La presidencia semestral de la Unión Europea (UE) por parte del gobierno de Grecia comenzó a sumar graves problemas económicos, sociales y políticos, a pocos días de haberse dado inicio. El enésimo anuncio sobre el comienzo de la recuperación económica, realizado por el primer ministro Antonis Samarás durante el discurso inaugural, chocó con la realidad […]
La presidencia semestral de la Unión Europea (UE) por parte del gobierno de Grecia comenzó a sumar graves problemas económicos, sociales y políticos, a pocos días de haberse dado inicio.
El enésimo anuncio sobre el comienzo de la recuperación económica, realizado por el primer ministro Antonis Samarás durante el discurso inaugural, chocó con la realidad del desempleo al constatarse un nuevo incremento que lo sitúa en el 27,8 por ciento de la población activa.
Ante el Parlamento Europeo, el dirigente señaló que uno de sus principales objetivos para la presidencia pro témpore será la reducción del desempleo, «hace 18 meses, nuestro país estaba al borde de la catástrofe y muchos pensaron que saldría de la zona euro, pero hemos demostrado a Europa puede mantenerse y salir adelante», afirmó.
Sin embargo, hace 18 meses la nación tenía una tasa de paro del 23,1 por ciento y en la actualidad según el principal sindicato del país, la Confederación General de Trabajadores de Grecia (GSEE), la cifra real rondaría el 33 por ciento, lo que confirma el fracaso de las políticas de austeridad y la pesadilla en la cual viven millones de trabajadores. Para desgracia de estos, las negociaciones entre el gobierno y los acreedores extranjeros, que se espera sean retomadas a finales de enero, conducirán a un nuevo memorando con medidas de ajuste que diversos analistas y medios de prensa cifran en cuatro mil millones de euros.
Además, GSEE denunció ante el Consejo de Europa en Estrasburgo la vulneración de derechos y los cambios legislativos en materia laboral exigidos desde 2010 por los acreedores al cosiderar que «son inconstitucionales y violan varios artículos de la Carta Social Europea». Coincidiendo con el anuncio, y en base a los mismos principios, el Tribunal Supremo presentó un informe en el calificó como inconstitucional el recorte salarial llevado a cabo contra los miembros de los Fuerzas de Seguridad del Estado en virtud del memorando de préstamo suscrito en 2012. El dictamen, que deberá ser ratificado en el plazo de tres meses, podría suponer un desembolso de 100 millones de euros por los salarios atrasados y un aumento del presupuesto estatal que complicarían aún más las negociaciones con los prestamistas.
La economía mientras tanto continúa en extrema postración, inmersa en una espiral deflacionista, con un acusado descenso tanto de la producción industrial como del volumen de negocio de este sector y del comercio. Todo ello ha motivado una campaña de acoso por parte del principal partido opositor, el izquierdista Syriza, que ve cómo los sondeos de opinión le dan como favorito para las próximas elecciones europeas y municipales de mayo.
Su líder, Alexis Tsipras, declaró desde Holanda que «la democracia está en peligro y está retrocediendo debido a la austeridad neoliberal que provoca la recesión y la subida de la tasa de desempleo». Por tal motivo pidió el fin de esas políticas pues «han demostrado ser un desastre económico y social, un desastre para la democracia», sin ser solución para la crisis.
El único apoyo recibido por el gobierno griego proviene desde los dirigentes de la UE, quienes al tiempo que celebran la evolución del país, mantienen un absoluto control sobre las decisiones del ejecutivo y preparan nuevas medidas de ajuste que podrían ser muy mal recibidas por Atenas.
Samarás se encuentra cada vez más aislado y trata de reforzarse desde la presidencia de la UE, pero está consciente de que más austeridad y un cambio en la correlación de fuerzas en las próximas convocatorias electorales podría suponer un vuelco importante en el panorama político del país.
Antonio Cuesta es corresponsal de Prensa Latina en Grecia. Su blog de noticias: http://deatenas.tumblr.com/
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