El gobierno griego se enfrenta a un pulso doble, mientras el primer ministro Yorgos Papandréu viajó ayer a Bruselas, miles de trabajadores se movilizaban en todo el país contra las políticas de austeridad. A la espera de que se formalice por la denominada troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) una sexta […]
El gobierno griego se enfrenta a un pulso doble, mientras el primer ministro Yorgos Papandréu viajó ayer a Bruselas, miles de trabajadores se movilizaban en todo el país contra las políticas de austeridad.
A la espera de que se formalice por la denominada troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) una sexta entrega a Grecia de ocho mil millones de euros, Papandréu se reunía con el presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, y con su homólogo en el Eurogrupo, Jean-Claude Juncker.
En declaraciones a la prensa Papandréu resaltó que de no obtener ese dinero inmediatamente «no podríamos pagar ni sueldos ni pensiones, y otras consecuencias que nos llevarían posiblemente a más repercusiones fuera de control».
Mientras tanto, el transporte público en Atenas permanecerá inactivo durante 48 horas, y con él la empresa nacional de electricidad, las aduanas, el canal estatal de televisión ERT, el servicio de recogida de basura y el personal de los hospitales públicos, entre otros. Los trabajadores protestan de este modo contra los planes gubernamentales de despedir a 30 mil funcionarios, rebajar los sueldos hasta en un 40 por ciento, incrementar los impuestos y liberalizar áreas de la economía privatizando activos del Estado.
Un programa drástico de recortes que, lejos de solucionar los problemas de la economía griega, no hace sino agravar las condiciones de vida de la inmensa mayoría de los ciudadanos e incrementar el deterioro, cuando no la desaparición, de los servicios públicos. Si el miércoles se conoció el dato sobre el aumento en 15 por ciento del déficit griego durante los primeros nueve meses del año, ayer el representante de la Comisión Europea en la troika, Matthias Mors, reconocía haber subestimado la profundidad de la recesión y no haber previsto la evolución del caso griego.
En declaraciones al diario local Ekathimerini, Mors aseguró que el gobierno debería llevar a cabo una reestructuración completa del sector público, incluyendo otros aspectos además de la reducción a gran escala de trabajadores, y acelerar las reformas fiscales.
Pese a los problemas sociales y económicos que estas medidas generan en los ciudadanos, el responsable comunitario insistió en que el gobierno griego debe implementar tales políticas para así convencer a la comunidad internacional y a los miembros de la zona euro de que está comprometido con los objetivos propuestos.
La visión de los economistas críticos difiere sin embargo de estos presupuestos, a tenor de los cuales la ciudadanía griega tiene que soportar el coste de un sistema corrupto y clientelar cuyos únicos beneficiarios son las entidades financieras.
Consultado por Prensa Latina el economista Alberto Montero, Presidente del Centro de Estudios Económicos y Sociales (CEPS), aseguró que de continuar los planes de ajuste impuestos por la troika la quiebra del estado griego será inevitable.
Para Montero los responsables comunitarios no tienen ningún interés en salvar la economía griega o mejorar la situación en la que se encuentran sus ciudadanos, su único objetivo es garantizar la estabilidad del sistema financiero salvaguardando a los bancos acreedores de la deuda del país heleno.
Según explicó el dirigente del CEPS, la troika sólo está tratando de ganar tiempo para poder llevar a cabo la recapitalización de los bancos europeos antes de que el estado griego caiga en bancarrota.
Esta recapitalización se da en un contexto muy difícil, añadió, pues por un lado la mayoría de los bancos están en quiebra y por otro esta inyección de dinero procedente del Banco Central Europeo debería alcanzar a todas las entidades, tengan o no deuda griega, pues de otro modo las perjudicadas acabarían arrastrando a las otras.
Los sindicatos se preparan
A última hora de la tarde de ayer los dos principales sindicatos anunciaron la ampliación en 24 horas de la convocatoria de Huelga General prevista para el próximo 19 de octubre, como protesta contra las drásticas medidas que pretende imponer el gobierno. Los responsables sindicales decidieron extender al día siguiente la jornada de paro total, tras el anuncio del primer ministro griego Yorgos Papandréu de que la votación parlamentaria del paquete de medidas sería el 20 de octubre, tres días antes de que se reúnan los dirigentes de la Unión Europea para tratar de encontrar una salida a la crisis en que se halla sumida.
El proyecto de ley incluye rebajas en las pensiones, recortes salariales y despidos en el sector público, entre otras medidas. por tal motivo Ilias Iliopoulos, secretario general de la confederación sindical de empleados públicos (Adedy), mostró su determinación de revertir una propuesta «que acabará con Grecia y su gente», y explicó que todas las acciones estarán coordinadas con la Confederación General del Trabajo (GSEE), el mayor sindicato del país.
Ambas organizaciones, integradas aproximadamente por la mitad de la mano de obra griega, apartaron sus diferencia para organizar la que se espera que sea la mayor movilización laboral de los últimos meses en el país. Una huelga que viene precedida por los paros intermitentes que desde hace semanas mantienen los trabajadores del transporte público en la capital y otros muchos sectores que se han ido añadiendo en los últimos días.
Sin transporte y con todos los museos y sitios arqueológicos cerrados incluida la Acrópolis, debido a la huelga de funcionarios del Ministerio de Cultura, los turistas deambulaban ayer sin rumbo por Atenas, rodeados por miles de manifestantes que marchaban contra los planes gubernamentales.
Un grupo de ellos ocupó las oficinas de la compañía eléctrica estatal para tratar de interrumpir la emisión de las facturas de un nuevo impuesto de la propiedad, profundamente impopular, que se cobrará a través de los recibos de la luz.
Antonio Cuesta es corresponsal del agencia Prensa Latina en Grecia
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