Balance del primer año de gobierno de Lacalle Pou en el Uruguay.
M.H.: Vayamos al balance del primer año de gobierno de Lacalle Pou luego de muchos años del Frente Amplio en el gobierno de Uruguay.
M.R.: Quince años de gobierno progresista. La verdad es que ha sido un verdadero quiebre. Ha sido un año complejo, un año bisagra, que empezó el 1° de marzo, cuando asumió el nuevo gobierno. Recuerdo que en aquel momento hablábamos durante las primeras semanas de una serie de desbordes policiales porque no olvidemos que hubo una transición desde las elecciones ganadas, solo por un punto y medio en la segunda vuelta, o sea que hubo una división de la población en la votación en la segunda vuelta.
Toda esa transición fue complicada, muy llena de violencia, prepotencias, advertencias, autoritarismos, cosas que presagiaban lo que íbamos a empezar a vivir a partir del 1° de marzo. Y efectivamente así fue. Los primeros días hubo una sucesión de abusos policiales en distintos lugares, sobre todo de Montevideo, e inmediatamente irrumpió el Covid.
Aquí las medidas de prevención y saneamiento se tomaron a partir del 13 de marzo. Y de ahí hasta la fecha, durante unos cuantos meses se consideró al Uruguay como una excepción porque parecía que manejaba muy bien el tema de la pandemia, seguramente nos favorecieron muchos factores en cuanto a densidad poblacional, a que estamos todos vacunados con la BCG, que dicen que es un factor positivo, etc. Pero con el correr del tiempo esa situación se ha perdido.
En este momento estamos entrando en la zona roja, hasta antes de ayer tuvimos 5 muertos en el día, estamos teniendo un promedio de casi 500 nuevos casos por día, o sea, que se perdió lo que se consideraba una gran diferencia, que era que se le podía seguir el rastro a cada uno de los nuevos contagios.
M.H.: Se han endurecido igualmente las medidas ¿verdad?
M.R.: Totalmente, se han endurecido porque se perdió ese control científico, que durante mucho tiempo pudo mantener aisladas a las personas que habían tenido contacto con cada uno de los afectados. Ese control se trata de recuperar, pero se ha perdido. Por lo que se han tomado medidas realmente radicales.
Este fin de semana funcionó el Parlamento y decidió el levantamiento del derecho de reunión, que consideramos que es lo más grave o una de las cosas más graves que nos ha pasado dentro de esta pandemia. Acompañado de la Ley de Urgente Consideración (LUC) con todas sus connotaciones represivas.
Esta fue una decisión que se tomó, que como muchas de las que se están tomando, fue con mucha imprecisión, porque se hacen con mucha rapidez, con poco estudio jurídico, entonces no se precisan las figuras jurídicas que van a determinar después las posibilidades de delitos, cárcel, multas, etc. Por ejemplo, el concepto de aglomeración que la policía está autorizada ahora primero a intimar y luego a disolver por medio de la fuerza las aglomeraciones. Pero deliberadamente se dice que no se quiere definir el número de personas que pueden constituir una aglomeración porque dicen que eso se va a ver caso a caso.
Entonces vemos una connotación de clase en eso, porque en determinados barrios o en el centro de Montevideo, en determinadas plazas donde se juntan jóvenes de clases sociales populares, se están dando estas “disoluciones” de manera violenta. La semana pasada a un policía se le escaparon tiros, en otros casos hubo tiros deliberadamente. Entonces hay una situación de mucha tensión y además todas las medidas que está tomando el gobierno, tanto las que ya fueron votadas como LUC y que son sumamente represivas, han venido siendo reafirmadas a través de la Ley de presupuesto que se acaba de firmar y ahora otra serie de medidas que tienen que ver con la sanidad que son gerenciadas por el sistema nacional de emergencia que están llevadas adelante por el ministerio del Interior y el de Defensa.
Se han desplegado también 500 efectivos más de las FF AA, porque se cerraron completamente las fronteras. Tenemos una extensa frontera con Brasil y luego con Argentina, los puentes fundamentalmente, pero el día antes llegan a Punta del Este, al aeropuerto de la Laguna del Sauce, 60 aviones privados y taxis privados en un solo día, donde bajaron alrededor de 140 extranjeros vip. Pero ya en los últimos días de diciembre habían venido cerca de 2.000 pasajeros vip en estos vuelos privados. Entonces Maldonado es ese balneario a donde vienen los súper ricos y los dueños del mundo.
El intendente decía que había quedado medio en offside porque estaba obligado a aplicar ciertas medidas que le parecían imposibles de tomar con el tipo de personalidades y público al que se tiene que dirigir. De manera que esto que estaba hasta ahora diferenciando y poniendo una nota sobresaliente en el mundo y en la región a nuestro gobierno con respecto al Covid ya dejó de ser.
