Es una desfachatez que la Comisión se queje de que medidas para evitar que los bancos generen más exclusión social chocan con lo que hizo firmar a España para salvarlos
La carta que al parecer ha escrito la Comisión Europea al ministro de Economía interesándose por el contenido del reciente decreto de la Junta de Andalucía para evitar desahucios la deja claramente en evidencia.
Según se ha podido saber, los dirigentes europeos están preocupados porque las medidas que se propone llevar a cabo la Junta pueden suponer un «riesgo» para las entidades financieras, qué casualidad, justo ahora, según dicen, que se están haciendo esfuerzos para lograr la estabilidad de nuestro sistema financiero.
Digo que la carta retrata a la Comisión Europea porque refleja cuál es el orden de prioridades que guía su toma de decisiones y por quién se preocupa preferentemente cuando las cosas se ponen feas. ¿Cuántos millones de empleos se podrían haber salvado si la Comisión Europea hubiera tenido hace unos años, cuando los bancos amontonaban en sus balances billones de euros en basura financiera que les proporcionaba grandes beneficios a costa de un riesgo que llegó a ser letal para el conjunto de la economía, una preocupación por la estabilidad financiera tan temprana y exigente como la que dice tener ahora?
Es efectivamente una pena que la Comisión Europea no hubiera actuado entonces con un celo semejante al que muestra frente al decreto de la Junta y que no hubiera supervisado al sistema bancario europeo para atajar el peligro que corría el empleo y el conjunto de la economía por culpa de la alegre irresponsabilidad de los mismos banqueros por cuya situación y patrimonio sí que mira ahora con diligencia.
Los líderes europeos se retratan con esta carta porque, al mostrar una sensibilidad tan distinta cuando se trata de salvar el patrimonio de los banqueros o la situación de las personas normales y corrientes, deja muy claro para quiénes trabajan y qué intereses defienden. Es muy significativo que salten enseguida cuando la protección a las personas más desfavorecidas quizá pueda reducir en unos miles de euros las ganancias de los banqueros, y que, sin embargo, no tengan reserva alguna a la hora de recortar derechos y obligar a la inmensa mayoría de la población a que se haga cargo sin rechistar de los billones que cuesta salvar a bancos que se arruinaron solo por culpa de la avaricia y mal gobierno de sus propietarios y directivos.
Es una franca desdicha que los líderes europeos no hicieran nada en su momento para salvaguardar la estabilidad financiera que ahora les preocupa y que para conseguirla solo se les ocurra defender a los banqueros, que son en realidad quienes la amenazan directamente con su deriva constante hacia la inversión especulativa.
La calamidad es que lo que preocupe a la Comisión no sea que tanta protección como proporciona a los banqueros no haya sido efectiva para restaurar el flujo del crédito y el empleo sino que solo sirva para que recuperen sus beneficios y su poder. Y es una verdadera lástima que la Comisión Europea se preocupe tanto por la estabilidad financiera y tan poco por la económica y social que ponen en peligro los abusos bancarios, la especulación, los recortes sociales, las docenas de miles de desahucios y la pobreza de millones de seres humanos, cada vez más desprotegidos y desesperados. Si le preocupase tanto como el bienestar de los banqueros, no seguiría empeñada en imponer la falsa austeridad que ha provocado una segunda recesión en Europa, el aumento del paro y los déficit y más malestar humano, y que hace que hasta los organismos más conservadores del planeta la denuncien como inútil para salir de la crisis y hacer frente a la deuda.
Y es una desfachatez que la Comisión se queje de que medidas para evitar que los bancos generen más exclusión social, legítimas e incluso aprobadas en un parlamento sin ningún voto en contra, chocan con lo que hizo firmar a España para salvarlos. En todo caso, somos los ciudadanos quienes hemos de quejarnos por un acuerdo que choca tan frontalmente contra la legalidad, la dignidad y la justicia.
Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/10/andalucia/1368185314_740579.html