Colectivos de trabajadoras sexuales denuncian la degradación de las condiciones de trabajo
«De nuevo hablamos de la mujer como víctima, pero a la vez se la considera criminal», apunta Mamen Briz, del colectivo Hetaira. La Ley de Seguridad Ciudadana, cuya aprobación definitiva está prevista para finales de noviembre, prevé exportar a todo el Estado español la sanción a los clientes de trabajadoras del sexo, una medida ya puesta en práctica en municipios como Sevilla y Barcelona, y que se ha planteado desde el Gobierno madrileño con la ordenanza de convivencia que, a día de hoy, sigue en el cajón de los anteproyectos.
La sanción a los clientes, conocida también como ‘modelo sueco’, es una medida defendida como herramienta para luchar contra la trata, pero, según señala Mamen Briz, «en un primer momento ha servido para la expulsión de personas en situación irregular, posibles clientes de estas mujeres».
Hacia la clandestinidad
Desde Hetaira advierten de que la sanción al cliente va a derivar en que el trabajo sexual pase a ejercerse en la clandestinidad, con el empeoramiento de las condiciones de trabajo y seguridad que ello conllevaría para las mujeres, y señalan el aumento en las redadas en establecimientos donde se ejerce el trabajo sexual en los últimos años, una práctica que, según afirma Briz, «no está sirviendo para detectar trata, sino también para expulsar ciudadanos en situación irregular».
La apuesta española por el castigo al cliente y el aumento de la presión sobre las trabajadoras sexuales no es única. Recientemente, Irlanda del Norte ha aprobado una ley por la que adopta también el modelo sueco, en vigor ya en Noruega y Suecia. Reino Unido ya empezó el año pasado a debatir sobre la adopción de esta fórmula y en Francia el Senado paralizó, en junio de este año, el cambio de la ley para incluir sancionar los clientes de las trabajadoras sexuales argumentando que la medida conllevaría la degradación de las condiciones de trabajo de estas mujeres y no sería eficaz en la lucha contra la trata de personas.
«Hay presión por parte de un lobby de mujeres potente de tipo abolicionista, y hay unas europarlamentarias que están muy a su disposición», explica Briz sobre la oleada de revisiones legislativas en relación a la prostitución en Europa que han considerado la opción sueca. «No se ponen en práctica políticas para luchar contra la trata y la única estupenda que se les ocurre es la de la penalización del cliente», apostilla.
«La situación de las trabajadoras del sexo está empeorando en toda Europa«, puntualiza Dennis van Wanrooij, de Tampep International Foundation, una plataforma europea que trabaja para la prevención del VIH y la salud entre las trabajadoras. Dennis participó, junto a representantes de organizaciones de nueve países de la UE, en un encuentro en Madrid, en el marco del Proyecto Indoors, subvencionado por el programa Dafnne III de la Comisión Europea, que tuvo como broche final un acto público en el que representantes de distintas organizaciones explicaban la situación de las trabajadoras sexuales en sus respectivos países.
Cinco marcos jurídicos
Dennis explica que en la UE existen cinco modelos jurídicos en torno al trabajo sexual. Mientras países como Lituania, Malta o Croacia aplican un régimen prohibicionista en el que «se criminaliza todo», el modelo de Austria se ha centrado en la regulación, tolerando y organizando «de alguna forma». El modelo de legalización reconoce el trabajo sexual, aunque le imponen ciertos límites. El modelo abolicionista, en el que encajaría con matices el modelo español, prohíbe el proxenetismo y la organización, aunque permite el trabajo autónomo fuera del sistema. «Pero es el modelo neoabolicionista el que constituye una mayor amenaza«, señala Van Wanrooij en referencia al modelo sueco, en el que se opta por criminalizar a los clientes.
Licia Brussa, de la organización Tampep International Foundation, detalla la situación de estas mujeres en Holanda, donde el trabajo sexual se legalizó en el año 2000: «En los primeros años estuvo bien porque hubo encuentros entre todos los agentes: trabajadoras, propietarios de locales, Hacienda. Hubo una mesa de diálogo. Después llegaron los problemas en torno al tema de las migrantes». Brussa afirma que hubo presiones desde la Unión Europea para que se bloqueara el ejercicio de la prostitución a personas que llegaban desde otros países. Holanda prohibió a las personas migrantes el ejercicio de la prostitución, por lo que quedaron excluidas de cualquier forma de protección.
Verónica Munk, de la organización Ragazza, explica que en Alemania, donde el trabajo sexual se legalizó en 2002, en los años recientes «las condiciones han empeorado y los derechos de las trabajadoras del sexo son más débiles o han desaparecido casi por completo». Con la ley de prostitución de 2002, se abolía la criminalización de la prostitución y las trabajadoras del sexo tuvieron, por fin, derecho a prestaciones sociales. Sin embargo, la legalización a nivel nacional se ve limitada por las normas de cada una de las seis regiones, con políticas muchas veces contradictorias en materia de impuestos o de zonas en las que está prohibido el ejercicio del trabajo sexual. Munk explica que, aunque la ley fue un primer paso positivo, el problema es que «no se ha seguido desarrollando y no se ha llegado a una homogeneización en todo el territorio». Ahora, Alemania está debatiendo una nueva ley de prostitución cuya redacción está prevista durante 2015 y que podría entrar en vigor en 2016. Entre algunos de los cambios que se barajan para la nueva norma están el registro obligatorio de las trabajadoras, la penalización de los clientes, controles médicos obligatorios o que la policía pueda entrar a los establecimientos cuando quiera. «El último registro que se hizo en un establecimiento donde se ejercía el trabajo sexual fue en 1939, con el régimen nazi», dice Munk, quien señala lo paradójico de que la ley se llame de Protección de las Prostitutas.
Desde la despenalización, en 1974, Austria ha adoptado el modelo de regulación. Maria Hörtner, de la asociación de apoyo a mujeres migrantes Lefö, explica que todo el sistema en Austria está basado en el control y, aunque las trabajadoras están obligadas al pago de impuestos, no tienen a cambio ningún tipo de derecho laboral. Las trabajadoras del sexo austríacas están obligadas a registrarse en la policía, mientras que en cualquier otra profesión los trabajadores se registran en la Cámara de Comercio. «Ahí se ve el interés del Estado y esto hace que la prostitución se relacione con el crimen, ya sea como delincuente o como víctima», señala Hörtner. Las trabajadoras sexuales también están obligadas a un control sanitario, lo que ha provocado el aumento de la demanda por parte de los clientes a practicar sexo sin preservativo. «Y claro, ellos no están obligados a acreditar su estado de salud», apunta. Hörtner explica que también hay una criminalización de la prostitución callejera, y en Viena, por ejemplo, sólo se puede ejercer el trabajo sexual lejos de las zonas residenciales, lo que expulsa a las trabajadoras a los polígonos industriales o zonas en general con poca comunciación e iluminación.
Organizaciones de apoyo a trabajadoras sexuales de toda Europa se están organizando para crear estrategias con las que enfrentarse a los problemas que actualmente afrontan en sus respectivos países y reivindicar ante el Parlamento Europeo que el trabajo sexual esté reconocido como trabajo, con acceso a derechos laborales, más aún ahora, cuando diversos países, siguiendo las recomendaciones de Bruselas, han incluido las actividades de las trabajadoras sexuales en el cálculo del PIB. «No puede ser que las prostitutas cuenten para rebajar la deuda externa, pero no para tener derechos laborales», señalan desde Hetaira.
Fuente: https://www.diagonalperiodico.net/libertades/24558-europa-ata-corto-trabajo-sexual.html