Los pesticidas europeos invaden los cinco continentes. Para las multinacionales agroquímicas con sede en el Viejo Mundo no importa si sus productos no son autorizados para la venta en la misma Europa. Todo vale y la deontología, para ellas, no existe en el diccionario de la rentabilidad.
En 2018, grandes empresas de los países de la Unión Europea (UE) exportaron más de 81.000 toneladas de pesticidas prohibidos a la venta en el propio mercado continental por contener sustancias que afectan seriamente la salud humana o el medio ambiente.
Los principales exportadores fueron empresas del Reino Unido con 32.187 toneladas; de Italia 9.499; de Alemania 8.078; de los Países Bajos 8.010. En igual período, desde Francia se vendió fuera de la UE, 7.663 toneladas; desde España 5.182 y desde Bélgica 4.907. El destino: unos 85 países – las tres cuartas partes catalogados como “en desarrollo” o emergentes. Entre los cuales, en América Latina, Brasil, México, Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Honduras, por citar solo algunos.
Entre los principales destinatarios de esos químicos prohibidos en suelo europeo se encuentran países que, paradójicamente, nutren, a la postre, a la Unión Europea con productos agrícolas. La UE permite así a sus empresas químicas y agroquímicas exportar desde su territorio sustancias que luego se encontrarán residualmente en las comidas consumidas por su población. Perversa práctica boomerang de mercado.
Dichas empresas aprovechan así de actividades económicas en naciones donde las reglamentaciones y controles son menos severos y los riesgos más elevados que en la misma UE, concluye la investigación elaborada por la ONG suiza Public Eye (el Ojo Público) en colaboración con Unearthed, célula de investigación de Greenpeace de Gran Bretaña. El estudio, cuyos resultados iniciales fueron develados a inicios del 2020, vuelve a ocupar hoy el espacio mediático a través de detalles y complementos difundidos a fines de septiembre.
Una pesquisa inteligente
Para evitar las respuestas edulcoradas de las multinacionales agroquímicas, durante varios meses, los investigadores de las dos ONG solicitaron informaciones, directamente, a la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA), encargada de regular las sustancias químicas y biocidas en el mercado continental. Esta instancia procesa expedientes de ese tipo de productos y observa si respetan las normas. Se dedica también, en colaboración con los gobiernos nacionales, al análisis de las sustancias más peligrosas y en ciertos casos, pone el foco en aquellas que obligan a una mayor gestión de riesgos para proteger las personas o el medio ambiente. Colabora, además, con un centenar de organizaciones “acreditadas” ligadas a la producción, al medio ambiente, académicas, sindicales (https://echa.europa.eu/es/about-us/partners-and-networks/stakeholders/echas-accredited-stakeholder-organisations), entre las cuales, Greenpeace.
A través de la ECHA lograron recolectar “miles de notificaciones de exportaciones”, es decir, los formularios que, según la legislación europea, las empresas deben completar cuando se trata de productos que contienen sustancias químicas prohibidas para la comercialización en la Unión Europea. “Si a veces dichas notificaciones pueden diferir de los volúmenes efectivamente exportados, esa documentación constituye la fuente de información más completa” señala el estudio. Resultado: las dos ONG lograron elaborar una cartografía hasta ahora inédita de las exportaciones pesticidas prohibidas que salen de los diferentes países de la UE. (https://www.publiceye.ch/fileadmin/doc/Pestizide/202009_EU-export-pesticides_worldmap_FR.pdf)
Identifican un total de 41 productos de esa categoría. De los cuales se reconocen oficialmente algunos de los efectos más graves: toxicidad aguda; malformación genética; problemas reproductivos o del sistema hormonal; cáncer; contaminación de fuentes de agua potable; impactos perversos para los ecosistemas.
Como parte de la investigación, Public Eye y Greenpeace contactaron también a unas 30 empresas, de las cuales quince – incluida Syngenta- respondieron formalmente. Las mismas coinciden en cuatro argumentos retóricos repetidos: que sus productos son seguros; que están comprometidas con la reducción de riesgos; que respetan las leyes de los países donde operan – y que éstos deciden libremente sobre los pesticidas más adecuados para los agricultores locales. Y, en particular, que es normal que numerosos pesticidas vendidos al extranjero no sean registrados en la UE dado que el clima y el tipo de agricultura son diferentes a los europeos.
Círculo macabro: semillas de laboratorio y pesticidas
Producido por la transnacional química suiza Syngenta en su fábrica inglesa de Huddersfield, el Paraquat está prohibido desde 1989 en Suiza y desde el 2007 en la Unión Europea.
