Triunfo de la impunidad. En un fallo que es un atentado a la legalidad, y a la justicia y la memoria, a pocos días del inicio del juicio por dos mil 100 casos de esterilizaciones forzadas practicadas a mujeres andinas, el Tribunal Constitucional peruano resolvió este jueves dejar sin efecto la sentencia que anulaba un indulto para el ex dictador Alberto Fujimori, quien ahora quedará en libertad luego de tres años en la cárcel.
Los constitucionalistas peruanos señalaron que esta resolución incumple el derecho internacional, ya que Fujimori tiene condenas por crímenes de lesa humanidad. Se espera que en los próximos días se lleve el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que se anule la resolución del Tribunal Constitucional. Mientras dure el proceso, Fujimori, de 83 años, esperará en libertad.
Organismos de derechos humanos anunciaron que recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para impugnar la decisión del TC, que viola la jurisprudencia nacional e internacional en materia humanitaria, la que prohíbe los indultos para condenados por crímenes de lesa humanidad, como es el caso de Fujimori.
La Corte Interamericana ya se pronunció en 2018 sobre la ilegalidad del indulto que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski le otorgó a Fujimori y en ese momento le ordenó al Estado peruano revisar esa decisión. Luego de esa revisión, un juez supremo anuló el indulto por considerarlo ilegal al haber estado rodeado de una serie de irregularidades y ser falsos los argumentos dados para justificar un perdón humanitario. Se espera que la CIDH ratifique su decisión anterior contra el indulto.
El presidente Pedro Castillo, y el primer ministro, Aníbal Torres, criticaron el fallo. Castillo señaló que el fallo del TC refleja la crisis institucional a la que se refirió el pasado lunes en un mensaje al Congreso en la que se refirió a la precariedad del sistema de justicia y a la necesidad de una reforma del Estado. “Los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el Estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo”, agregó.
El primer ministro Torres, comentó que la sentencia se tiene que acatar, “pero eso no quiere decir que no se puede criticar”, lo que hizo, a tiempo de opinar que el TC debe desaparecer, porque “ha notificado a la ciudadanía que garantiza la impunidad y no la de cualquier delincuente, sino de los que tienen cierto poder”. La ministra de la Mujer,Diana Miloslavich, señaló que se trataba de “una liberación ilegal e inaceptable”.
Fujimori llegó a gobernar a través de elecciones entre 1990 y 1992, luego dio un autogolpe de Estado y gobernó de facto hasta 1995, cuando fue reelecto. En el año 2000, obtuvo una segunda reelección pero tuvo que renunciar tras la divulgación de una serie de videos que mostraban a Vladimir Montesinos, jefe de facto de la inteligencia peruana, sobornando a miembros de otros partidos para que apoyaran al presidente.
Impuso un régimen autocrático, una política neoliberal, cambió la Constitución y se hizo reelegir dos veces. Nombró como su asesor principal a un oscuro excapitán del ejército vinculado al narcotráfico, Vladimiro Montesinos, convertido en jefe de facto de los servicios de inteligencia y las fuerzas armadas, que se encargaba de los trabajos sucios del gobierno, desde pagar sobornos para ganar respaldo hasta ordenar asesinatos.
Sus simpatizantes lo recuerdan como el profesor de matemáticas que llegó al poder tras vencer a Mario Vargas Llosa en las elecciones, un líder de mano dura que salvó al país del terrorismo y una hiperinflación. Pero en realidad fue un déspota que disolvió el Congreso en 1992, juzgó a sus enemigos de movimientos insurgentes ante tribunales encapuchados y violó los derechos humanos para mantenerse una década en el poder.
Escuadrón de la muerte
Con el apoyo de Fujimori, Montesinos, ahora en prisión, creó y dirigió el escuadrón de la muerte Colina. Cuando su dictadura se derrumbaba en medio de denuncias de fraude para reelegirse, escándalos de corrupción y violaciones a los derechos humanos, Fujimori huyó en noviembre de 2000 a Japón, el país de sus padres, donde encontró protección. Sorpresivamente en noviembre de 2005 viajó a Chile, donde fue detenido y extraditado al Perú en setiembre de 2007 para ser juzgado.
El exdictador debía cumplir una sentencia de prisión de 25 años hasta 2032, por corrupción y violaciones a los derechos humanos, entre estos últimos se destacan dos casos protagonizados por el paramilitar Grupo Colina, que respondía a Montesinos: la matanza de Barrios Altos, en 1991, en la que 15 personas fueron asesinadas y fue la masacre de La Cantuta, en 1992, en la que murieron nueves estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle.
Fujimori, cuya hija Keiko Fujimori perdió el año pasado la elección presidencial frente a Castillo, estaba preso en una base policial en Lima, donde según sus médicos sufre de úlceras en el estómago, hipertensión, fibrosis pulmonar y ha pasado por varias operaciones en la lengua por lesiones cancerígenas.
En la Navidad de 2017, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, concedió un indulto al exmandatario, que se encontraba en la cárcel desde 2007, condenado por violaciones a los derechos humanos, peculado, corrupción y usurpación de funciones. Había cumplido casi la mitad de su condena a 25 años de cárcel por delitos de lesa humanidad. En octubre de 2018, la Corte Suprema anuló el indulto por considerar que carecía de efectos jurídicos.
Y ahora, ante un pedido del equipo defensor de Fujimori, el Tribunal Constitucional anuló la nulidad resuelta por la Corte Suprema en 2018, por lo que el indulto de Kuczynski (quien renunció a la presidencia en octubre de 2018 tras descubrirse su vínculo con la corrupción del caso Oderbrecht) volvió a ser válido.
En el TC hubo un empate de tres votos y fue el doble voto dirimente de su presidente,Augusto Ferrero, el que rompió la igualdad a favor de Fujimori. Ferrero fue nombrado miembro del TC en 2017 por el Congreso con los votos fujimoristas que entonces tenían mayoría absoluta en el Legislativo. El abogado de Fujimori, César Nakasaki, justificó esta decisión dramatizando sobre el estado de salud de su cliente, el mismo argumento usado desde hace años cada vez que el fujimorismo ha buscado la liberación de su líder.
Fujimori ha estado recluido, con un paréntesis de libertad entre diciembre de 2017 y octubre de 2018 -estuvo en vigencia el perdón que le dio Kuczynski-, en la misma prisión VIP de la que ahora será liberado al haberse restituido ese cuestionado indulto. Contra él sigue un proceso judicial en marcha por las esterilizaciones forzadas contra más de 300 mil mujeres, en su mayoría campesinas andinas.
Mientras las víctimas sobrevivientes de los crímenes fujimoristas y los familiares de los desaparecidos y asesinados, organismos de derecho humanos y los sectores democráticos se indignan y protestan por la restitución de un indulto ilegal para liberar al exdictador, el fujimorismo y la ultraderecha celebran. La impunidad está de fiesta en Perú y ahora va por la cabeza del presidente Pedro Castillo.
Mariana Álvarez Orellana. Antropóloga, docente e investigadora peruana, analista asociada al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (CLAE)
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