El Gobierno francés, y sus ambiciones de buenas relaciones con el régimen petrolero de Angola, se encuentran en un fuerte aprieto desde este lunes, tras quedar abierto el juicio por el llamado caso Angolagate ante el tribunal penal de París. Un ex ministro de Interior, un prefecto esposado, el hijo de un ex presidente y […]
El Gobierno francés, y sus ambiciones de buenas relaciones con el régimen petrolero de Angola, se encuentran en un fuerte aprieto desde este lunes, tras quedar abierto el juicio por el llamado caso Angolagate ante el tribunal penal de París.
Un ex ministro de Interior, un prefecto esposado, el hijo de un ex presidente y hasta un consejero del Elíseo se sientan en el banquillo acusados de tráfico ilegal de armas multimillonario con Angola. Y el Gobierno actual les brinda la protección que puede frente a la justicia.
El proceso declarado abierto por el juez Jean-Baptiste Parlos, de una duración prevista de cinco meses, reúne algunos de los ingredientes más clásicos y sórdidos de la celebérrima Françafrique, las redes irregulares y postcoloniales de Francia en África.
Acusado: Jean-Christophe Mitterrand, hijo del expresidente francés, conocido en África con el alias Papameahadichoque. Acusado: Charles Pasqua, ex ministro de Interior y gran personalidad gaullista. Acusado y ya entre rejas: el prefecto Jean-Charles Marchiani, alto funcionario ultraconservador. Acusado: Pierre Falcone, traficante de armas con pasaporte francés y angoleño y miembro de la embajada de Angola ante la Unesco. Acusado y no presente en la sala: Arcadi Gaydamak, traficante de armas de múltiples nacionalidades (ruso-franco-angoleño-israelí) y candidato a la alcaldía de Jerusalén, pese a la orden de arresto internacional en su contra.
Violación del embargo
A todos ellos, al igual que a Jacques Attali, consejero casi permanente de los presidentes franceses desde François Mitterrand hasta Nicolas Sarkozy, y otras 35 personas más se les acusa de haber participado de una manera u otra en ventas ilegales de armas. Armas que pasaban, vía empresas francesas, hasta la Angola en guerra de los años noventa, en violación del embargo internacional impuesto por la ONU.
Pierre Falcone y Arcady Gay-damak, mediante empresas domiciliadas en París, hicieron transitar desde Europa del Este hasta la Angola de los 500.000 muertos material de guerra soviético comprado a precio de saldo.
Personajes como Marchiani y Pasqua se encargaban de provocar la vista gorda de la Administración francesa. Y Attali habría dispensado consejos e influencia en el corazón de París para engrasar la maquinaria.
El siniestro comercio, entre 1993 y 1998, generó un volumen de negocio goloso, según el sumario, 790 millones de dólares, repartidos entre los ingresos de los honestos comerciantes, comisiones a los facilitadores del negocio en París, e incluso más de 40 millones en comisiones para el propio presidente angoleño, Eduardo Dos Santos.
Por monstruoso que sea, un trasiego irregular así no tiene nada de excepcional, dado el interés de París y las prácticas habituales de capitales interesadas por un país en guerra repleto de recursos.
Lo que sí es excepcional es que este caso haya llegado a los tribunales. Y, más excepcional aún que, con toda la basura a la luz del día, el Gobierno francés de Sarkozy se atreva a brindar protección a los mafiosos. A la misma Franciáfrica que el Sarkozy candidato dijo querer desbaratar.
Los sesenta abogados de la defensa tienen en sus carpetas sobre la mesa del juicio una baza fundamental. El ministro de Defensa francés, el sarkozysta Hervé Morin, les ha enviado una carta en la que dice de su puño y letra que, a su juicio, el tráfico de armas ilegal que se cocinó, pagó y tramitó en París no es constitutivo de delito. Para llegar a tal argucia, desentierra el señor ministro un decreto de 1939.
Nicolas Sarkozy había viajado en mayo pasado a Luanda, capital clave para los intereses de la empresa francesa petrolera Total. Dijo allí que había que «pasar página» en el malestar franco-angoleño. Y, por ese malestar, cabía entender precisamente este juicio, que los magistrados instructores sólo pudieron conducir después de unas filtraciones en la Administración y tras siete años de instrucción.
Con la carta enviada por Morin, los defensores pueden legítimamente reclamar al fiscal la nulidad del proceso. Si no fuera así, los abogados del Estado angoleño están insinuando otra posibilidad al juez: invocar el secreto de defensa para dar carpetazo.
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