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El Consejo de la Nación Charrúa demanda protección para los derechos y la integridad de los pueblos originarios

Exigen que el Estado de Uruguay cumpla la deuda histórica y ratifique el Convenio 169 de la OIT

Fuentes: Servindi

El Consejo de la Nación Charrúa (Conacha) lanzó la «Campaña nacional de recolección de firmas para la ratificación del Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», instrumento jurídico internacional que protege los derechos y la integridad de los pueblos indígenas u originarios. En rueda de prensa precisaron que no se […]

El Consejo de la Nación Charrúa (Conacha) lanzó la «Campaña nacional de recolección de firmas para la ratificación del Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)», instrumento jurídico internacional que protege los derechos y la integridad de los pueblos indígenas u originarios.

En rueda de prensa precisaron que no se trata de promover un plebiscito sino demostrar que el tema excede la voluntad de las organizaciones indígenas y es acompañada por un número significativo de ciudadanos indígenas y no indígenas.

La campaña pretende además poner en evidencia al Estado uruguayo que ha estado omiso en la materia, a pesar de las recomendaciones internacionales y algunos avances parciales o sectoriales.

El lanzamiento formal de la campaña se realizó el 27 de julio de 2012 en una sala del Parlamento uruguayo, donde Enrique Auyanet, miembro de la Comisión Honoraria Contra el Racismo, Xenofobia y Discriminación, y Mónica Michelena, delegada por los Pueblos Indígenas de Uruguay ante el Fondo Indígena, explicaron la iniciativa.

Ambos oradores, en representación del Conacha, sostuvieron que desde el 2005 el Consejo de la Nación Charrúa trabaja por la ratificación del Convenio, año en la que la institución fue acreditada por el ministerio de Relaciones Exteriores.

Enrique Auyanet destacó que se han realizado innumerables entrevistas con los ministerios de Trabajo, Relaciones Exteriores y de Cultura, buscando sensibilizar y aportar información pertinente a las autoridades públicas.

Como representante del Conacha ante la Comisión Honoraria Contra el Racismo, Xenofobia y Discriminación desde el 2007 se incorporó el tema en el plan de acción de la comisión contando con la solidaridad de todos sus integrantes, agregó.

«En los últimos años Uruguay ha tenido grandes avances en el área de los Derechos Humanos, y hace pocos días asistimos a la toma de posesión del directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos, lo que refuerza nuestras esperanzas de seguir avanzando en nuestra tarea» culminó Auyanet.

Una deuda histórica

Por su parte, Mónica Michelena sostuvo que la ratificación del Convenio 169 de la OIT «es una deuda histórica colectiva no sólo del Estado uruguayo sino de todo su pueblo, y a una deuda colectiva se la debe saldar colectivamente» indicó.

«Nos intentaron exterminar a través de un genocidio, nos sacaron de nuestros territorios, nos quitaron nuestra cultura, nos robaron nuestra identidad y hoy nos siguen negando a pesar de nuestra lucha por visibilizarnos» expresó Michelena.

La representante del Conacha manifestó que Uruguay tiene población indígena, reconocida por el Instituto Nacional de Estadística y Censo dentro de sus censos y encuestas oficiales. Según las Encuestas de Hogares, la población que se autoidentificó con ascendencia indígena pasó de un 0,4 por ciento en 1996 a un 3,8 por ciento en el 2006.

Por otra parte, según datos preliminares arrojados por el Censo Nacional del 2011 otorgados por el Instituto Nacional Estadística, «un 4,9 por ciento de la población uruguaya, que equivale a 159.324 personas, afirman tener ascendencia indígena» afirmó Michelena.

El Convenio sobre Pueblos Indígenas

El Convenio 169 de la OIT constituye la única herramienta jurídica internacional de carácter y formato plena e indiscutiblemente vinculante que establece el derecho de los pueblos indígenas u originarios a autoidentificarse, a administrar sus propias instituciones, definir sus prioridades de desarrollo y participar en las políticas que les vayan a afectar.

El espíritu de consulta y participación constituye la piedra fundamental del mencionado convenio sobre el cual se basan la mayoría de sus disposiciones. Promueve que los pueblos indígenas sean consultados de buena fe y por procedimientos adecuados en relación a las medidas que los afectan.

También exige que estos pueblos puedan participar de manera libre, previa e informada de los procesos de desarrollo y formulación de políticas públicas. La consulta debe hacerse con el objetivo de llegar a un acuerdo o consentimiento y a través de sus instituciones representativas.

«Sin lugar a dudas, consideramos que la ratificación del convenio 169 de OIT será para nuestro país un logro más en la profundización de los Derechos Humanos y para la Nación Charrúa la posibilidad efectiva de acceso a la justicia» indicaron ambos representantes.

Raíces amerindias y omisiones

En el 2005 la doctora Sinthia Pagano obtuvo el Premio Nacional de Medicina por un estudio genético de la población uruguaya, en el cual se obtuvo que un 38 por ciento de la población uruguaya tiene origen amerindio.

Además de acuerdo a estudios genéticos y estimaciones realizadas por la Antropóloga Biológica Mónica Sans de la Udlar la ascendencia indígena a nivel nacional podría situarse en alrededor del 40 por ciento.

Michelena explicó también que «desde ciertos organismos, Uruguay reconoce a sus Pueblos Indígenas. Si bien Uruguay ha suscrito la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas, el problema es que no reconoce aún constitucionalmente a los pueblos indígenas que habitan en su territorio».

«No existe en la Constitución de Uruguay un reconocimiento de la preexistencia étnica de los pueblos indígenas en el territorio del país, ni tampoco se reconoce en ella el carácter multiétnico de su población».

Tampoco figuran en ella ninguno de los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas (autonomía, libre determinación, territorio, cultura) ni el derecho a la titulación colectiva de tierras y territorios».

Michelena dijo además que «la incoherencia está planteada por el hecho de que desde ciertos organismos se ha hecho un reconocimiento a las organizaciones indígenas, dado que Uruguay ratificó el Convenio Constitutivo del Fondo Indígena y pasó a formar parte de él en abril de 2005, como miembro pleno y activo, acreditando a su delegado indígena desde entonces.

«Otro espacio institucional en el que también estamos siendo reconocidos es en la Comisión contra la Discriminación, Racismo, Xenofobia y toda otra forma de discriminación, comisión que depende de Presidencia de la República y del ministerio de Educación y Cultura» agregó.

Por otra parte, Uruguay ha reconocido su identidad indígena a través de la aprobación de la ley 18.589 que declara al 11 de abril como Día de la Nación Charrúa y de la Identidad Indígena. En un marco histórico esta fecha refiere al día en que el Estado uruguayo perpetró el genocidio a la Nación Charrúa.

«Considero que tanto las firmas, como las cartas de adhesión y apoyo a la ratificación de organizaciones a nivel internacional y la intervención del Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas puede incidir ante el Estado uruguayo para que ratifique el Convenio 169 de la OIT y reconozca nuestros derechos colectivos en la Constitución uruguaya», explicitó Michelena.

Fuente: http://servindi.org/actualidad/70153