El AIVD estaba investigando una filtración de datos clasificados. Los abogados del organismo declararon que apelarán la sentencia, dejando abierta la pregunta sobre los límites legales de su trabajo. El 28 de marzo pasado, el periódico De Telegraaf publicó un reportaje en el que se aseguraba que en el 2003 los servicios secretos entregó información […]
El AIVD estaba investigando una filtración de datos clasificados. Los abogados del organismo declararon que apelarán la sentencia, dejando abierta la pregunta sobre los límites legales de su trabajo.
El 28 de marzo pasado, el periódico De Telegraaf publicó un reportaje en el que se aseguraba que en el 2003 los servicios secretos entregó información falsa al Gabinete, mientras éste estudiaba la decisión de apoyar o no la invasión a Iraq, liderada por Estados Unidos.
El artículo del Telegraaf contenía información clasificada que la periodista habría recibido de un informante del servicio secreto. Después de la publicación, el AIVD comenzó a investigar la filtración, lo que incluyó la vigilancia de la periodista Van der Graaf y la interceptación de su teléfono personal. También se intervinieron las llamadas del redactor jefe del diario, Sjuul Paradijs, y del redactor jefe Joost de Haas.
Vigilancia ilegal
De Telegraaf presentó una denuncia por vigilancia ilegal contra el AIVD, destacando que este tipo de medidas sólo se pueden tomar cuando existe una inminente amenaza a la seguridad nacional. Dado que los documentos publicados corresponden a acontecimientos de hace muchos años, los abogados del periódico sostenían que no se puso en peligro la seguridad del Estado. Ayer jueves el juzgado falló a favor de la periodista Van der Graaf.
La denuncia contra el servicio secreto contó con el respaldo de la Sociedad Holandesa de Periodistas. Arendo Joustra es miembro de esta agrupación y en su opinión el AIVD abusó de su autoridad.
En sus propias palabras, «utilizaron los métodos más severos para espiar a Jolande van de Graaf. Métodos a los que se recurre en casos de terrorismo o de ataque contra el Estado. Lo que pasó con De Telegraaf no llega a tanto».
El AIVD defiende su decisión de espiar a la periodista y los redactores jefes alegando que la información filtrada era clasificada. Según el AIVD, Van de Graaf reveló secretos de Estado. El juzgado de Ámsterdam no aceptó estos argumentos y según la sentencia el servicio secreto no podrá utilizar la información obtenida en las escuchas ilegales. Además, el Comité Supervisor del AIVD deberá investigar los hechos.
El juez consideró incluso más dudosa la vigilancia de los redactores jefes Paradijs y De Haas, dado que ambos estaban relacionados con los documentos sólo de manera tangencial. Arendo Joustra manifestó que este caso es una advertencia a los periodistas holandeses para que protejan mejor sus fuentes confidenciales de información.
Efecto escalofriante
El AIVD pidió a Jolande van de Graaf la devolución de cualquier documento secreto que tuviera en su poder. Ante su negativa, agentes del AIVD allanaron su casa y sustrajeron algunas cosas. Según Joustra, este tipo de actuación del servicio secreto puede tener efectos escalofriantes, ya que crea el peligro de que las personas que quieran suministrar información a los periodistas se sientan inseguras ante la posibilidad de que el servicio secreto esté escuchando sus conversaciones».
Ministerio del Interior
La controversia en torno a la investigación del AIVD de los periodistas del Telegraaf no se apagará de inmediato. Por una parte, porque el servicio secreto está dispuesto a apelar la sentencia, lo que prolongará el juicio. Por otra, porque se trata de una división del Ministerio del Interior, y cualquier actividad como las escuchas ilegales debe ser aprobada por la ministra Guusje ter Horst. Esto hace pensar que cuando termine el receso de verano, en septiembre, la ministra será citada al Parlamento a dar explicaciones sobre la operación ilegal del AIVD.
En otra sentencia sobre el mismo caso, el juez de Haarlem consideró que el allanamiento de la casa de la periodista fue legal. Según el juez, un periodista no tiene derecho a mantener en su poder documentos considerados secreto de Estado. Dado que De Graaf se negó a devolver los documentos, el allanamiento fue una medida correcta.
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