Traducido por Antoni Jesús Aguiló y José Luis Exeni Rodríguez
El término «Estado social» tiene varias genealogías. Fue con este nombre que Marcello Caetano [1] intentó rebautizar el Estado Novo [2]. Durante el tránsito del siglo XIX al XX fue la designación utilizada por los socialistas para referirse a la forma política del Estado que acompañaría la transición al socialismo. También es este el nombre que consta en la Constitución portuguesa de 1976. En las ciencias sociales, y en función de las filiaciones teóricas, las denominaciones más comunes han sido Estado providencia o Estado del bienestar. Es teniendo en cuenta estas últimas designaciones que hablo del Estado social, un tipo de Estado cuya mejor concreción tuvo lugar en los países europeos más desarrollados después de la Segunda Guerra Mundial. El Estado social es el resultado de un compromiso histórico entre las clases trabajadoras y los dueños del capital. Este compromiso fue la respuesta a una dolorosa historia reciente de guerras destructivas, violentas luchas sociales y graves crisis económicas.
En virtud de este compromiso o pacto, los capitalistas renuncian a parte de su autonomía en cuanto propietarios de los factores de producción (aceptan negociar con los trabajadores temas que antes les pertenecían exclusivamente) y a algunos de sus beneficios a corto plazo (aceptan pagar más impuestos), mientras que los trabajadores renuncian a sus reivindicaciones más radicales de subversión de la economía capitalista (el socialismo y, para lograrlo, la agitación social sin condiciones contra la injusticia de la explotación del hombre por el hombre).
Esta doble renuncia es administrada por el Estado, lo que le confiere cierta autonomía respecto a los contradictorios intereses en juego. El Estado tutela la negociación colectiva entre el capital y el trabajo (el diálogo social) y transforma los recursos financieros que provienen de la tributación del capital privado y de los rendimientos salariales en «capital social», es decir, en una amplia gama de políticas públicas y sociales. Las políticas públicas se traducen en un fuerte intervencionismo estatal en la producción de bienes y servicios que aumentan a medio plazo la productividad del trabajo y la rentabilidad del capital (formación profesional, investigación científica, aeropuertos y puertos, carreteras, política industrial y de desarrollo regional, parques industriales, telecomunicaciones, etc.).
Las políticas sociales son políticas públicas derivadas de los derechos económicos y sociales de los trabajadores y de los ciudadanos en general (población activa efectiva, niños, jóvenes, desempleados, ancianos, jubilados, trabajadoras domésticas, productores autónomos). Se traducen en inversiones en bienes y servicios consumidos por los ciudadanos gratuitamente o a precios subsidiados: educación, salud, servicios sociales, vivienda, transportes urbanos, actividades culturales, actividades de ocio.
Algunas de las políticas sociales implican transferencias de pagos de diversa naturaleza financiados por contribuciones de los trabajadores o por impuestos en el ámbito de la Seguridad Social (becas, subsidios familiares, renta de inserción social, pensiones, prestaciones por enfermedad y desempleo). Las transferencias se producen a través de la solidaridad social institucionalizada por el Estado, de los más ricos a los más pobres, de los empleados a los desempleados, de la generación adulta y activa a las generaciones futuras y a los jubilados, de las personas sanas a las enfermas.
El conjunto de las políticas públicas y sociales tiene una triple función. En primer lugar, crea condiciones para el aumento de la productividad que, por su naturaleza o volumen, no pueden ser realizadas por las empresas individuales, abriendo así el camino a la socialización de los costes de la acumulación capitalista, razón por la cual la reducción de los beneficios a corto plazo redundará, a medio plazo, en la expansión de los beneficios. En segundo lugar, aumenta los gastos en capital social buscando internamente bienes y servicios mediante inversiones y consumos individuales y colectivos. Y en tercero, garantiza una expectativa de armonía social porque se asienta en la institucionalización (es decir, normalización, desradicalización) de los conflictos entre el capital y el trabajo, y porque proporciona una redistribución de rendimientos a favor de las clases trabajadoras (salarios indirectos) y de la población necesitada, fomentando el crecimiento de las clases medias, creando en todos un interés en el mantenimiento del sistema de relaciones políticas, sociales y económicas que hace posible esa redistribución.
Como gestor global de este sistema, el Estado asume una gran complejidad porque debe garantizar la articulación estable entre los tres principios de regulación del Estado moderno (proclives a tensiones entre sí): el Estado, el mercado y la comunidad. La estabilidad exige que el Estado tenga cierta primacía sin asfixiar al mercado o a la comunidad. Si por un lado el Estado garantiza la consolidación del sistema capitalista, por otro obliga a los principales actores del sistema a alterar su cálculo estratégico: los empresarios son orientados a cambiar el corto plazo por el medio plazo y los trabajadores a cambiar un futuro luminoso, pero muy distante e incierto, por un presente y un futuro próximo con alguna dignidad. El Estado social se basa, así, en la idea de compatibilidad (y hasta complementariedad) entre desarrollo económico y protección social, entre acumulación de capital y legitimidad social y política de quien la garantiza; en suma, entre capitalismo y democracia.
Este modelo de Estado y de capitalismo comenzó a ser atacado desde los años setenta hasta su cúspide en los años noventa por un modelo alternativo, denominado neoliberalismo, que se funda en la sustitución de la primacía del Estado por la del mercado en la regulación social. Es un ataque ideológico, aunque disfrazado de una nueva racionalidad económica. Hay muchas razones para la creciente agresividad de este ataque, pero todas tienen en común el ser factores que favorecen la transformación de la ideología en una pretendida racionalidad.
Veamos algunas de esas razones: el modelo neoliberal está centrado en el predominio del capital financiero (sobre el capital productivo) y para él sólo hay corto plazo; o el medio plazo es, cuando mucho, algunos minutos más; con el tiempo, los trabajadores y sus aliados transformaron la opción socialista, incierta y distante, en una opción olvidada, y pasaron a aceptar como victorias pérdidas menores, que solo son menores porque van siendo seguidas por otras mayores; el trabajo asalariado se alteró profundamente y se transformó en un recurso global, sin que se haya creado un mercado globalmente regulado de trabajo; el «compromiso histórico» gestionado por el Estado nacional se transforma en un anacronismo cuando el propio Estado pasa a ser administrado por el capital global.
El Estado social portugués nació en un contraciclo, tras la revolución del 25 de abril de 1974. En parte por eso nunca pasó de ser un Estado muy poco ambicioso (en comparación con otros Estados europeos), un semi-Estado providencia, como lo designé en los años 1990, y nunca dejó de depender de una fuerte sociedad-providencia. Sin embargo, incluso así, fue esencial en la creación y consolidación de la democracia portuguesa de la Tercera República. Este es el sentido de su consagración constitucional. Y porque entre nosotros la democracia y el Estado social nacieron juntos, no es posible asegurar la sobrevivencia de uno sin el otro.
Notas
[1] Marcello Caetano (1906-1980) fue el sucesor de Oliveira Salazar durante la dictadura portuguesa y último primer ministro del Estado Novo. (N. T.)
[2] Nombre oficial del régimen dictatorial portugués (1933-1974). (N. T.)
Artículo original del 30 de diciembre de 2012.
Fuente:
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=21456
Boaventura de Sousa Santos es sociólogo y profesor catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad de Coímbra (Portugal).