«Manifestantes desfilaron con orden y respeto; Policía custodió, como es su deber; autoridades de la CCSS escucharon. ¡Así debe ser!» Laura Chinchilla, desde España, 15 de noviembre 2012, en su cuenta de Twitter. El 8 de noviembre la represión se cernió sobre una manifestación pacífica de usuarios de la CCSS (1), una semana después la […]
Laura Chinchilla, desde España, 15 de noviembre 2012, en su cuenta de Twitter.
El 8 de noviembre la represión se cernió sobre una manifestación pacífica de usuarios de la CCSS (1), una semana después la respuesta popular fue contundente, varios miles de personas desfilaron por las calles de San José en repudio a la represión policial y en defensa de la CCSS.
Esta demostración de fuerza popular tiene una gran importancia política, los pueblos latinoamericanos sabemos muy bien que sólo con la movilización masiva y decidida es posible cortar las intentonas autoritarias de las clases dominantes, si se «dejan pasar» las intentonas autoritarias, el paso a los gobiernos de «mano dura» y de «guerra sucia» está garantizado. En ese sentido la movilización fue un éxito, una victoria democrática.
La re legitimación del aparato represivo
Pero nuestra reflexión va en otro sentido, queremos poner en discusión otro punto menos evidente, a saber: el proceso de relegitimación de las fuerzas armadas y el orden social que están llevando adelante el gobierno y otras instituciones del Estado.
Es más que evidente que la bravuconada del gobierno hace 8 días, fue una pésima lectura política del gobierno de Chinchilla, su calculo fue que una represión ejemplar contra una marcha modesta, iba ser una punto de apoyo para su alicaída popularidad, el resultado fue todo lo contrario, cundió la indignación.
Las primeras respuestas del régimen fueron erráticas, los medios de comunicación se dividieron, algunos apoyaron a las FFAA y al gobierno, otros lo criticaron, el gobierno dejó las decisiones políticas en manos de los jefes de seguridad. La primera respuesta fue poner a policías razas a demandar penalmente a los diputados Villalta y Monge por agresión, asimismo a la diputada Granados por daños a los bienes públicos, un montaje absurdo y ridículo a todas miras. Es importante señalar que de los 40 detenidos el gobierno solo acusó penalmente a uno de ellos en el tribunal de flagrancia, el único imputado es un activista de la juventud universitaria del Frente Amplio: Rolando Fernández; el mensaje era claro: amenaza a los estudiantes universitarios, amenaza a la izquierda política.
El gobierno cambia de táctica.
Pero el intento de resolver la crisis política abierta con represión policial, con represión judicial fue infructuoso. Muchas personas vieron con hostilidad el actuar policial, el argumento de la defensa de la libertad de tránsito, no caló en la población esta vez, máxime que es bastante notorio que la libertad de tránsito es sobretodo violentada por la misma ineficiencia y corruptela del gobierno, que ha vuelto la existencia de buenas vías de transito casi un sueño en Costa Rica.
Cuando el gobierno se vio derrotado políticamente, cambió de orientación. En el último tramo su política fundamental fue relegitimar a las fuerzas armadas y hacer un llamado a las organizaciones populares a comportarse «como buenos ciudadanos» protestando, pero respetuosamente. Es decir, se activó la clásica apelación ideológica a la paz y la concordia, a la «excepcionalidad costarricense que siempre nos permite ponernos de acuerdo».
La primera medida fue llamar al diálogo y a la protesta responsable. Luego el gobierno, usando una dosis extraordinaria de cinismo, utilizó para resguardar la marcha a mujeres policías, así pervirtiendo totalmente la temática de la violencia contra las mujeres, intentó presentar unas FF AA amigables, pacificas.
Así como se asocia ideológicamente a la mujer con la maternidad «que cuida y nutre», el efecto que quería lograr el gobierno era demostrar que los policías están allí para cuidarnos, que su violencia es responsable y casi cariñosa, como la de una madre con sus hijos.
Los artículos de Seidy Salas y Diana Herrero muestran con claridad el cinismo y el reforzamiento de la violencia contra las mujeres que significa esta desvergonzada política gubernamental.
Esta orientación fue clave para relegitimar la policía. El mensaje que transmitía el gobierno era: «si hay violencia, esta viene del pueblo, nosotros somos el orden y la bondad», la metáfora monstruosa era hacer equivalente al pueblo trabajador con un agresor de mujeres y el orden estatal con sus policías y sus cárceles, como una mujer víctima y agredida ¿Cínico, no? Esta política del gobierno obliga a una contra respuesta ¿Qué hacer para contrarrestar la política del cinismo?
La política de las flores
Durante la movilización tanto manifestantes como las y los diputados del PAC y la ex defensora de los Habitantes Lizbeth Quesada, les repartieron flores a las mujeres policías que vigilaban la marcha. Aquí hay dos sentimientos y dos políticas, que valdría la pena no confundir.
