Entre finales de 2009 y principios de 2010, nueve dirigentes sociales fueron asesinados en el departamento de San Marcos, uno de los más pobres de Guatemala. Tenían dos cosas en común: encabezaban la lucha de las comunidades de la zona contra los abusos de Unión Fenosa y eran miembros del Frente Nacional de Lucha por […]
Entre finales de 2009 y principios de 2010, nueve dirigentes sociales fueron asesinados en el departamento de San Marcos, uno de los más pobres de Guatemala. Tenían dos cosas en común: encabezaban la lucha de las comunidades de la zona contra los abusos de Unión Fenosa y eran miembros del Frente Nacional de Lucha por la Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales (FNL). Los culpables no han sido ni detenidos ni identificados.
En 1998 se inicia la privatización del Instituto Nacional de Electrificación (INDE) de Guatemala. Unión Fenosa (UF) compra el 93% y toma el control de dos distribuidoras eléctricas. En septiembre de 2009, Gas Natural se convierte en propietaria de UF.
La privatización del INDE forma parte de la extensión del neoliberalismo salvaje por toda América Latina… y de las acciones del gobierno español para promover las inversiones españolas.
La entrada de UF en Guatemala fue agresiva desde el principio. La compra del INDE, por la cuarta parte de su valor real, ya fue fraudulenta. También se estableció un nuevo coste, el Valor Agregado de Distribución (VAD), por el cual los usuarios pagan el coste de la distribución de la energía. A pesar de una condena por cobro excesivo del VAD, las hidroeléctricas lo han continuado cobrando. De 2001 a 2006, el incremento medio fue del 62%. Además, se han recortado los subsidios estatales a las familias que no pueden pagar la electricidad.
La venta de las eléctricas a UF estuvo ligada al Plan de Electrificación Rural (PER). En realidad, el PER fue un incentivo para la inversión extranjera, porque el Estado lo financiaría, con fondos obtenidos de la privatización y préstamos internacionales.
A UF, el negocio le salió redondo: se le financiaba la inversión en la zona y, además, cada hogar electrificado se convertía en un cliente privado más. El INDE le suministraría energía eléctrica a bajo coste. En cuanto al PER, UF se ha limitado a expandir la red cercana a las mayores ciudades, donde hay más usuarios, y a priorizar los suministros industriales. Las zonas rurales continúan a oscuras.
Ahora UF está entrando también en el sector de la generación de energía, con la construcción de plantas que funcionarán con carbón, uno de los recursos más contaminantes y que, además, Guatemala tendrá que comprar en otros países, ya que no tiene.
Los abusos contra la población han sido innumerables. Además, en el mismo periodo en que casi duplicó su número de clientes, UF despidió a la cuarta parte de su plantilla. Los sindicatos han denunciado numerosas violaciones de los derechos laborales y sindicales.
En julio de 2009, se habían presentado en Guatemala 90.358 denuncias contra UF.
La población, organizada en el FNL, ha respondido con movilizaciones multitudinarias, que se han extendido a México, Honduras y El Salvador. En la calle, el grito ya generalizado es: «¡Fuera Unión Fenosa de Guatemala!». Se la considera una empresa lesiva para el país.
UF siempre ha respondido con violencia: intimidación y ataques a los dirigentes sociales y comunales, entrada de sicarios armados en las poblaciones que se niegan a pagar la electricidad para obligar a sus habitantes a firmar reconocimientos de deuda, criminalización pública del FNL, etc.
El 22 de diciembre de 2009, a petición de UF, el gobierno guatemalteco decretó un estado de sitio en todo el departamento de San Marcos que todavía continúa vigente, y órdenes de busca y captura contra 250 miembros del FNL. En marzo de 2010, ocho cámaras de comercio -entre ellas la Cámara Oficial Española de Comercio de Guatemala- pedían al presidente Álvaro Colom la extensión del estado de sitio a todo el país.
El caso de Unión Fenosa, que con pocas variantes se repite en México, Colombia y Nicaragua, no sólo ha generado una movilización popular sin precedentes en Guatemala y ha conseguido que se pusieran en marcha numerosas iniciativas internacionales de apoyo a la lucha del FNL y del pueblo guatemalteco. Es, además, un ejemplo paradigmático de los resultados del capitalismo salvaje y de los tratados de libre comercio, de la complicidad activa de las instituciones financieras, de la defensa por parte del Gobierno guatemalteco de los intereses del gran capital en contra de los derechos más elementales de la población, y de la connivencia delictiva de la UE y del gobierno español.
Anna Campeny es Miembro de la Ass. d’Amistat amb el Poble de Guatemala. www.aapguatemala.org
Fuente: http://enlucha.org/?q=node/