El pasado 30 de marzo, en las elecciones municipales francesas, el Partido Socialista francés (PSF) cosechó una fuerte derrota electoral. Seguidamente, el Presidente Hollande nombró un nuevo primer ministro, Manuel Valls, anterior ministro del Interior y representante del ala más liberal, derechista y xenófoba del PSF. Su mensaje principal es que el nuevo Gobierno va […]
El pasado 30 de marzo, en las elecciones municipales francesas, el Partido Socialista francés (PSF) cosechó una fuerte derrota electoral. Seguidamente, el Presidente Hollande nombró un nuevo primer ministro, Manuel Valls, anterior ministro del Interior y representante del ala más liberal, derechista y xenófoba del PSF. Su mensaje principal es que el nuevo Gobierno va a ser de ‘combate’. Esa expresión ‘guerrera’ denota una firme voluntad de luchar, de reafirmar la determinación de la acción gubernamental. Pero ¿cuáles son sus objetivos, contra quién se dirigen y qué aliados busca?. Una pista significativa la proporciona el discurso programático de Valls ante la Asamblea Nacional el día 8 de abril, que confirma el plan de recortes anunciado en enero: en tres años, recorte de 50.000 millones de euros de gasto público y reducción a las empresas de 30.000 millones de sus cotizaciones sociales. Más parece una retirada bajo la presión de la Troika y los mercados financieros. Por su importancia para el devenir de la socialdemocracia europea y el futuro de la UE, analicemos el significado real de ese plan de ‘combate’ ligado a su ‘repliegue’ de una apuesta progresista.
Derrota electoral socialista
Veamos, primero, algunos datos electorales. El PSF, en la segunda vuelta, en que se concentra la mayor parte del voto progresista y de izquierda, logra algo más del 40% de los votos válidos (más de once millones), mientras la derecha de la UMP (con el apoyo de los centristas), consigue cerca del 46% (trece millones). Ello le permite obtener la gestión de la gran mayoría de los ayuntamientos franceses, con la significativa excepción de París donde gana la candidata socialista Hidalgo con el apoyo de Verdes y Partido comunista. El Frente Nacional, el partido ultraderechista de Le Pen, se acerca al 7% (casi dos millones), aunque solo se ha presentado en los municipios, con un tercio del censo electoral, donde tiene su mayor representatividad. El aumento de su poder institucional es notorio, en parte fruto de la estrategia de la derecha de ‘ni, ni’ (ni apoyo al partido socialista ni a la ultraderecha en caso de que quedasen solo esas dos opciones para la segunda vuelta); supone la ruptura del tradicional pacto republicano de apoyo mutuo y de boicot hacia la ultraderecha. La abstención alcanza el 38%, solo un 4% más que en las anteriores elecciones municipales del año 2008, pero un 18% más que en las pasadas presidenciales del año 2012 en que participó el 80% de la población. En un cuerpo electoral de unos 46 millones de personas, la abstención se ha incrementado en más de ocho millones, la mayoría progresista.
Al mismo tiempo, hay que anotar que, en la primera vuelta, el PSF apenas superó la cuarta parte del voto emitido (siete millones), con un significativo descenso, y los grupos a su izquierda (Frente de Izquierdas, incluido el Partido comunista, y Verdes), sumaron cerca de un 15% (cuatro millones), porcentaje similar al de las elecciones presidenciales.
Por otro lado, hay que recordar que, en las elecciones presidenciales de mayo de 2012, Hollande ganó por poco más de la mitad de los votos emitidos (51,6% frente al 48,4% de Sarkozy). No obstante, en la primera vuelta, que expresa el voto directo, el partido socialista logró solo el 28,6% (10,3 millones de votos del total de 18 millones de la segunda vuelta), la derecha de la UMP el 27,2% (9,7 millones), el neofascista Frente Nacional el 18% (6,4 millones), los centristas el 9,1% (3,3 millones), el Frente de Izquierda obtuvo el 11% (4 millones) y los Verdes el 2,3% (0,8 millones). Es decir, la suma de las izquierdas era el 42% y la suma de derecha y ultraderecha el 45%. La victoria socialista se produjo por el apoyo de otras formaciones verdes y de izquierda, así como de gran parte del sector centrista.
