«El tema del crecimiento tiene un impacto sobre el ingreso fiscal: una economía que crece más genera más ingresos fiscales. El crecimiento es importante porque genera empleos, bienestar para la persona e ingresos fiscales”. (Mario Marcel, Ministro de Hacienda de Chile)
Todo parece indicar que el mundo y Latinoamérica en particular tendrán bajas tasas de crecimiento económico en 2024, estimado en 2.3% para esta región, lo que implica menor producción de bienes y servicios y niveles de empleo. Hay pronósticos “válidos” de caídas en la demanda mundial, volatilidad en los precios de las materias primas, inestabilidad de las tasas de cambio y sostenimiento de tasas de interés; sumado a la contracción de la demanda de consumo interno, alta informalidad, cambio climático y problemas de tipo político.
Honduras no será la excepción, ya que las expectativas de una tasa de crecimiento mayor para 2024no son muy favorables, aun cuando el gobierno de la Republica le apuesta a un mayor gasto de inversión productiva y social que se refleja en el presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica aprobado por el Congreso Nacional.
En 2022, Honduras creció a 3.8%, “aceptable” si se compara con el resto de los países latinoamericanos, y en 2023, 3.3 %, por encima de promedio latinoamericano. Son tasas de crecimiento muy bajas para disminuir los niveles de desempleo y pobreza; esta última, del 64.1% y la pobreza extrema de 41.5%, unas de las más altas de Latinoamérica.
Para 2024 se espera que el PIB crezca entre 3.5% y 4% según estimados del Banco Central, lo que, de acuerdo a los factores condicionantes anteriores, será un gran desafío para las políticas económicas y sectoriales. Siendo pesimistas, el crecimiento económico puede situarse por debajo del 3%, pero por encima del promedio latinoamericano.
Un crecimiento económico bajo, pero aceptable y mayor que el promedio latinoamericano, no es lo que demanda un país como Honduras, pero sigue teniendo varias bondades. La primera es que aumenta la cantidad de bienes de consumo básico y servicios, incluso con la vigencia de tratados comerciales. En esta economía y resto de los países de la región, una de sus características es que, todavía, los campesinos (as) son visibles en contribuir a la producción de alimentos y seguridad alimentaria, por lo que deben ser apoyados no destruidos. La segunda es un mayor nivel de empleo (no importa la tipificación del empleo que hacen los empresarios), que se traduce en mayores ingresos monetarios de las personas y familias. Pero, además, el aumento del PIB genera una mayor recaudación de ingresos por el gobierno que, en teoría, se traduce en obras de infraestructura económica, social y mayores recursos para la protección social.
En países como CHILE, y de la mayor parte de los países latinoamericanos, el crecimiento económico se considera el principal instrumento de desarrollo. “Tiene un impacto positivo en el nivel de empleo y mejora en el salario real, como generador de oportunidades y movilidad social, cuando trae consigo más y mejores políticas publicas focalizadas en las demandas de la ciudadanía que busca avanzar hacia el desarrollo, que se ha hecho esquivo en la última década”. [1] Pero, además, en caso de una mejor composición de la estructura productiva de los países, genera mayor sostenibilidad a las acciones de desarrollo futuras al enfrentar de mejor manera fluctuaciones de precios en los mercados internacionales y depresión de las economías de países centrales.
Se ha dicho en varias ocasiones que el crecimiento económico es la principal fuente de ingresos para un país, consecuentemente, la primera fuente de donde echar mano para financiar el gasto social y el pago del servicio la deuda, cuando son evidentes las restricciones al financiamiento externo y el costo del dinero es mayor. En casos muy visibles de países latinoamericanos como Honduras, el bajo ritmo de crecimiento y un gasto tributario alto, traducen mayores niveles de endeudamiento y pobreza. El mayor crecimiento posibilita obtener más recursos de la cooperación internacional y de la banca privada, destinados a potenciar iniciativas de negocios encadenados a actividades económicas y productivas previas.
Hay tres (3) problemas de un mayor crecimiento del PIB. En economías con altos índices de pobreza y desigualdad, éste es concentrador; la redistribución se hace necesaria, sea con una estructura tributaria más progresiva, o un activismo publico visible en la entrega de activos productivos y bienes y servicios a la población a menor costo. Sin políticas públicas orientadas a diversificar la estructura productiva, el crecimiento se concentra en actividades extractivas y de menor valor agregado, cuyos frutos se trasladan al exterior y expulsan población; igual en servicios con alto número de empleos informales poco remunerados y de tipo financiero controlados por los grandes bancos.
Honduras, con apoyo de China como ejemplo, debe ejecutar una Estrategia orientada a darle mayor valor a los productos que exporta, siendo la educación y capacitación técnica y asignación de más fondos a Investigación y Desarrollo (ID), los principales programas de apoyo. Pero, también, un mayor crecimiento puede hacer visible la presencia de actividades no deseadas producto del lavado de activos y narcotráfico, generalizado en el país después del golpe de Estado y con impactos negativos en el ambiente, que amerita con urgencia fortalecer la institucionalidad pública.