Los manifestantes, sobre todo mujeres que repartieron flores a las policías, respondían de manera ingenua a una pregunta que es realmente progresiva que los sectores populares se realicen: ¿Si las fuerzas armadas están reclutadas entre los pobres y sirven para reprimir al mismo pueblo del que proceden, que se puede hacer para neutralizarlos, para desmoralizarlos? Esta pregunta clave en cualquier proceso de transformación radical es muy importante hacérsela, pero la respuesta que se dio es ingenua. Las flores no detienen a los fusiles, las experiencias históricas que confirman este aserto son demasiado dolorosas como para olvidarlas.
El gobierno evita la represión exclusivamente cuando calcula que políticamente no vale la pena reprimir, que los costos políticos y frente a la opinión pública son muy altos; normalmente si los costos políticos son bajos o administrables, el gobierno siempre usa la fuerza. El otro momento político en donde se imposibilita la represión es cuando las FFAA están divididas y/o paralizadas internamente, normalmente por una combinación de crisis en las alturas y en el mando militar mismo o bien porque el campo popular está dispuesto a enfrentarse con ellas y organiza sus propios destacamentos de lucha y resistencia armada. Esta última opción, a saber: convencer políticamente al movimiento de masas de la necesidad de auto organizarse y armarse en su propia defensa, es la política clásica del marxismo.
El olvido y el perdón
En el caso específico de la política del PAC y de la ex-Defensora de los Habitantes no es ingenuidad bondadosa, es la política natural y necesaria del segundo partido de la burguesía del país, es el signo de la reconciliación de la burguesía con sus propias fuerzas armadas, son las flores de loto, las flores del olvido y el perdón.
Si, hace una semana éramos opresores y oprimidos, reprimidos y represores, hoy todos somos costarricenses pacíficos y dialogantes. Detrás de las líneas de fuego de la represión y los golpes, se esconden y se unen unas líneas superiores, las líneas de la unidad de clase de la burguesía detrás de sus propias fuerzas armadas; para esto sirve la política de «olvido y perdón» que se ha activado desde este jueves en todos los medios de prensa y en todos los discursos gubernamentales.
Los hechos son que Zamora, Gamboa, Rivera y los policías responsables de la represión siguen impunes, nadie ha sido juzgado, ni sancionado administrativamente, ni siquiera un regaño vigoroso ha existido contra quienes efectuaron una represión y arrestos injustificados a todas miras. Por eso es más necesario que nunca que todas las víctimas de arrestos injustificados el jueves 8 de noviembre, procedan a denunciar y a demandar penalmente al Estado costarricense, no porque tengamos particular confianza en la prudencia de la justicia, sino como parte de una campaña para mostrar a ojos vista de los trabajadores como el Estado burgués es básicamente un aparato que usa una violencia legitimada en contra de los explotados y los oprimidos y que protege y justifica a las clases dominantes y a sus lacayos y funcionarios.
La criminalización de la protesta social continúa, la acusación ejemplar contra Rodolfo Fernández se mantiene, la represión policial y parapolicial en los lugares más alejados del centro político como Medio Queso, Los chiles y Limón, también se mantiene, un nuevo ciclo de mano dura es inevitable, pues es la única forma que tiene el gobierno de doblegar la resistencia cada vez más espontánea en contra de los recortes sociales, los aumentos en los servicios públicos, el despojo, el hambre y el autoritarismo.
Otra debilidad a subsanar: el rol de los sindicatos.
Aunque muchos trabajadores participaron en la marcha, participaron auto convocados, en tanto que ciudadanos individuales, o por un tímido llamado de sus organizaciones sin convocatoria de Huelga, como suele hacer el movimiento sindical para sacar a su gente a la calle. Lo cierto es que las organizaciones de la clase trabajadora como tal pese a que ésta es una de las que más sufre el deterioro y el saqueo de la CCSS, y que algunas como APSE tuvieron afiliados detenidos el 8 de noviembre, no intervinieron con toda su fuerza en este conflicto.
Lo correcto hubiera sido que sindicatos claves en esta lucha como APSE y UNDECA, así como el FIT-ICE (que sufre su propio desmantelamiento) llamaran a sus bases y a todo el movimiento sindical a un paro nacional de un día en defensa de la CCSS y por el derecho a protestar y organizarse. En todos estos sectores la comprensión de la necesidad de defender la CCSS y de defender el derecho de protesta y organización es fácil de entender, pues están sufriendo estos mismos ataques en cada uno de sus sectores.
Así pues, se impone más que nunca un encuentro de organizaciones populares que unifique las múltiples demandas que hoy tiene movilizado casi a diario a los distintos sectores, así mismo se vuelve un imperativo la denuncia contra la represión y criminalización de la protesta social, que no se ha detenido ni mucho menos; de hecho se ha cubierto de impunidad, gracias a la política de olvido y perdón.
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