Y entramos en una zona de riesgo. No hablando solo de riesgo sanitario. O sea, hay en el Uruguay como en el resto del mundo una cantidad de muertos (que hasta el día de ayer eran 119) que se ha ido engrosando en los últimos días. Hasta hace una semana teníamos la mitad.
Sin embargo, hay una propaganda permanente, un acoso mediático a nivel tanto de la radio como de la televisión y cualquier medio de comunicación que intenta implantar pánico y manejar con el miedo a la población. Y, por cierto, que todos hemos tomado conciencia y nos venimos cuidando, pero hoy me enteré a través de un reportaje que se le hace a un directivo de la Fucvam, que el año pasado hubieron en Uruguay 1.800 muertos por gripe, y hasta el momento hay 119 fallecidos por Covid.
Entonces hay voces disonantes que hablan de que efectivamente hay un desplazamiento, desatenciones de otras partes de la salud. Hay mucha gente que no va a controlarse, que no consulta por miedo a exponerse o porque directamente no atienden, o atienden solo por teléfono, hay mil dificultades; y se producen y se agravan otra serie de muertes.
Han aumentado los suicidios, hay dos por día. Efectos también agravados por el aislamiento humano. Así que Uruguay no está separado del mundo y está viviendo en ese sentido las mismas tragedias que provoca esta pandemia y las medidas extremas que se han tomado y que afectan a la población mundial. Que también tienen que ver con las consecuencias sociales y económicas, como en todas partes los miles y miles de trabajadores informales que vendían en las calles y que hoy directamente no hay circulación de gente en la calle, se ven afectados muy directamente, se quedan sin ingresos. Muchas empresas han cerrado, otras están en seguro de paro. Ahora todos los días tenemos novedades y siempre van a favor del capital.
Este es un gobierno del capital y la LUC es una protección jurídica para el capital, y para la fuerza que tiene que hacer para poder imponer las medidas económicas que pongan al Uruguay en competencia con la devaluación que ha habido en Brasil, en Argentina, el decaimiento, la gran crisis económica de estos dos gigantes, y que es el sistema capitalista mundial el que está en recesión.
La LUC es inconstitucional
M.H.: Te referiste a la Ley de Urgente Consideración. He leído que esta ley tendría algún tipo de cuestionamiento por parte del Frente Amplio, de gremios y sindicatos, por lo menos de algunos de sus artículos.
M.R.: Sí. Esta ley ha sido cuestionada por todos los sindicatos, las organizaciones sociales, la FEEU que es la federación de estudiantes universitarios, la FUCVAM que es la Federación de viviendas de ayuda mutua que es una enorme asociación de vivienda del Uruguay, por el Serpaj, por el Frente Amplio también. Tanto es así que ya han presentado frente a la Corte electoral la intención de hacer un referéndum para anular 133 artículos. Hay toda una discusión al respecto porque la posición de la gran mayoría de las organizaciones sociales es y era la de anular toda la LUC, porque es un cuerpo indivisible de ideas y mecanismos.
M.H.: Vos hablaste de una verdadera reforma constitucional.
M.R.: Sí, es una reforma constitucional sin serlo, porque es una ley, es ilegal. Está denunciada en su inconstitucionalidad justamente porque por medio de una ley tira abajo una cantidad de normas constitucionales consagradas en la Constitución, pero además porque en sí misma utiliza un mecanismo fraudulento.
La Constitución prevé que se puede presentar una Ley de urgente consideración por el caso que podía ser el de esta pandemia, un terremoto, un desastre económico de cualquier naturaleza, pero no que se ingresen, como hizo el gobierno, 500 artículos que, según los juristas, son más de 40 leyes para considerar en 90 días exactos.
Todos los legisladores dijeron que no habían tenido tiempo de leerlos, que estuvieron además transformando, cuestionando y cambiando hasta el día antes de ser votada, o sea, que en ningún momento tuvieron tiempo de leerlos todos. Es una cosa insólita.
Y ni hablar de la participación de la sociedad civil. Las grandes organizaciones civiles fueron escuchadas por 15 o 20 minutos. La LUC niega el derecho de huelga, el derecho de ocupación, el derecho de piquete, de la protesta; les quita todos los derechos a los trabajadores, los deja inermes en esta situación en donde hay un avance descarado del gran capital y donde hay una apertura de la economía a los capitales y a la inversión extranjera directa. Donde ha habido un llamamiento directo del presidente Lacalle a que vengan no solo los inversores argentinos, sino a que vengan a instalarse acá como un lugar de privilegio, porque hasta sabíamos manejar mejor el Covid que en otras partes, y todo lo hacemos mejor que los demás, entonces que vinieran a instalarse acá. Y algunos lo han hecho, porque están rematando todo acá.
