Tegucigalpa, M.D.C., 8 de enero del 2015 Del escritorio de José Manuel Zelaya Rosales Su Eminencia ReverendísimaCardenal Oscar Andrés Rodríguez MadariagaCiudad del VaticanoSu Despacho Su Eminencia: Con todo respeto, me dirijo a Usted en relación a sus últimas declaraciones cuestionando la validez del socialismo democrático, como proyecto alternativo que hemos planteado, frente al brutal modelo […]
Tegucigalpa, M.D.C., 8 de enero del 2015
Del escritorio de José Manuel Zelaya Rosales
Su Eminencia Reverendísima
Cardenal Oscar Andrés Rodríguez Madariaga
Ciudad del Vaticano
Su Despacho
Su Eminencia:
Con todo respeto, me dirijo a Usted en relación a sus últimas declaraciones cuestionando la validez del socialismo democrático, como proyecto alternativo que hemos planteado, frente al brutal modelo económico social de explotación que se aplica en nuestro país con efectos oprobiosos en contra de miles de hondureños (as) que son cruelmente excluidos del modelo económico y sacrificados por escuadrones de la muerte o sicarios a sueldo.
Los organismos internacionales ya identifican los peligrosos indicadores de Honduras, cuando nos califican como uno de los países más empobrecidos de América Latina, el más violento del mundo y uno de los más corruptos. Me refiero a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Transparencia Internacional (TI). Las cifras de la OMS indican que la tasa de homicidios en Honduras es la más alta del mundo: 103.9 por cada cien mil habitantes. Sin que importe mucho la diferencia numérica en esta macabra disputa estadística con las cifras oficiales, debemos reconocer que vivimos en un clima de creciente violencia, inseguridad cotidiana y espanto colectivo.
La remilitarización del Estado hondureño, los abusos de poder y las constantes violaciones de los Derechos Humanos que evidencian la crisis en materia de seguridad así como la violencia que desangra nuestra sociedad, fue denunciada por la Misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su visita «in loco» a Honduras al final del año que acaba de concluir. El informe anual de «Human Rights Watch» (World Report, 2014) evidencia también la crisis.
Por todos estos hechos públicos y trágicos para nuestra sociedad, por quinto año consecutivo a partir del año 2010, se nos ha negado nuevamente el acceso a los fondos de la Cuenta del Milenio en los Estados Unidos de Norteamérica. Esta negativa aumenta el descrédito y la pérdida de confianza de la comunidad internacional. Así lo demuestra la carta enviada por más de cien congresistas norteamericanos, que se pronunciaron en 2014 protestando por las violaciones a los DDHH, la represión militar contra los diputados en el Congreso Nacional y el estado de coacción que vive el pueblo hondureño.
La deuda pública aumentada irracionalmente en estos últimos 5 años, es inmoral e impagable. En el año 2014 cerramos la economía con una deuda que asciende a casi los 9 mil millones de dólares, sin considerar la deuda flotante, y junto a esta escalada de endeudamiento se ha impuesto al pueblo hondureño más de nueve ajustes fiscales («paquetazos», como los llama el pueblo) que superan los 15 mil millones de lempiras anuales en nuevos impuestos. Estas cifras eran impensables hace 5 años, a inicios del 2009, cuando la deuda era apenas del 17% del PIB.
La Ley de la «Tasa de Seguridad» es un nuevo y oneroso impuesto de más de 2 mil millones de lempiras, de los cuales no se rinden cuentas a nadie. Se ha perdido la trasparencia en el manejo de los fondos públicos. El saqueo de más de 5 mil millones de los fondos de los beneficiarios del Seguro Social continúa impune ya que los verdaderos responsables están protegidos por tratarse de grandes proveedores o políticos de alto rango del Partido de Gobierno. La ley que permite la secretividad del quehacer estatal, aprobada recientemente, NO tiene otro fin que no sea el de ocultar las cuentas de los altos funcionarios y promover la opacidad en el manejo de los fondos y los asuntos públicos. Esa ley de secretos modificó arbitrariamente la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información Pública aprobada en mi administración.
Todos los ingresos extras administrados ahora de forma secreta y generados por los infames ajustes o «paquetazos» que con tanto sacrificio paga el pueblo hondureño, al igual que la política de devaluación permanente del lempira frente al dólar, resultan insuficientes para satisfacer los caprichos superfluos del actual gobernante, siempre dispuesto a la compra de aviones de lujo y armas, así como al mantenimiento de una sostenida y millonaria campaña política y publicitaria en su beneficio personal. Estos nuevos ingresos deberían servir para sacar de la miseria y enfermedad a miles de niños y jóvenes que se encuentran sin empleo y sin educación, y no para satisfacer los caprichos personales del Presidente de la República.