Estas elecciones las ha ganado la derecha francesa pero se puede decir que, sobre todo, las ha perdido el Partido socialista. El incremento del poder institucional de la derecha (y la ultraderecha) no se corresponde tanto con un desplazamiento político de la sociedad francesa hacia la derecha, aunque el voto centrista, a diferencia de las presidenciales, se ha concentrado más en su apoyo. La catástrofe electoral del Partido socialista no viene derivada de que sus bases sociales se hayan derechizado (salvo algunas excepciones minoritarias), sino de un doble movimiento. Un sector centrista que desconfía de Hollande y ahora ha votado a la derecha y un sector descontento con su giro derechista que le había apoyado en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales: parte de desafección de sus propias bases sociales y parte del resto de la izquierda y los verdes. La cuestión es que la mayoría de esa corriente electoral crítica no se ha convertido (todavía) en apoyo a otras formaciones ecologistas y de izquierda; en la segunda vuelta, ante la desconfianza en el partido socialista no ha encontrado motivos suficientes para votar a su candidato y, fundamentalmente, se ha abstenido o votado nulo y en blanco.
La lectura, por tanto, no es que la mayoría de la sociedad francesa se haya derechizado, exija una vuelta a unos contundentes planes liberal-conservadores o que sean dominantes las tendencias racistas y autoritarias, por mucho que entre amplios sectores se consoliden ante la ausencia de una alternativa progresista creíble. Esa es una interpretación interesada de la derecha y del aparato socialista para justificar como necesario el giro político derechista. La realidad es que persiste una amplia franja social progresista y de izquierdas, aunque una parte está desconcertada y desactivada en su expresión electoral ante el incumplimiento de los compromisos sociales y electorales del partido socialista. La responsabilidad de la derrota del PSF no es de la sociedad francesa, ahora más perpleja y desconfiada con su clase dirigente; es del giro autoritario y liberal de su élite gobernante, en primer lugar de Valls, que le ha distanciado de sus bases sociales, dificultando un horizonte de cambio progresista.
Es verdad que la presencia institucional de las izquierdas se debilita, debido a la orfandad representativa y electoral de una parte de la base social progresista. Sería el aspecto a corregir, aunque la opción de Hollande y Valls va en sentido contrario. Su nueva estrategia puede profundizar las brechas sociales y la desafección popular hacia sus gobernantes, aun con el complemento de nuevos gestos comunicativos. En este sentido, es un desafío para el resto de las izquierdas rellenar el vacío producido en la representación política de ese sector descontento. Se trata de la posibilidad de su avance en el camino hacia un mayor reequilibrio representativo respecto del PSF, con el objetivo de impedir su deriva derechista, frenar la involución social e institucional de la política francesa y abrir nuevamente la esperanza de cambio político progresista.
El giro liberal
Tras el peor resultado de la historia del PSF en unas elecciones municipales, el Presidente Hollande avanzó un diagnóstico de sus causas: Un cambio insuficiente, demasiada lentitud, poco empleo y poca justicia social. Y continúa: Se piden sacrificios y los franceses no ven resultados. Pareciera que el jefe de Estado francés, como él mismo ha afirmado, había entendido el ‘claro mensaje’ que le lanzaba la sociedad francesa. El investido primer ministro Valls, en su discurso programático, también habla de combinar ‘crecimiento y justicia social’, aunque dejando claro que está ‘a favor de la seriedad presupuestaria’ y de sanear las ‘cuentas públicas’, eso sí ‘sin quebrar el sistema de protección social, los hospitales y los servicios públicos’. Faltaría más que apostase públicamente por su desmantelamiento inmediato. Su plan es dar un fuerte impulso a la reestructuración regresiva del Estado de bienestar. Mirando los números citados (50.000 millones menos de gasto público más otros 30.000 que van a parar los empresarios en detrimento de los ingresos para la Seguridad social y el sistema de pensiones) nos da una idea de la dimensión de esos recortes. Solo encontramos la cifra de 5.000 millones (el 6% del total de la reducción del gasto) para los hogares modestos. Esos ajustes se pretenden justificar con el argumento de que van a favorecer el crecimiento económico y del empleo. Es la típica medida liberal que confía en incentivar a los empresarios (a los mercados) a costa del erario público y del gasto social, sin garantías ni planes institucionales o europeos para generar empleo decente. El estancamiento económico o leve crecimiento continuará, dejando en evidencia la situación delicada de la economía francesa.