Esto se hizo con tal celeridad que no ha permitido que la sociedad civil se exprese. A las organizaciones se las escuchaba durante algunos minutos, nadie hacía ninguna pregunta. Los compañeros cuentan que los legisladores se pasaban la exposición mirando los celulares, como que estuvieras hablándole a la pared y luego se retiraban para que entre otro.
Ha sido una burla para toda la sociedad la votación de esta Ley de urgente consideración, que es todo el programa de gobierno. Metieron todo lo que hubieran podido hacer pacientemente, discutiendo y haciendo prolijamente las cosas, pero era seguramente lo que no querían. En vez de hacerlo como lo hacen todos los gobiernos, la metieron en 90 días dentro de una ley que no supone que vas a meter 40 leyes en tantos artículos, sino que supone que es una ley. Entonces esta ley está cuestionada por su inconstitucionalidad, por su forma y por sus contenidos.
Desde ese punto de vista es que la mayoría de las organizaciones sociales reclaman que es toda la LUC lo que hay que derogar porque es un atropello a la ciudadanía, aún para aquellos que la votaron, porque no conocían los contenidos de esta LUC.
Hasta sus propios votantes fueron trampeados. Lo que ha sucedido es que el Frente Amplio, por un lado, con la intención de querer limar las aristas, porque la ley era peor que lo que se votó y el FA logró sacar artículos y otros se transformaron, pero con una voluntad de oposición responsable y que tiene un poco que ver con el querer volver y de alguna manera colaborar con la gobernabilidad. Ese concepto neoliberal que ha irrumpido en nuestras sociedades en las últimas décadas como concepto que antes no existía, antes los trabajadores sabíamos que existía la lucha de clases, que estaban los patrones, los trabajadores con intereses opuestos, ellos nos zamarrean a nosotros y nosotros intentamos zamarrearlos a ellos, pero el concepto de “gobernabilidad” es algo que está como en un altar, como algo sagrado que no se puede tocar. Y el Frente Amplio ha entrado dentro de eso, entonces al votar una gran parte de la LUC, la mitad la votó, un 46%, después hizo una selección de artículos donde entre el Secretariado ejecutivo del PIT-CNT, que es una cúpula un tanto burocrática en el Uruguay, decide adherir a esa propuesta que el Frente Amplio hace y que es inamovible, incluso había gente dentro del Frente Amplio que no quería cuestionar la ley, como también hubo gente dentro de esa cúpula que no la querían mover. O sea que hubieron discusiones intensas en las que finalmente muchos sindicatos que plantearon que era toda la LUC, terminaron aceptando, dada la poca democracia sindical que en este momento rige, agravada por el Covid, con las pocas posibilidades de reunión, pero además con un espíritu de falta de democracia interna que ha sido denunciado públicamente y que circula en estos días por las redes de muchos sindicatos que afirman no haber sido consultados y que las bases no se sienten representadas con la decisión de la dirección de haber aprobado que este referéndum sea solo por una parte de la LUC y no por toda.
Es un movimiento que se está generando. Se está llevando adelante esta gestión por parte de estos grandes núcleos frente a la Corte electoral. Y nos acabamos de enterar que hay una segunda iniciativa que acaba de presentarse en la Corte electoral por parte de alrededor de 20 organizaciones sociales que no se avinieron. Que forman parte de una Intersocial muy amplia que llegó a tener 60 organizaciones. Hubo una serie de organizaciones que no quisieron avenirse a esta idea de solo referenciar una parte de la LUC porque consideran que es toda cuestionable. Entre otras cosas para decir que quedan fuera es la reforma previsional, no son pocas cosas las que quedan por fuera en el caso de llevarla adelante. Igualmente se considera que sea una u otra, si se pudiera, cosa que es sumamente difícil en las condiciones materiales que hay en este momento para poder acceder a los trabajadores y la población para explicar todo esto, porque hay un apagón informativo terrible.
Desde que empezó este gobierno hay un apagón informativo muy grande, como cosa diferente de lo que fue el Frente Amplio. Sinceramente yo he sido muy crítica en muchísimas cuestiones, en la política económica del Frente Amplio que empezó con todo este proceso neoliberal y extractivista, pero hay que decir que, en una serie de cuestiones, como por ejemplo esto, hubo un reconocimiento público de todos los medios y periodistas que nunca hubo en los 15 años de gobierno del Frente un medio de comunicación que recibiera una llamada telefónica para decir “esto no va”. Y la posición de este gobierno nos ha sometido a un apagón informativo que es una censura rancia, no dicha, pero que desde el primer día se nombró a un director del servicio de comunicaciones audiovisual a nivel nacional, Gerardo Sotelo, que dijo que todos los contenidos periodísticos de los medios públicos tenían que ser previamente consultados por un coordinador. Una cosa muy violenta.