La Casa Blanca está trabajando los detalles de un plan para proteger esta frontera artificial en el Caribe, en tanto que varias agencias evalúan formas de superar la crisis económica puertorriqueña y el Departamento de Justicia está a la espera de certificar alternativas para un plebiscito que podría restablecer el consentimiento formal al dominio colonial. […]
La Casa Blanca está trabajando los detalles de un plan para proteger esta frontera artificial en el Caribe, en tanto que varias agencias evalúan formas de superar la crisis económica puertorriqueña y el Departamento de Justicia está a la espera de certificar alternativas para un plebiscito que podría restablecer el consentimiento formal al dominio colonial.
Esa atención, por tres frentes a la vez, no agota el tema de Puerto Rico en las esferas de poder de Estados Unidos, que incluye también desde las acciones de Wall Street para coaccionar al gobierno isleño con las degradaciones del crédito, hasta la evaluación ordenada por el Departamento de Seguridad de la Patria de la historia de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN) a fin de extraer lecciones sobre cómo lidiar con el terrorismo.
Pero, al menos por el momento, la crisis en esta pequeña nación isleña del noreste del Caribe, equidistante de Guantánamo y de Caracas, parece resistir todos los intentos por conjurarla. Así lo demuestran las bajas consistentes en el empleo y el poco alivio que causa la baja relativa en la violencia criminal al verificarse un incremento preocupante en el corredor de contrabando de narcóticos entre Puerto Rico y la Florida.
Buena parte del problema tiene que ver con el carácter de Puerto Rico de punto de ahogo antiestratégico, que si bien sirvió muy bien para ayudar al lanzamiento de la aventura imperial estadounidense a final del siglo diecinueve y principios del veinte, ahora parece más un puente para corrientes desestabilizadoras de ese mismo dominio global. Ahora, la situación de esta colonia repercute en el fortalecimiento de un sector aventurero de Wall Street que trafica con despojos del mercado marginal y en fortalecer a las pandillas de contrabandistas que victimizan la Florida central.
Además, está el agravante de que Puerto Rico, con cuatro veces más experiencia colonial de la que EEUU tiene como imperio, sorprendió en 2012 cuando una mayoría absoluta rechazó la condición de colonia y la proporción de los que votaron por la anexión para convertirse en un estado de la Unión alcanzó menos de la mitad de los que participaron. El deslegitimado gobierno autonomista repudia el plebiscito de 2012, a la vez que busca cómo descarrilar a los autonomistas que reclaman una nueva relación con EEUU mediante la convocatoria de otra consulta, en tanto los anexionistas buscan otra oportunidad para tratar de lograr que en una nueva vuelta su propuesta logre una mayoría tal que no haya espacio para la duda.
Los independentistas, por su parte, han catapultado una ofensiva diplomática que ha logrado que aumente la presión internacional para que EEUU acepte formalmente el resultado de 2012 e inicie un proceso para la descolonización de Puerto Rico.
Fue precisamente en ese año 2012 cuando el Departamento de Seguridad de la Patria de EEUU recibió de un centro de investigaciones sobre terrorismo de la Universidad de Maryland el estudio de las FALN. Ese trabajo analizó la etapa de persecución policial, la vigilancia y el asecho para hacerles fracasar y el efecto de las medidas de concesión de probatorias a los apresados a fin de promover la desactivación de la lucha armada por la independencia de Puerto Rico.
Pero el estudio advierte que el silenciamiento de las FALN pudo haber tenido que ver con factores ajenos a las acciones policiales y de inteligencia de EEUU, como el apoyo generalizado de los puertorriqueños al dominio estadounidense y la situación internacional por el fin de la Guerra Fría. Ahora, el consentimiento de Puerto Rico se perdió y la ola internacional en reclamo de su independencia vuelve a crecer, inclusive entre países aliados de EEUU.
El Departamento del Tesoro, el Banco de la Reserva y el comité amplio designado por la Casa Blanca se afanan en supervisar la situación económica de Puerto Rico en busca de una salida. Pero la quiebra de las corporaciones públicas de Puerto Rico continúa acelerándose, la insuficiencia de fondos del Estado ya es un hecho conocido por todos y las perspectivas económicas generales son cada vez menos positivas.
Durante este verano han continuado bajando el índice de actividad económica y la tasa de participación, en tanto que en el mes de julio se produjo la pérdida dramática de 20.000 puestos de trabajo, o lo que es lo mismo, un empleo perdido cada dos minutos. Puerto Rico se sigue manteniendo por debajo del millón de puestos de trabajo y en los primeros 19 meses de gobierno autonomista se perdieron 354.000 empleos y la creación de empleos acumuló sólo 290.000, según la base de datos del Departamento del Trabajo.
Por supuesto, el contrabando y la corrupción se presentan como opciones para algunos sectores debido a la crisis económica prolongada y este país, que desde la década de los cincuenta comenzó a ser usado por el notorio Vito Genovese como punto de trasbordo de drogas, participó de la marejada de asesinatos que asoló el Caribe en años recientes y volvió a bajar sin que se conozca bien qué la produjo y la terminó. Al bajar, el fenómeno dejó apuntaladas corrientes preocupantes, como el caso de Curacao, donde se denuncia que pandilleros vinculados a agentes corruptos de la Agencia de Control de Drogas (DEA) intentaron controlar instalaciones portuarias y tendrían que ver con el asesinato del líder independentista Helmin Wiels, o las operaciones de contrabando de gran escala de Puerto Rico hacia EEUU.
Ante ese panorama, el plan estratégico para la frontera caribeña -una gestión de años capitaneada por el comisionado de Puerto Rico en Washington Pedro Pierluisi- deberá atender la entrada de drogas a Puerto Rico e Islas Vírgenes y la salida hacia EEUU. Eso trae complicaciones policiales, militares y políticas muy distintas de los planes para la frontera suroeste con México o la del norte, con Canadá, que defienden fronteras reales y no una artificial a más de 1.000 kilómetros de la verdadera.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.