News.