Custodiados por un firmamento nublado, miles de indígenas y campesinos organizados en resistencia ingresaron a los atrios de la imponente casa de gobernación de la ciudad de Huehuetenango (a 276 Kms. de la ciudad capital) increpando con energía: «Aquí estamos los delincuentes. Aquí estamos los ladrones de la energía eléctrica. El Presidente de la República […]
Custodiados por un firmamento nublado, miles de indígenas y campesinos organizados en resistencia ingresaron a los atrios de la imponente casa de gobernación de la ciudad de Huehuetenango (a 276 Kms. de la ciudad capital) increpando con energía: «Aquí estamos los delincuentes. Aquí estamos los ladrones de la energía eléctrica. El Presidente de la República dice que somos criminales. Aquí estamos. ¡Por qué no nos detienen!». Decenas de policías uniformados, un tanto nerviosos, resguardaban el frontis y los ingresos a la gobernación, mientras la multitud de rostros sudados seguía inundando el Parque Central.
Esta manifestación indígena campesina, realizada el lunes 12 de mayo pasado, fue una de las 16 movilizaciones departamentales simultáneas que el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA) organizó en las diferentes cabeceras departamentales del país, en la misma fecha, con la finalidad de mostrar su fuerza y legitimidad ante el actual Gobierno de «mano dura» que criminaliza y persigue a empobrecidos y excluidos insubordinados.
¿Por qué crece la convulsión indígena campesina?
No es la primera vez que estos insubordinados campesinos e indígenas (empobrecidos-expulsados), articulados en CODECA, inundan con su dignidad y rebeldía a las «conformistas» ciudades de Guatemala.
Este movimiento social se incrementa incontenible desde hace 22 años (CODECA fue fundado en 1992), no sólo porque los sin tierra, los sin agua, los sin derecho, los sin oportunidades, y jornaleros sobre explotados se incrementa simétricamente en relación con la acumulación crepitante del capital por despojo, sino porque el Estado policial se vuelve cada vez más violento y criminal con los excluidos incómodos del banquete neoliberal.
Inundan las calles, capturan y escarmientan a alcaldes municipales corruptos, e incendian maquinarias de la hidrominería exigiendo ser escuchados en sus demandas. Quizás ya no esperan del Estado aparente que les garantice sus derechos (sistemáticamente vulnerados). Quizás éstas y otras acciones colectivas son los últimos recursos desesperados que tienen para intentar detener la violencia sistemática que padecen por parte del Estado criminal. El Estado fallido entrega los derechos de los pueblos indígenas a empresas privadas para que comercialicen y lucren con ellos.
Desde hace 18 años atrás (1996), el Estado de Guatemala privatizó la distribución-comercialización de la energía eléctrica para que empresas extranjeras mercantilicen el derecho a la energía eléctrica. En los últimos años, españoles, colombianos e ingleses saquearon los bolsillos ya vacíos de usuarios guatemaltecos mediante facturaciones abusivas e inmorales de energía eléctrica. A tal grado llegaron estos abusos que campesinos que no tienen alumbrado público en sus aldeas pagaban 20 veces más de lo que pagan los empresarios en las ciudades por este servicio.
Frente a esta mercantilización abusiva de este derecho, campesinos e indígenas se organizaron y se declararon en resistencia (amparados en los artículos 44° y 45° de la Constitución Política, y en la Resolución n. 65/151 de la ONU), conectándose de manera directa al fluido eléctrico. Ellas y ellos demandan la nacionalización de la energía eléctrica, y se resisten a pagar las facturas.
La criminalización y represión estatal fertiliza la convulsión social
La primera estrategia a la que recurrió el Gobierno para desinflar la resistencia organizada y movilizada fue crear comisiones de diálogo burocráticas e ineficientes. Creyó que, una vez más, derrotaría a la resistencia popular por cansancio. Pero, al contrario, la resistencia se fortaleció a nivel nacional.
Cuando este movimiento por el derecho a la energía eléctrica demostró fibra en las calles, y afectó los bolsillos de ENERGUATE (filial de la empresa británica ACTIS), entonces GOBIERNO-ENERGUATE-CACIF, se articularon en un solo frente para «convertir» a la resistencia organizada en el enemigo interno del Estado. Intentaron crear en el imaginario colectivo la idea de: «quienes no pagan la luz son ladrones, criminales, delincuentes, terroristas. Enemigos del desarrollo».
Recurriendo incluso a grupos armados paraestatales persiguen y encarcelan a dirigentes (5 dirigentes aún se encuentran encarcelados, 3 de ellos capturados por grupos armados irregulares). Como el acto de la resistencia es un derecho reconocido en la Constitución Políticas, y no pueden encarcelar legalmente a ningún dirigente, entonces, para soltar a los ilegalmente detenidos los jueces fijan montos elevadísimos de fianza económica. Pero, igual, las comunidades en resistencia logran reunir dinero para pagar dichas fianzas y liberar a sus dirigentes.
Ofuscado por la avaricia, ENERGUATE utiliza gobernadores, alcaldes municipales, consejos comunitarios de desarrollo (COCODEs), líderes religiosos, medios de información masiva, etc., para amedrentar a la resistencia creciente. Pero, tampoco este acto inmoral e ilegal funciona. Entonces, es cuando la empresa recurre al acto sistemático de sabotaje de electricidad. Deja en tinieblas por semanas a municipios enteros con el argumento de: «Colapsan las redes por el robo de energía eléctrica».
Pero, los sabotajes eléctricos, lejos de amilanar la resistencia popular, enardece aún más el coraje límite de la gente en resistencia. El pasado 4 de mayo, secuestraron, golpearon y amenazaron de muerte al Alcalde del Municipio de La Democracia, Huehuetenango, por su complicidad con ENERGUATE en el sabotaje. Dos días después, en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, indígenas y campesinos indignados prendieron juego al conjunto de maquinarias pesadas de una empresa de hidroeléctrica y minería en territorio indígena.
Por su parte, el Gobierno de Otto Pérez, decidió impulsar, juntamente con ENERGUATE, la modificación del Código Penal, para tipificar el acto de la desconexión eléctrica (resistencia) como delito. Además, pidió a la Fiscal (defenestrada) que con urgencia establezca una fiscalía especial sobre energía. Ahora, esta última tarea queda en manos de la nueva Fiscal (seleccionada de manera dudosa) proviene del área de la energía eléctrica empresarial.
Con estas y otras medidas, el Gobierno y el sector empresarial continúan atizando el fuego de la creciente convulsión social en el país. Por eso uno de los oradores indígenas en las puertas del Gobierno departamental de Huehuetenango decía ante miles de manifestantes en resistencia: «Los empresarios y el Gobierno creen que los indígenas seguimos siendo, brutos, insensibles, resignados, sumisos, obedientes. Se equivocan. Ya no somos los analfabetos de antes. Ahora ya sabemos leer y escribir (…). Por qué no da la cara Sr. Gobernador. Aquí estamos. Queremos hablar con Ud. de frente. O es que Ud. es el ladrón, por eso se esconde. (…)». «¿Quiere que hablemos en castellano, en q’anjob’al, en poptí, o en acateko? ¿En qué idioma quiere que hablemos?», continuó increpando el orador al Gobernador ausente quien no se atrevió a dar la cara a la población.
Aún no se sabe cuál será el epílogo de esta inédita resistencia popular creciente. Lo único cierto es que el recurso de la vigilancia-amedrentamiento-
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