Mientras camioneros en paro bloqueaban la carretera Central este lunes, el presidente peruano Pedro Castillo declaró el estado emergencia en las provincias de Lima y Callao y el toque de queda en todo el país desde las dos de la mañana a las ocho de la noche, que conlleva la suspensión de clases.
El objetivo de la medida es restablecer la paz y el orden interno y resguardar los derechos fundamentales de todas las personas, lo cual no impedirá el abastecimiento de los servicios esenciales, dijo. “Hago un llamado a la calma a la serenidad. La protesta es un derecho constitucional, pero debe hacerse al marco de la ley”, agregó el presidente.
Durante la inmovilización social obligatoria podrán seguir prestando servicios quienes trabajen en las áreas de: salud, medicinas, continuidad de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica, gas, combustibles, telecomunicaciones y actividades conexas, limpieza y recojo de residuos sólidos, servicios funerarios, transporte de carga y mercancías y actividades conexas.
Son ya ocho días de paro. Los manifestantes protestan contra la subida de los precios de combustibles y peajes y contra la inflación. La rebaja del Gobierno del impuesto a la gasolina y el diésel no ha calmado las cosas y algunos analistas señalan que hay un interés de la ultraderecha de mantener el caos.
Durante la protesta de los transportistas, a la cual se han sumado otros gremios de trabajadores, murieron cuatro personas, por circunstancias derivadas de los bloqueos, y una veintena ha sido detenida por los disturbios provocados en once regiones del país que han presentado cortes del transporte terrestre.
En la sureña Ica, los manifestantes quemaron el lunes cinco puestos de peaje, mientras que en la ciudad norteña de Trujillo hubo saqueos puntuales en supermercados y comercios, unos hechos que replicaron a los desórdenes del fin de semana en la ciudad andina de Huancayo.
José Luis Gavidia, ministro de Defensa, se hizo presente en el kilómetro 13 de la Carretera Central para dialogar con los manifestantes que bloquearon esta importante vía, y negó que haya habido demoras por parte del Ejecutivo para atender las protestas. También fue consultado por los muertos que ascienden a cuatro desde que inició la paralización a nivel nacional.
“Han habido dos accidentes, uno murió porque estaba bajando una llanta para quemar, retrocedió un volquete y lo atropelló. Yo he estado allí. Yo les digo una cosa, mira, hay cuatro muertos. Uno murió porque no pudo ser auxiliado para ir al hospital, un niño que cae al puente, y dos por accidentes de tránsito que los atropellaron los mismos vehículos que estaban en la huelga. ¡No ha habido nada más! Son cuatro”, refirió.
En su alocución nocturna, el jefe de Estado también pidió continuar trabajando juntos para impulsar el crecimiento y desarrollo nacional, pero recalcó que este desarrollo debe ser justo y equitativo para beneficiar directamente a todos los peruanos en el territorio nacional. Castillo recalcó que hay demandas en el país que no se han atendido durante mucho tiempo, situación que se agravó por la pandemia de la Covid-19 y los conflictos en el escenario internacional.
Por tal motivo, indicó que se han tomado un conjunto de medidas para mejorar el ingreso de los peruanos y que las familias no se vean afectadas por el incremento de los precios de productos de primera necesidad.
“Estas medidas aprobadas en el marco del diálogo en la ciudad de Huancayo, no solo benefician a la población de Junín, sino a todas las familias, principalmente a las más vulnerables. Verán pronto los efectos de las acciones adoptadas, los acuerdos se dieron como resultado del diálogo, entre representantes del Ejecutivo, las autoridades locales, los dirigentes de transportistas, agricultores y la población”, manifestó.
Una semana atrás y luego de 10 horas de sesión, el Congreso, dominado por la oposición derechista, rechazó la moción de vacancia (destitución) contra el presidente Pedro Castillo por una presunta «incapacidad moral» para ejercer el cargo. Con 55 votos a favor, 54 en contra y 19 abstenciones, los promotores no alcanzaron las dos terceras partes, 87 los votos necesarios que exige la Constitución para remover a un mandatario.
Mientras, la Defensoría del Pueblo sostuvo que la medida adoptada por Castillo “es inconstitucional por la ausencia de una debida motivación y por ser absolutamente desproporcionada en relación a los hechos de protesta social registrado en Lima y Callao”. Asegura que “estas exigencias no se cumplen en el presente caso, pues no se ha expresado razón alguna que justifique una inmovilización social tan estricta no se ha señalado de qué forma la misma contribuirá a preservar el orden social”.
El carrusel de la destitución
La segunda moción de destitución de Castillo no brinda la sensación de una batalla, sino de una danza. Parece un acto simbólico, que se muestra cargado de mensajes menos referidos a la salida del presidente de su cargo, y más a elementos de esta profunda crisis nacional, como la debilidad de sus protagonistas, la precariedad de los partidos, el hartazgo de los peruanos o la predominancia de la pequeña política, señala Juan de la Puente, director de Pata Amarilla.
Una pregunta pertinente sería qué piensan los peruanos de este acto, si respaldan a una autoridad cuestionada que es llevada como acusada ante un tribunal político igualmente cuestionado. La encuesta reciente del IEP, indica que tanto el acusado como sus acusadores son reprobados por la mayoría. La distancia frente a los protagonistas de la vacancia es notable. El 31 % de los que se definen de izquierda respaldan la salida de Castillo y el 36 % de los de derecha no están de acuerdo con la destitución.
La certeza es que luego de seis iniciativas destituyentes en poco más de cuatro años, Perú se encuentra frente a una insurrección parlamentaria contra la presidencia, un parlamentarismo radical que cree que el Congreso es el primer poder del estado, aunque no precisa el proyecto institucional alternativo más allá de doblegar al presidente, señala de la Puente..
Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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