Un acto de violencia que encierra un mal precedente ocurrió este otoño en la sureña ciudad francesa de Marsella: alrededor de medio centenar de personas prendieron fuego a un campamento de gitanos y los obligaron a abandonar el lugar. El ataque fue premeditado porque los habitantes del barrio de Créneaux habían informado a las autoridades […]
Un acto de violencia que encierra un mal precedente ocurrió este otoño en la sureña ciudad francesa de Marsella: alrededor de medio centenar de personas prendieron fuego a un campamento de gitanos y los obligaron a abandonar el lugar. El ataque fue premeditado porque los habitantes del barrio de Créneaux habían informado a las autoridades que actuarían por su cuenta si los roms, como se les conoce aquí, no se marchaban.
Aunque la policía estuvo presente no arrestó a nadie porque -según los agentes- todo pasó «pacíficamente» y no «hubo ningún desbordamiento».
Que sea la propia ciudadanía la que expulse a los gitanos y las fuerzas del orden no hagan nada para impedirlo constituye una acción preocupante, porque es el retorno a la ley de la jungla, advirtió el presidente de la Liga de los Derechos Humanos, Pierre Tartakowsky.
Para el partido Europa Ecología Los Verdes, «no es tolerable en la República que un grupo de ciudadanos particulares, cualquiera que fuese la razón, pueda decidir sus propias reglas y aplicarlas con total autonomía, en detrimento de las normas elementales de la justicia».
El caso, sin embargo, no es un hecho aislado. En mayo de 2008, hombres y mujeres armados con piedras y palos incendiaron cinco campamentos de la etnia rom al este de Nápoles, en Italia.
Los gitanos, romaníes o zíngaros constituyen la minoría más grande del continente, con unos 10 millones de integrantes.
A pesar de ser ciudadanos europeos, sufren discriminación en todos los aspectos de la vida, desde el acceso a la vivienda, el trabajo, la educación y la salud, y sus problemas se agravaron con la crisis iniciada en 2008.
«Nadie te alquila un piso, aunque tampoco podríamos pagarlo. Es muy difícil conseguir un trabajo», declaró Marko, un joven que reside en Seine-Saint-Denis, un suburbio ubicado al norte de París.
Generalmente viven en camiones o en campamentos improvisados en las periferias de los centros urbanos, en casas construidas con pedazos de zinc y madera. No tienen acceso al agua potable, ni condiciones higiénicas.
Muchos recogen chatarra en los vertederos, los que tienen más suerte consiguen algunos trabajos temporales en la agricultura y también se dedican a la venta ambulante o a pedir limosnas.
En la actualidad alrededor de 400 mil personas integran esa comunidad en el país galo, la mayoría de ellas son de origen francés y el resto proceden de naciones balcánicas.
En 2010 el gobierno del presidente Nicolás Sarkozy se ganó la repulsa internacional al desmantelar 300 campamentos y expulsar a más de 10 mil personas hacia Rumania o Bulgaria.
Sin embargo, no hay signos de una mejoría durante la actual administración. En ciudades como Lille, París, Lyon o Marsella, los desalojos están a la orden del día y se estima en alrededor de siete mil el número de romaníes deportados hacia Europa del este.
El ministro del Interior, Manuel Valls, declaró en una reciente visita a Bucarest que su gobierno continuará «con la eliminación de chabolas ilegales y el traslado de los ciudadanos a las fronteras».
Cuatro relatores especiales criticaron esta política y advirtieron que los desalojos forzados no son una respuesta apropiada y deben buscarse soluciones alternativas, conforme a los estándares de derechos humanos.
«Lamentablemente estos actos demuestran que ellos no disfrutan de las mismas libertades de circulación y establecimiento y siguen sufriendo un trato discriminatorio», denunciaron en un comunicado los relatores sobre Minorías, Rita Izsák; Inmigrantes, François Crépeu; Alojamiento, Raquel Rolnik, y Racismo, Mutuma Ruteere.
El Consejo de Europa, una organización creada en 1948 para promover el tema de los derechos humanos, advirtió recientemente sobre la vulnerabilidad de los roms en el continente y el deterioro de su situación a partir de 2008.
«La discriminación siempre ha existido, pero empeora con la crisis. Es algo que ya hemos visto en Europa. Nos debería preocupar a todos», declaró Thorbjorn Jagland, secretario general del Consejo.
Explicó Jagland que dados los problemas económicos y el incremento del desempleo, los que antes estaban pasándola mal son los que peor están ahora y ese es el caso de los gitanos.
Su situación, dijo, era terrible. Y creo que ahora es peor en la mayoría de los países europeos. Pocos tenían empleo y muchos de ellos lo han perdido. La discriminación aumenta y la violencia contra ellos también.
Carmen Esquivel es Jefa de la corresponsalía de Prensa Latina en Francia.
arb/car
Fuente: http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&idioma=1&id=669321&Itemid=1