En medio de crecientes temores, las noticias que afectan al sistema bancario europeo complican aún más el panorama. Un nuevo escándalo sacudió a Italia al conocerse una resolución judicial por la cual se dispuso la confiscación preventiva de 245 millones de euros a la principal entidad financiera de la península, el Unicredit, por supuesto fraude […]
En medio de crecientes temores, las noticias que afectan al sistema bancario europeo complican aún más el panorama. Un nuevo escándalo sacudió a Italia al conocerse una resolución judicial por la cual se dispuso la confiscación preventiva de 245 millones de euros a la principal entidad financiera de la península, el Unicredit, por supuesto fraude fiscal. Al mismo tiempo, se informaba que Standard & Poor’s le rebajó la calificación a 24 bancos italianos, la mayoría de talla mediana, salvo BMPS y UBI Banca, ante la degradación de la situación económica del país. En tanto que la agencia de calificación de riesgo Moody’s rebajó la nota de la deuda española en dos niveles, a «A1».
La oleada de descalificaciones también amenazaba a Francia. Muy temprano, el ministro de Economía, Francois Baroin, aseguró que el gobierno haría «todo lo necesario» para conservar la nota triple A. «Es una condición necesaria para proteger nuestro modelo social. Haremos todo lo necesario para no ser degradados», manifestó. Por la tarde, la agencia Moody’s informó que mantenía la máxima calificación para Francia, pero que la mantendría sujeta a revisión durante tres meses, en función de los resultados de la evaluación «de los progresos del gobierno en la aplicación de las reformas».
La Fiscalía de Milán dejó ayer en situación seriamente comprometida al Unicredit, con relación a un «colosal fraude fiscal» que habría ocurrido entre 2007 y 2008, en una compleja operación en la que también está involucrada la entidad británica Barclays. De acuerdo con trascendidos, el banco italiano habría fraguado la realización de una inversión temporaria en títulos que se encuentra desgravada, para encubrir un préstamo gravado. El delito supone penas de 18 meses a seis años para los directivos que puedan ser encontrados responsables.
Moody’s le bajó la calificación a la deuda soberana de España desde el nivel Aa2 hasta A1, con perspectiva negativa. Una degradación de dos escalones que la agencia atribuye a la vulnerabilidad del país y su incapacidad para llegar a «una solución creíble de la crisis». Con este panorama, el domingo se reúne la Comisión Europea en una cumbre de la que debería salir un plan de acción para revertir la crisis financiera.
Fuente: http://www.pagina12.com.ar/diario/economia/2-179197-2011-10-19.html