En 2018, funcionarios británicos la autorizaron a exportar nada menos que 28.000 toneladas de un producto que incorpora dicho veneno vendido en muchos mercados bajo el nombre de Gramoxone. La mitad, destinada a Estados Unidos, donde la multinacional agroquímica es acusada ante los tribunales por campesinos que padecen del Mal de Parkinson. La otra mitad, en dirección, principalmente de los principales consumidores mundiales como Brasil, México, India, Colombia, Indonesia, Ecuador y África del Sur. Aunque su comercialización se expande en buena parte del planeta, incluido muchos países latinoamericanos.
Primer productor de pesticidas del mundo y tercer fabricante de semillas, Syngenta constituye, junto con Monsanto, el símbolo de la agricultura industrial. En 2018, la organización suiza Multiwatch publicó la versión francesa de su Libro Negro de los Pesticidas. Esa asociación que se dedica a denunciar las políticas ilegales de las transnacionales, describe en su publicación que las tres cuartas partes de la actividad de Syngenta está consagrada a productos fitosanitarios y un cuarto a organismos genéticamente modificados (OGM). “Asistimos a la apropiación de la naturaleza por parte de las multinacionales con el fin de constituir monopolios en el mercado de semillas y pesticidas”. Y denuncia el mecanismo diabólico que lleva a los campesinos, fundamentalmente en el Sur, a tener que comprar las semillas, “con el gran riesgo de aumentar sus deudas y de disminuir la biodiversidad”. Y de estar obligados a usar pesticidas, de las mismas multinacionales, responsables de la degradación de la salud de ellos y de las poblaciones expuestas a esos productos. Los ejemplos, no faltan: de Pakistán a Hawai, de la India al continente africano y en toda América Latina. Multiwatch dedicó este libro al militante social brasilero Keno, dirigente del MST (Movimiento de Trabajadores rurales sin Tierra) asesinado en el 2007 en Santa Tereza do Oeste, Estado de Paraná, por miembros de una sociedad privada de seguridad contratada por Syngenta, quien ocho años después fue condenada por tal hecho.
En esa publicación los militantes helvéticos retoman cifras que provienen de la misma ONU. El organismo internacional calculaba ya en el 2017 alrededor de 200 mil decesos anuales resultantes del uso de pesticidas. Y subrayan la gran capacidad de las multinacionales de cambiar de ropaje cuando el descrédito amenaza sus intereses. De la misma manera que la estadounidense Monsanto desapareció en 2017 al ser absorbida por el gigante alemán Bayer, la Syngenta suiza fue formalmente vendida en el 2016 a la Chemchina, aunque su sede principal sigue estando en Basilea, capital suiza de la industria química.
Un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de septiembre del 2019 indicaba, por otra parte, que cada 40 segundos se produce el suicidio en una persona en algún lugar del planeta. El envenenamiento con pesticidas es uno de los tres métodos más usados. Y concluye que “la intervención con mayor potencial inmediato para reducir el número de suicidios es la restricción del acceso a los plaguicidas que se utilizan para la intoxicación voluntaria”.
Concesión a las multinacionales
En julio del año en curso Baskut Tuncak, por entonces todavía Relator Especial de las Naciones Unidas sobre productos tóxicos, pidió a los países ricos que pongan fin a la “deplorable” práctica de exportar productos químicos y plaguicidas tóxicos prohibidos a las naciones más pobres que carecen de «capacidad para controlar los riesgos».
Su declaración fue sostenida por otros 35 expertos del Consejo de Derechos Humanos. Entre ellos David Boyd, Relator Especial sobre derechos humanos y medio ambiente, Tendayi Achiume, Relator Especial sobre las formas contemporáneas de racismo, Francisco Cali Tzay, Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, y Michael Fakhri, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación.
Tuncak explicó que las naciones más ricas suelen aplicar un mecanismo cuestionable “que permite el comercio y el uso de sustancias prohibidas en partes del mundo donde las regulaciones son menos estrictas, externalizando los impactos sanitarios y ambientales en los más vulnerables… Estos vacíos legales son una concesión política a la industria”, que permite a los fabricantes de productos químicos aprovecharse de trabajadores y comunidades envenenadas en el extranjero… Hace mucho tiempo que los Estados deberían haber finalizado con esta explotación, concluyó.
Veneno para muchos -especialmente campesinos de países periféricos-, rentabilidad extrema para las grandes multinacionales agroquímicas. Cara y cruz de una realidad planetaria que sin embargo no se queda solo en la sanción sanitaria y ambiental del Sur. Va y viene, como un enorme boomerang interoceánico, y llega también, inexorablemente, al plato diario del consumidor europeo.