La inseguridad, la crisis económica y la falta de oportunidades que hemos denunciado de manera constante, han contribuido a generar el doloroso éxodo infantil que conmovió al mundo ya que se puso en evidencia la gravísima crisis humanitaria en la frontera sur de los Estados Unidos de Norteamérica. Asimismo ha aumentado las migraciones, y como consecuencia las deportaciones crueles de que son víctimas los indocumentados e «ilegales». Tan sólo por la vía aérea, es decir desde Estados Unidos, el año pasado llegaron como repatriados más de 36 mil compatriotas y los deportados por la vía terrestre, es decir desde México, duplican con creces esa cantidad.
¿Y qué deberíamos decir sobre las privatizaciones de los servicios públicos y los despidos laborales masivos, disfrazados como «suspensiones», y de las innumerables violaciones a los Derechos Laborales de los trabajadores del campo y la ciudad, incluida la sostenida represión contra el magisterio nacional, cuyos derechos han sido cercenados al igual que al sector sindical? Nunca como ahora, la clase trabajadora hondureña había sido sometida a tanta persecución, humillación y violaciones, sin protección alguna del Ministerio del Trabajo y de las autoridades responsables de la tutela de esos derechos.
Su eminencia, en nuestro país se desarrolla un lento pero creciente proceso de construcción de una dictadura institucional, cuyas consecuencias desde ya las estamos sufriendo. Las demandas del pueblo por cambios estructurales intentan detenerlas mediante la amenaza, el chantaje, la persecución, la limitación del debate abierto y tolerante sobre las ideas y el control de las instituciones y poderes del Estado; en el intento de implementar un sistema único y hegemónico sobre el desarrollo, que asfixia el libre pensamiento.
El Congreso Nacional, recientemente aprobó de forma arbitraria decenas de leyes orientadas a reforzar la base supuestamente «legal» de la nueva arquitectura jurídica que requiere la dictadura en ciernes. Leyes como la de Escuchas e Intervención de las Comunicaciones privadas de los ciudadanos, al más puro estilo de los regímenes totalitarios y policíacos; la Ley Antiterrorista; la ley contra las denominadas «conspiraciones» y otras que dan fuerza y «normatividad» a la remilitarización del Estado.
Estas leyes todas fueron aprobadas en sesiones de dudosa legalidad, a la velocidad del rayo, sin siquiera dar oportunidad para un remedo de debate público. Es evidente que el gobernante actual, abusando de su condición de Presidente del Poder Legislativo en el gobierno anterior, utilizó su alto cargo para preparar el camino hacia su mandato personal, tan autoritario como fraudulento.
En su delirio y afán de poder, el actual gobernante Juan Orlando Hernández y sus principales colaboradores han llegado a plantear el continuismo presidencial de manera descarada, para que sea la Sala Constitucional, impuesta durante el año anterior de forma ilegal y corresponsable de autorizar la venta del territorio nacional a través de las llamadas Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs); la que habilite el reeleccionismo continuista, en una abierta y nueva violación de la Constitución, Negando al pueblo su derecho a ser consultado en un plebiscito o referéndum (consulta popular) tal como lo manda la Ley fundamental de la República.
Reverendísimo Cardenal: su estadía en Roma puede ser una oportunidad única para informar al santo Padre sobre la trágica realidad que vive nuestro pueblo y sobre la difícil situación que todos enfrentamos. Estamos a tiempo de detener el retorno de épocas oscuras y terribles donde quienes se atrevieron a luchar por la verdad murieron torturados. Usted es el sacerdote cristiano que me enseñó la moral de decir siempre la verdad, sin medir el costo o beneficio involucrados, pero también me enseñó a defender el sagrado derecho a la vida como don de Dios y base fundamental de la existencia humana. Por esas enseñanzas pido respetuosamente a la Iglesia Católica que rompa el silencio y haga la diferencia con sus principales prelados y representantes.
Asimismo, en atención a la nueva visión que se advierte en El Vaticano y tomando en cuenta el origen latinoamericano del nuevo Papa, conocedor profundo de nuestros dramas y tragedias en América Latina, estimo que su Eminencia si no lo ha hecho debe informar, al Santo Padre sobre el escarnio y sufrimiento que está viviendo la sociedad hondureña.
Ruego a su Eminencia prestar atención a esta Carta Pública, que la hace este servidor con la mejor intención y en respuesta a sus recientes declaraciones de prensa. Le pido actuar en consecuencia con su alta investidura y aprovecho esta ocasión para presentar a Usted las muestras de mi más alta y distinguida consideración.
José Manuel Zelaya Rosales
Ex Presidente Constitucional de Honduras
2006-2010