La presidencia del Consejo Permanente de la OEA le corresponde a Bolivia desde el 1° de Abril, por un período de tres meses. La vicepresidencia a Haití. Sin embargo, la obsesión por agredir a Venezuela obligó al Secretario General, Luis Almagro, a obedecer las instrucciones de Estados Unidos para convocar una reunión del Consejo Permanente […]
La presidencia del Consejo Permanente de la OEA le corresponde a Bolivia desde el 1° de Abril, por un período de tres meses. La vicepresidencia a Haití. Sin embargo, la obsesión por agredir a Venezuela obligó al Secretario General, Luis Almagro, a obedecer las instrucciones de Estados Unidos para convocar una reunión del Consejo Permanente para el lunes 3 de Abril con el propósito de discutir nuevamente «la situación de Venezuela«. La solicitud de Estados Unidos fue secundada por Argentina, Brasil, México, Colombia, Perú, Canadá, Honduras, Paraguay, Chile, Panamá y Costa Rica.
El objetivo era nuevamente juzgar y condenar a Venezuela sin su consentimiento, violando tanto su soberanía como el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países miembros, principios explícitamente contemplados en la carta de la organización.
Conscientes de que el embajador de Bolivia, Diego Pary, no se prestaría para el linchamiento de Venezuela, el secretario general, Luis Almagro, convocó la reunión del Consejo Permanente sin consultar ni informar al presidente de ese Consejo Permanente, el embajador de Bolivia. Utilizaron al embajador de Honduras, Leonidas Rosa Bautista, como «presidente alterno, por ser el miembro mas antiguo«. Según el secretario de asuntos jurídicos de la OEA, Jean Michel Arrighi, la reunión se realizaría en esas condiciones «por la ausencia del presidente del Consejo Permanente, el representante de Bolivia, y del vicepresidente Jean-Victor Harvel, embajador de Haití«. La reunión se inició con la presencia de los 12 países señalados.
La primera en tomar la palabra fue la canciller de Argentina, Susana Malcorra, quien se refirió a «la ruptura del orden democrático en Venezuela«. Expresó la disposición de la OEA para «acompañar a Venezuela en la restitución de la autonomía institucional y la liberación de los presos políticos«.
«La defensa de la democracia no implica una injerencia en los asuntos internos de un estado, ya que son principios universales. ¿Cómo sería posible defender a los pueblos sometidos a dictaduras o a brutales violaciones a los derechos humanos?» señaló Malcorra con inusitada hipocresía.
Cuando la diplomática argentina estaba hablando, se presentó el embajador de Bolivia, Diego Pary, quien la interrumpió para denunciar que se estaba consumando «un golpe institucional» en la OEA por la usurpación por parte de Honduras de la presidencia del Consejo Permanente.
«Bolivia lamenta que un país amigo asuma de manera golpista la presidencia«, dijo, destacando que no podía permitir que su derecho de presidir el Consejo Permanente fuese usurpado. «Lo que se ha hecho es vulnerar todos los principios de la institución. Hoy lo que se está dando es un golpe institucional en la OEA«. Agregó Pary que también fue desconocido el cargo que ostenta el representante de Haití, en este momento vicepresidente del Consejo Permanente. «Esta convocatoria es ilegal. Lo que se ha hecho es un golpe institucional«, subrayó.
El embajador de Venezuela, Samuel Moncada, respaldó los argumentos de Bolivia sobre la ilegalidad de la sesión extraordinaria. «Están dando un golpe de Estado en la OEA. Es una grosería lo que se ha hecho con Bolivia, con Haití y con Venezuela«, dijo Moncada. Rechazó además que la canciller Malcorra se entrometiera en los asuntos internos de Venezuela sin su autorización.
Denis Ronaldo Moncada, representante de Nicaragua, reiteró que Bolivia era el presidente del Consejo Permanente y que se estaba dando un «golpe de Estado institucional» en la OEA.
«Esta sesión se hizo sin nuestro consentimiento, se hizo violando los procedimientos en una reunión donde se le dio un golpe de Estado al embajador presidente del Consejo Permanente (Bolivia). Se está engañando a la opinión pública mundial. Esto no tiene ningún valor y quiero que el mundo lo sepa«. Así lo denunció el embajador permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Samuel Moncada, antes de abandonar la sesión.
La representación diplomática de Bolivia calificó como golpe institucional lo hecho contra su embajador permanente en la OEA, y de la vicepresidencia que asumió Haití, denunciando el abierto desconocimiento perpetrado por un grupo de países apoyados por Almagro.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, bajo la dirección de Estados Unidos y con el apoyo de gobiernos de derecha de la región, desde su llegada al cargo lidera un ataque contra Venezuela con el propósito de aplicar la Carta Democrática Interamericana, paso previo a la imposición de sanciones y la intervención de ese país.
Venezuela ha denunciado en múltiples ocasiones el injerencismo de Almagro, obedeciendo órdenes de Estados Unidos y con el apoyo cómplice y sumiso de varios gobiernos de derecha en la región.
La ilegítima reunión del Consejo Permanente de la OEA culminó sin permitirse el voto de la mayoría de sus miembros y con un infame comunicado:
CP/RES. 1078 (2108/17)
Resolución sobre los sucesos recientes en Venezuela
Aprobada por el Consejo Permanente en la sesión celebrada el 3 de abril de 2017
EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS,
REITERANDO los principios y recordando los mecanismos establecidos en la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática en los Estados Miembros;
REAFIRMANDO que la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales es condición fundamental para la existencia de una sociedad democrática;
REAFIRMANDO asimismo que la separación e independencia de los poderes públicos es uno de los elementos esenciales de la democracia representativa;
EXPRESANDO su profunda preocupación por la alteración inconstitucional del orden democrático en la República Bolivariana de Venezuela y nuestro apoyo continuo al diálogo y la negociación para dar lugar a una restauración pacífica del orden democrático,
DECLARA que:
1. Las decisiones del Tribunal Supremo de Venezuela de suspender los poderes de la Asamblea Nacional y de arrogárselos a sí mismo son incompatibles con la práctica democrática y constituyen una violación del orden constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. A pesar de la reciente revisión de algunos elementos de dichas decisiones, es esencial que el Gobierno de Venezuela asegure la plena restauración del orden democrático.
RESUELVE:
1. Urgir al Gobierno de Venezuela a actuar para garantizar la separación e independencia de los poderes constitucionales y restaurar la plena autoridad de la Asamblea Nacional.
2. Mantenerse dispuesto a apoyar las medidas que permitan el retorno al orden democrático a través del ejercicio efectivo de la democracia y el estado de derecho en el marco constitucional de Venezuela.
3. Seguir ocupándose de la situación en Venezuela y emprender, en la medida que sea necesario, gestiones diplomáticas adicionales para fomentar la normalización de la institucionalidad democrática, de conformidad con la Carta de la Organización de los Estados Americanos y la Carta Democrática Interamericana, incluyendo la convocatoria de una reunión de nivel ministerial.
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