«La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) ya había denunciado que más del 70% del territorio peruano está concesionado a transnacionales mineras y petroleras, y avisado que podía haber una explosión social en cualquier momento», cita el último estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En aquel […]
«La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI) ya había denunciado que más del 70% del territorio peruano está concesionado a transnacionales mineras y petroleras, y avisado que podía haber una explosión social en cualquier momento», cita el último estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. En aquel párrafo, el documento se refiere a los «conflictos» de los últimos 5 años entre comunidades indígenas y Estado (gobierno garciísta y gobierno humalista).
Ayer cayó en mis manos esta reciente publicación titulada: «Ciudadanía Intercultural-Aportes desde la participación política de los pueblos indígenas de Latinoamérica», y aunque no he acabado de leer sus casi 300 páginas, comentaré algunas cosas de lo que ahí he hojeado.
Según el análisis, Perú y México, en términos absolutos, tienen el mayor número de indígenas de América Latina. No obstante, al comparar a estos dos países con Ecuador, Nicaragua, Bolivia y Guatemala, encontramos que son los únicos que no han aprobado la oficialidad de alguna de las lenguas indígenas de sus territorios.
El informe apunta que casi la mitad de la población peruana es indígena, pero esto no habría sido suficiente para la configuración de un movimiento indígena poderoso. En caso de que esto fuese cierto, me preguntaba ¿qué tipo de democracia excluyente es la que estamos padeciendo? y ¿qué tipo de democracia es con la que nos estamos conformando?
De los 130 congresistas que hay en el Congreso de la República, solo el 6.9% son indígenas. Es decir, si alrededor del 47% de los peruanos son indígenas, estaríamos viviendo en una democracia donde no existe una correspondencia entre los representantes y los representados; hecho que explicaría, al menos en parte, la profunda discriminación de los pueblos primario-originarios del país.
Sin embargo, según el estudio, la falta de éxito de la población indígena dentro de las esferas político-institucionales contemporáneas sienta sus bases en la terrible situación de guerra de los años 80s y 90s, junto con la centralización implantada durante la dictadura fujimorista.
El informe explica que si bien Sendero Luminoso estuvo conformado por población indígena (ya sea voluntaria o forzada) difícilmente éstos ocuparon puestos dirigentes. De hecho, los pueblos indígenas no solo tuvieron que sufrir la destrucción de sus comunidades, tanto por el propio Sendero Luminoso, como por las fuerzas de seguridad del Estado (y sus escuadrones de la muerte); sino que actualmente tienen que soportar un tatuaje invisible que dice «terrorista», y que se reaviva en los canales de televisión de señal abierta cada vez que se manifiestan contra algún atropello.
Es así que, además de la discriminación histórica que han sufrido estos pueblos, en las últimas décadas han continuado siendo blanco de represiones a todo nivel, complementadas por la creación de retóricas criminalizadoras e «inferiorizantes». Incluso hoy, que Perú discurre por una temporada de crecimiento macroeconómico sorprendente, economistas del Banco Mundial revelan que la pobreza de los pueblos indígenas casi no ha variado. Una razón más para abrir los ojos ante el escenario de desprotección que nuestro Estado apoya.
El documento del PNUD tilda al gobierno humalista de conservador, y lo coloca precisamente al lado de Colombia y Chile. Critica, además, la forma de identificación a la población indígena en el Censo 2007, señalando que la encuesta censal cometió un craso error al contemplar solo la lengua materna como variable étnica -además de identificar ciertos territorios indígenas en la selva-, ya que finalmente los resultados escondieron la existencia evidente de millones de indígenas. Hoy observamos que tal forma de identificación no fue casual.
Las etiquetas importan, y más en un país donde el Gobierno busca desembarazarse de los derechos específicos de gran parte de sus votantes. Apelando a que los pueblos indígenas son únicamente aquellas comunidades que habitan en la selva, el aparato estatal legitima cercenar la consulta previa a las poblaciones primario-originarias de la costa y la sierra. Estos pueblos -ahora llamados «comunidades campesinas»- sufren una vez más el yugo de un discurso convenido y conveniente que exclusivamente beneficia a la clase dominante nacional y extranjera.
En América Latina, durante las décadas recientes, la acción colectiva indígena, lejos de ser un obstáculo para el desarrollo -como piensan los «blanco-blanqueados»- ha posibilitado la ampliación del concepto de democracia y ha introducido elementos dentro de la agenda pública que realzan la importancia de la naturaleza, del ecosistema, del valor y la finitud de los recursos, de la conservación de los mismos; y de la prevalencia de lo que es común, frente a la tendencia expansionista de la privatización. Dar voz a las comunidades indígenas es -además de positivo para el desarrollo sostenible del país- un deber dentro del marco de la democracia, y una obligación para nuestros representantes políticos.
Fuente: http://diario16.pe/columnista/17/francesca-emanuele/2607/estudio-del-pnud-e-inda-genas-en-el-pera
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