Hay que añadir que esta nueva orientación liberal se ha producido tras el asesoramiento del alemán Hartz, artífice hace una década del plan de reformas de Schroeder (los mini-job, con la precarización y segmentación laboral, y el recorte del sistema público de pensiones), que culminó en la debacle electoral de la socialdemocracia alemana y la victoria de Merkel. Todo parece indicar que el PSF va a caer en la misma piedra. Precisamente ahora, en una posición más delicada y subordinada ante el Gobierno conservador alemán, reforzado con la alianza con el SPD que, aunque ha conseguido algunos beneficios sociales (salario mínimo), supone un aval a su política liberal de priorizar el plan de Estabilidad con la austeridad fiscal, particularmente para los países del Sur.
Esa retórica grandilocuente de Hollande/Valls de iniciar el ‘camino del crecimiento’ y la vía del ‘impulso del empleo’, con esa reducción del gasto público y el cumplimiento de los objetivos presupuestarios exigidos por Bruselas y Berlín, se queda en nada respecto de sus objetivos explícitos. Mejor dicho, intenta evitar la deslegitimación ciudadana por su previsible incumplimiento y el aumento de los sacrificios para la mayoría de la sociedad; pero es dudoso que consiga suficiente credibilidad social. Se vislumbra que el auténtico combate que prepara el nuevo Ejecutivo no es contra la política de austeridad sino contra los derechos sociolaborales y las garantías democráticas y de convivencia cívica. Trata de esconder la responsabilidad de la dirección socialista por el rechazo de una significativa parte de la izquierda social a su reciente giro neoliberal. La cuestión es que pasando de puntillas por el diagnóstico sobre el carácter y las causas de su fracaso, la nueva gestión de Hollande y Valls apunta a abandonar la expectativa anterior de un cambio progresista, ampliar el nuevo giro hacia la derecha, neutralizar la oposición crítica ciudadana y arrinconar al resto de las izquierdas. Ello les lleva a un callejón sin salida, a su declive, y a su sustitución por los gestores directos de la derecha -como ha pasado en otros países como España, Grecia y Portugal-.
Este doble discurso de mano dura con alguna declamación solidaria, va acompañado de algunas medidas que intentan dar credibilidad a esto último; se trata, por ejemplo, de la iniciativa del llamado ‘pacto de solidaridad’ para reequilibrar parcialmente al anterior y nefasto ‘pacto de responsabilidad’, así como otros gestos como la designación del ministro Montebourg, representante del ala de izquierda del PSF y crítico con ciertas dinámicas de la globalización de los mercados. Son, de momento, medidas secundarias, que apenas palían el grueso de la orientación regresiva del nuevo Gobierno. El sentido de su nuevo talante se parece más al de muchos personajes autoritarios: ser fuertes con los débiles y débiles con los fuertes.
En su conjunto, los nuevos planes del aparato socialista, esta vez sin apoyo ecologista, suponen una aceptación de la estrategia europea dominante, con el Plan de Estabilidad en primer plano, impuesta por el bloque de poder de Merkel y la Troika (FMI-BCE-CE) y defendida ardientemente por la derecha francesa. Sus ejes son: aplicación estricta de la austeridad, con la restricción del déficit y la deuda pública y ausencia de planes de crecimiento económico; persistencia de paro masivo, deterioro de los derechos sociolaborales y desmantelamiento del Estado de bienestar; subordinación institucional al poder financiero; ampliación de la brecha Norte-Sur dentro de la UE, con mayor hegemonía alemana, y la tendencia hacia el autoritarismo y la segmentación social en detrimento de la democracia, la integración social, la convivencia intercultural y los derechos humanos. En vez de reforzar su contrato social con la mayoría de la ciudadanía, el nuevo gobierno francés reafirma sus compromisos con el establishment y prioriza los intereses de su propio sector financiero y los acreedores de la deuda, a costa de mayor desigualdad e incertidumbre para la mayoría de la sociedad.
