Traducido del francés para Rebelión por Beatriz Morales Bastos
La militante vasco francesa Aurore Martin fue detenida por la gendarmería francesa el 1 de noviembre en Mauléon e inmediatamente fue entregada a las autoridades españolas en ejecución de una euroorden emitida por España en octubre de 2010. Aurore Martin, que se encuentra en prisión preventiva, es perseguida en España por » pertenencia a una organización terrorista «. Miembro de Batasuna, un partido político prohibido en el país emisor de la euroorden, España, pero legal en Francia, de hecho se la persigue por haber participado en territorio español en reuniones y conferencias de prensa, y por haber publicado artículos de opinión. Es la primera vez que Francia entrega a la justicia española a uno de sus ciudadanos por razones políticas . Esta entrega puede parecer sorprendente si se sabe que desde hace un año Aurore Martin había reaparecido públicamente tras un primer intento de entrega que fue abortado en Bayona 2011. Aunque el candidato François Hollande se había opuesto a su extradición, es su ministro del Interior Manuel Valls quien es responsable de ella. Además, esta detención se produce inmediatamente después de una entrevista concedida por Valls al diario español El País en la que afirma que Francia proseguirá » con firmeza » su lucha contra ETA.
El hecho de que la demanda la haya hecho una jurisdicción de excepción que legitima la tortura de los presos ya no parece ser un obstáculo para la entrega de una persona que tiene nacionalidad francesa. Este caso desvela lo que permite la actual euroorden y que no autorizaba al antiguo procedimiento de extradición.
La euroorden adquiere toda su dimensión liberticida en el marco de la » lucha contra el terrorismo «. Recordemos que la incriminación del terrorista es inmediatamente de orden político. La euroorden establece un mecanismo de solidaridad entre gobiernos europeos con respecto a las oposiciones que no quieren reconocer como tales y que ellos consideran criminales. Al contrario del antiguo procedimiento de extradición, la decisión de entregar a la persona solicitada escapa formalmente al gobierno del país que recibe la demanda, ya que ahora se trata de un acto judicial que es puramente de procedimiento que suprime los diferentes controles que existían antes.
En el procedimiento de extradición el control judicial se basaba en la materialidad de los hechos y la legalidad de la demanda. La euroorden, por su parte, ya no se basa en la regularidad formal del documento. El abandono de los procedimientos de verificación hace que la entrega tenga un carácter casi automático. Este modo de operar invierte el de la extradición, en el que la decisión correspondía finalmente al poder político. Actualmente la decisión política de extraditar la toma una maquinaria que neutraliza toda posibilidad de discusión.
El procedimiento de extradición descansaba también en la exigencia de una doble incriminación: solo era posible la extradición si el hecho perseguido constituía un delito tanto en el país demandador de la persona incriminada como en el país solicitado. La euroorden prescinde de esta condición: basta con que el comportamiento cuestionado constituya una infracción en el país demandante. Esto explica por qué se ha entregado a Aurore Martin a España por pertenencia a una organización política prohibida en España, pero legal en Francia. En este caso se trata de una consecuencia del principio de confianza mutua. Se plantea, a priori, que los sistemas penales de los países de la Unión Europea respetan la democracia y el Estado de derecho. La euroorden solo se puede suspender » en caso de violación grave y repetida por parte de los estados miembros de los derechos fundamentales » . La entrega de Aurore Martin nos demuestra que ni la existencia de jurisdicciones de excepción [en España] ni la utilización sistemática de la tortura con respecto a los militantes vascos ya no constituyen para Francia una «violación grave» que ponga en tela de juicio la extradición de una ciudadana francesa. En vez de llevar a la unificación de los códigos penales de los Estados miembros, la euroorden permite establecer un espacio judicial que permite la existencia de disparidades entre los sistemas judiciales. El resultado de ello es extender la soberanía de los Estados miembros en materia penal al conjunto del territorio europeo. Si la creación de una incriminación que especifica el acto terrorista permite a un Estado miembro la adopción de reglas de procedimiento penal que derogan el derecho común, la euroorden permite generalizarlas al conjunto de la Unión Europea .
Jean-Claude Paye, es sociólogo, autor de El final del Estado de derecho , Hondarribia, Hiru, 2010, y de L’Emprise de l’image. De Guantanamo à Tarnac. Editions Yves Michel 2011.