El Congreso Nacional aprobó el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica para 2024, por un monto de 407.137 millones de lempiras, superior en 3.7% al aprobado en 2023.Hay una clara orientación del gasto de inversión para favorecer el desarrollo de proyectos de infraestructura económica, productiva y social (salud, educación, protección social), seguridad y ambiente, lo que demuestra que el gobierno le sigue apostando a una política de aumento sostenido de los montos de inversión pública como acompañamiento a la inversión privada. Entre enero y julio de 2023, según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) [2], Honduras es el país que más incrementó su gasto de capital del gobierno, superior al de Brasil y el Salvador; aunque hay que valorar estos incrementos para todo el año, es evidente que la apuesta sigue siendo por más gasto de inversión pública.
La preocupación fundamental de la institucionalidad pública deberá ser garantizar el 100% de ejecución de dicha inversión, pero también mayores niveles de productividad e impacto del gasto. Hay que disminuir los costos de construcción en obras físicas, movilizando recursos locales; un kilómetro construido de carretera (s) en Honduras es de los más altos en Latinoamérica en términos reales. Se deben hace visibles logros en la gestión técnica y financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en cuanto a la reducción de las pérdidas y disminución de la brecha financiera con operadores privados. En construcción de viviendas populares hay avances destacables, pero deben masificarse por el déficit actual y garantizar la sostenibilidad del financiamiento, igual el apoyo a las mi pymes y unidades de producción campesinas.
“Los ingresos tributarios cubrirán 194.410 millones de lempiras, de los 248.775 millones del presupuesto de la Administración Central. Al detalle, 52.465 millones de lempiras provendrán del impuesto sobre la renta; 74.058 millones de lempiras saldrán de los impuestos a la producción, consumo y ventas. La otra fuente de financiamiento para la Administración centralizada será externa (los préstamos), con una estimación de 45.115 millones de lempiras y los créditos internos por 6.019 millones de lempiras.” (Honduario. Com, 20 de enero 2024). Ello demanda la vigencia de una nueva Ley Tributaria, ya que se evidencia un fuerte gasto fiscal y pocos ingresos captados para financiar la inversión real provenientes de fuentes directas con gravámenes a la tierra y el patrimonio.
No cabe duda que el gobierno de Xiomara Castro necesita de una Pacto para avanzar en el cumplimiento de los objetivos y metas de desarrollo propuestos en su Plan de Gobierno 2022-2226. Los empresarios le denominan Pacto por el Empleo, sin importar que estos sean “espurios” y de mala calidad. Hay una excepción, caso de los pocos empresarios industriales del país, la familia Facussé por ejemplo, donde se aspira a que el Pacto sea para aumentar los empleos formales y garantizar los derechos de reproducción material delas familias al estar integrados a un régimen de protección social con empleos estables.
Los obreros acuerpan en su mayoría el Pacto por del Empleo de los empresarios, pero agregan la instalación de mesas de “crisis” en la coyuntura actual de bajo crecimiento económico y niveles de empleo. La mesa de empresarios, dirigentes obreros(varios de ellos acusados de actos de corrupción) y el gobierno, necesita de otros actores. Es esto no se trata de la movilización de la población por demandas de tierras, agua y falta de comida; el objetivo es garantizar un representación amplia en la toma de decisiones a todos los niveles de gobierno, potenciado con la integración del Sistema Nacional de Planificación (SNP). El expresidente Manuel Zelaya demostró que no es muy benevolente con la planificación, en tanto Xiomara Castro y Ricci Moncada, candidata oficial de Libertad y Refundación (LIBRE)a la presidencia de la República en 2025, creen en ello.
Hay puntos de agenda previa en los pactos. Uno de ellos, es la Ley de Justicia Tributaria, que los empresarios han mostrado una gran oposición. Hay evidencia que con los incentivos y exoneraciones que se otorgan desde 1950, Honduras no avanza. Se habla por la cúpula del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP) que el PIB será mayor en 2024-2025 con los incentivos actuales, lo cual es un objetivo de política económica poco creíble. El gobierno ha demostrado que el objetivo fundamental de la Ley Tributaria es la regulación en el otorgamiento de dichos incentivos, pero el sector privado asume que serán eliminados totalmente.
El año 2024 es año político. La exministra de Finanzas, Ricci Moncada, ha recibido el apoyo de dos (2) de la fuerzas mayoritarias del partido LIBRE, y será difícil que la desplacen en la punta de la candidatura presidencial. No obstante, aunque no se visualiza que una parte de la cúpula empresarial puede apoyar, es evidente que con tasas de crecimiento económico bajas, tendrá muchos obstáculos para llegar con su discurso a la población, aun cundo cuente con los recursos públicos y aval del gobierno. Contrario a lo que se piensa, un Pacto con el sector privado de base amplia puede contribuir aún más a potenciar dicha candidatura y enfrentar a la oposición que luce desorientada y no encuentra todavía un liderazgo con posibilidades y opción de triunfo.
Notas:
[1]Juan Alberto Pizarro, El LIBERO, 7 de diciembre de 2023, Santiago de Chile.
[2] Ver CEPAL “Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2023”. Santiago de Chile, 2023, pág. 108
Javier Suazo. Economista hondureño, especializado en políticas económicas y estudios doctorales en economía, catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNAH.
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