No bien entraron en crisis las versiones contradictorias del Gobierno sobre las finanzas de la Universidad de Puerto Rico, la Policía nacional perdió la paciencia con la incontenible huelga universitaria y el estallido de violencia ya ha dejado un número indeterminado de heridos entre estudiantes y policías, así como más de quince arrestados. Los choques […]
No bien entraron en crisis las versiones contradictorias del Gobierno sobre las finanzas de la Universidad de Puerto Rico, la Policía nacional perdió la paciencia con la incontenible huelga universitaria y el estallido de violencia ya ha dejado un número indeterminado de heridos entre estudiantes y policías, así como más de quince arrestados.
Los choques entre las unidades antimotines y los estudiantes en huelga en el principal recinto de la UPR comenzaron en la facultad de ciencias naturales y se extendieron con una persecución por el interior del campus para luego continuar con la disolución a palos y gases lacrimógenos de un piquete en avenidas aledañas hasta culminar tarde en la noche frente a un cuartel de la Policía nacional.
El clima quedó volátil y se anticipan más desafíos estudiantiles, después de que varios estudiantes que habían sido arrestados al atardecer tuvieron que ser trasladados al hospital tras haber pasado varias horas prisioneros. Anoche circulaban informes de que los estudiantes detenidos eran golpeados estando ya bajo la custodia policial mientras fotógrafos de prensa informaron haber detectado la presencia de agentes del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos por lo menos en uno de los cuarteles.
En el centro de toda la tormenta está la determinación del Gobierno de imponer un aumento general en el costo de matrícula mediante una llamada «cuota de estabilización» que durante más de cuatro meses la jefatura universitaria aseguraba era irremediable porque había sido comprometida como colateral para una línea de crédito de cien millones de dólares. Luego de que los estudiantes hallaran e hicieran público el documento que indica que la cuota no es colateral del empréstito, la jefatura de la UPR elaboró la nueva teoría de que la medida es imprescindible porque precisamente no es colateral.
El cambio de justificación no parece haber sido lo único que le ha salido distinto de lo planificado al Gobierno.
Fuentes políticas usualmente bien enteradas sobre las actividades del sistema de justicia habían anticipado a NCM Noticias que el Gobierno se proponía desatar sobre los huelguistas una «fuerza avasalladora» tan pronto iniciara el paro y los estudiantes trataran de «imponerlo» sobre la mayoría que se presumía no lo quería. Las fuentes dieron detalles de muchas de las unidades de hecho movilizadas por el Gobierno y de acciones que con el correr de los días se han tomado.
Sin embargo, la sorpresa se produjo el mismo día 14 de los corrientes, cuando al comenzar la huelga y estar los portones abiertos y el paso garantizado por un impresionante contingente policial, el principal adversario del Gobierno no fueron los cientos de militantes huelguistas sino que casi todos los 17.000 estudiantes del Recinto de Río Piedras y los 1.500 claustrales sencillamente no se presentaron. Desde entonces, la huelga voluntaria de más del 95 por ciento de los estudiantes y profesores ha mantenido paralizada la institución y se ha extendido por los recintos de Cayey, Humacao y Carolina, entre otros.
El Tribunal Supremo, ahora bajo control absoluto de jueces afines al oficialismo, decretó que los estudiantes no tienen derecho a la huelga, pero sí a lo que están haciendo, que define como «protesta colectiva coordinada y organizada» y un tribunal de instancia aprobó la prohibición de que realicen actos masivos dentro del campus. En esa sentencia se indica que la prohibición de toda actividad de ese tipo no es total porque la rectora, Ana Guadalupe, permite a los huelguistas expresarse fuera de la Universidad.
«Tú dices que esta huelga es ilegal, pero ni tú ni nadie la va a parar», cantan desafiantes los huelguistas en sus manifestaciones, que realizan dentro y fuera del campus mientras la Policía nacional trata de contenerlos. La semana pasada eso amenazó con llegar a un punto de ebullición, cuando las unidades anti motines trataron de dar alcance a los veloces estudiantes y los persiguieron por una céntrica avenida de Río Piedras, ocasión en la que desplegaron la temible división SWAT con sus escopetas, rifles de asalto y subametralladoras.
Durante el fin de semana, los huelguistas volvieron a sorprender a las fuerzas de seguridad al llevar un contingente de varios cientos al centro comercial Plaza Las Américas y pasearse con sus estribillos y canciones para recibir vítores y aplausos de muchos consumidores, algunos de los cuales los retrataban entusiasmados.
Ayer y en medio de reclamos crecientes dentro del propio Partido Nuevo Progresista, de gobierno, para que sea destituido, el Presidente de la UPR, José Ramón de la Torre, se reunió con la Comisión de Hacienda de la Cámara y les llevó documentos para tratar de sostener su posición. Luego de la extensa reunión, el presidente de la comisión, Antonio Silva, advirtió que no tomaría posición hasta revisar los documentos y volver a reunirse, tanto con el funcionario como con los estudiantes.
Políticos, funcionarios y otros allegados al gobierno anexionista dejan notar su incomodidad con un conflicto desatado sobre la base de explicaciones que han resultado no ser ciertas, en tanto los estudiantes, profesores y peritos han presentado propuestas y más propuestas sobre medidas para sacar de la crisis fiscal a la UPR sin necesidad de cargar más a los estudiantes o al menos con una carga adicional menor.
Días antes de que comenzara la huelga, que ya cumplió siete días, miles de profesores y estudiantes habían realizado una marcha desde el Capitolio hasta el Palacio de Santa Catalina, sede de la gobernación, en la que reclamaban que se abrieran las negociaciones para evitar la segunda huelga estudiantil de este año. La marcha fue convocada por la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios y la Confederación Nacional de Asociaciones de Profesores Universitarios, que tienen también aprobado un voto de huelga y sus miembros se niegan a cruzar las líneas de piquetes estudiantiles.
Tampoco se muestran muy dispuestos a cruzar los piquetes los empleados administrativos y luego de los disturbios más recientes, el sindicato de trabajadores de mantenimiento y limpieza anunció que sus miembros no entrarían a trabajar por motivos de seguridad.