Las dudas sobre el comercio de emisiones por la caída del precio del CO2 y el futuro de la política energética amenazan los ambiciosos objetivos de la UE para atajar el calentamiento global
La lucha contra el cambio climático duda en Europa. El Viejo Continente ha sido hasta ahora la región que se ha autoimpuesto los objetivos más ambiciosos para atajar el crecimiento de las emisiones de CO2, principal causante del aumento de temperatura del planeta por la quema de combustibles fósiles, según el consenso de los científicos.
Con el 15% de las emisiones mundiales, muy por detrás del 41,5% de Estados Unidos y China (los países más contaminantes), los Veintisiete de la Unión Europea mantienen, al menos sobre el papel, la intención de reducir un 20% la huella de CO2 de aquí al año 2020. Con ese objetivo se creó el mercado de derechos de emisión, en funcionamiento desde 2005, como la herramienta más eficaz -juzgan los expertos- para poner coto a la contaminación.
Pero el bajísimo precio del CO2, la moneda de cambio con la que juega la Comisión Europea para marcar un máximo permitido de polución a la industria -obligada a pagar en caso de superar el límite de derechos asignados a cada sector industrial-, amenaza todo el esquema. El precio de partida para disuadir a los 13 sectores hoy sujetos a esta bolsa -las eléctricas y las energéticas copan la lista- se estimó en 20 euros, pero ese techo ahora es una quimera. La media del último mes se estancó en 3,43 euros, según Sendeco, un intermediario que opera en este mercado.
Paradójicamente, la crisis ha golpeado este invento europeo porque la caída de la producción industrial ha ahorrado contaminación, pero también ha rebajado la obligación de comprar derechos de emisión a las empresas, provocando un exceso de oferta que alcanzaría 2.000 millones de derechos, como ha reconocido este mes la comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard.
Para rematar el tiro de Bruselas en su pie de predicador verde, la Comisión estaría tejiendo un cambio de rumbo en la política energética de la UE que sustituya el mantra del cambio climático por una consigna clara de mercado.
Según publicó el diario El País la semana pasada, el Ejecutivo comunitario presentará de aquí a otoño nuevas medidas que impongan la prioridad del ahorro en la concesión de ayudas públicas al sector energético, lo que podría ser una amenaza a las energías renovables, que hasta ahora se han considerado la mejor herramienta para reducir las emisiones de CO2.
En un informe de la Fundación Empresa y Clima presentado esta semana, en el que se analiza la evolución de las emisiones de CO2 hasta 2011, último año del que se tienen datos, Navarra destaca en España entre las comunidades autónomas que más han reducido su huella de carbono (un 35%), gracias sobre todo a la eólica. Sin embargo, en Castilla y León, Aragón, Galicia y Asturias, donde se mantiene la quema de carbón para generar energía, las emisiones aumentaron entre un 16% y un 190%.
Desde este organismo, que se dedica a asesorar a las empresas sobre cómo reducir el impacto de su actividad en el clima, recuerdan el efecto positivo que ha tenido el Protocolo de Kioto para reducir las emisiones de CO2 y sostienen que una normativa clara es fundamental para que las empresas sean más verdes. «En los países sin legislación obligatoria (los emergentes y Estados Unidos, básicamente), las emisiones han aumentado un 144% respecto a 1990. Sin embargo, en los 37 que están bajo Kioto han disminuido un 12% en el mismo periodo, una prueba de que esta política sí sirve», comenta Elvira Carlas, directora de la fundación.