La pasada victoria de Hollande, en las elecciones presidenciales, había abierto algunas expectativas iniciales sobre la apertura de otro camino menos regresivo. En el pasado enero, con el llamado pacto de responsabilidad, terminó de frenar esa expectativa. Anunciaba los antedichos ajustes fiscales y de recorte en el gasto público y ponía el acento en el acuerdo con los grandes empresarios para imponer las reformas ‘estructurales’, empezando por el mercado laboral, y bien conocidas en estos lares. La Comisión Europea le recordaba su compromiso ineludible con la reducción del déficit público que aboca a un programa económico conservador. Francia (junto con Italia y tras los fuertes ajustes de España, Grecia y Portugal) se colocaba en el punto de mira del poder dominante, institucional y financiero.
Frente a retirada, apuesta progresista
A la dirección socialista se le presentaban dos opciones: 1) acatar esa presión neoliberal, con algunos matices y una nueva puesta en escena; 2) reorientar su política económica, la credibilidad y confianza con sus bases sociales y el conjunto de fuerzas progresistas para derrotar la austeridad, enfrentarse al bloque neoliberal y caminar hacia una vía más justa y solidaria de la crisis, en alianza con las fuerzas progresistas, especialmente del sur europeo. La decisión se ha ido decantando hacia la primera opción. Ahora se reafirma con lo que se viene definiendo como una nueva política de ‘combate’ y de ‘comunicación’, es decir, de neutralización de las críticas progresistas y de uso de nuevas retóricas para que no se note demasiado el giro antisocial y no siga produciendo el deterioro de su legitimidad social y el debilitamiento de su representatividad ciudadana. Apenas se esconde lo que es más relevante para ellos, evitar profundizar en el declive de su poder institucional. Confianza vana. Su compromiso con lo fundamental de la austeridad y lo que representa es difícil que le permita ampliar la confianza de las bases sociales progresistas y de izquierda y recuperar su electorado desafecto. Tampoco le va a permitir ganar tiempo y respetabilidad institucional como mejor gestor que la derecha, con la ilusión de arrebatarle una parte de electorado que ha demostrado sus preferencias, a pesar de sus debilidades. Según el diagnóstico social y electoral aquí expuesto, la solución debería estar en la activación y la unidad de las izquierdas, con un programa progresista, integrador, solidario y democrático.
Lamentablemente, parece que la dinámica inmediata no va por ahí. Se consolida una retirada respecto de las expectativas iniciales de cambio progresista, una renuncia para hacer frente a los principales desafíos de la sociedad francesa. Esa estrategia les aboca a un callejón sin salida, incluido su propia recuperación electoral.
Quedan pendientes cuatro retos para la sociedad francesa (y europea): derrotar la austeridad, el bloque de poder representado por Merkel y la Troika, para promover una vía clara de crecimiento económico y de empleo decente, sin subordinación a los mercados financieros y con la defensa de los derechos sociolaborales y las prestaciones y servicios públicos; revertir la profunda brecha entre el Norte (acreedor) y el Sur (deudor) y construir una Europa más social y solidaria; profundizar en la democratización de los Estados y, especialmente, de las instituciones europeas, con el refuerzo de las garantías democráticas y la participación ciudadana y la renovación de la política y su representación institucional; favorecer la integración social y la convivencia pacífica desde la interculturalidad y frente a la xenofobia, la segregación y la segmentación de la sociedad.
No parece que la dirección socialista francesa, hasta ahora la más avanzada y progresista de la socialdemocracia europea, avance en esa dirección sino que está dando un paso relevante hacia atrás. La otra cara es que existen energías y dinámicas sociales, especialmente en los países europeos mediterráneos (incluido Italia y Francia) que permiten aventurar una pugna prolongada por esos objetivos. No es momento de retirada sino de reafirmación social y democrática de una ciudadanía activa, conectada con la mayoría social, por un cambio progresista.
*Antonio Antón es profesor honorario de Sociología de la universidad Autónoma de Madrid
Fuente: http://blogs.publico.es/dominiopublico/9705/hollande-combate-o-retirada/